Justicia condenó a Loly, hermana de Betito Suárez, a ocho años de cárcel por delitos de narcotráfico

Redacción El País.
La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera condenó a Sandra Lorena "Loly" Suárez a ocho años de cárcel por delitos vinculados al narcotráfico. Dio por válida la teoría del caso que había planteado la fiscal de Estupefacientes, Stella Llorente y confirmó que Suárez vendía estupefacientes de diversas formas. En la sentencia, a la que accedió El País, la jueza Olivera aseveró que la mujer "llevaba adelante una empresa criminal". El fallo no está firme y puede ser apelado por la defensa.

La acusada es hermana de Luis Alberto “Betito” Suárez, a quien la policía señala como líder de una de las bandas criminales más grandes de Uruguay. Su última condena fue en 2021, pero volvió a ser imputado pocos días atrás, cuando se lo detuvo por el delito de tenencia de estupefacientes para no consumo en un megaoperativo en el Cerro de Montevideo.

La jueza del caso indicó que Lorena Suárez y otro acusado (que también resultó condenado) "no solo fueron vistos en la inmediación del juicio realizando intercambio en cuestión de segundos o a lo sumo un minuto con diferentes personas que concurrían al domicilio de la acusada Suárez, sino que además, fueron escuchados comercializando las drogas y gerenciando los puntos de venta". En el caso de la mujer, además, fue "mencionada directamente en diferentes escuchas y audios o mensajes de whatsapp, como quien proporcionaba la sustancia y quien en definitiva se beneficiaba de su producto".

Además, confirmó que era ella "quien llevaba adelante la 'empresa criminal', decidía donde instalar los "puntos" de venta, proporcionaba la sustancia, decidía cuándo se debía seguir adelante con la venta, reclutaba a los vendedores -personas todas que eran fácilmente reemplazables-, manejaba el precio, elegía las armas, el lugar de acopio, etc".

Con esa conducta, estableció, se afectó a "jóvenes y familias". Para ejemplificar, citó la conversación por WhatsApp entre un padre y su hija, en la que ella "en llanto le suplicaba que abandonara esa actividad por el daño que le estaba haciendo a ella y demás miembros de la familia". También condenó "la violencia que rodeó el hecho donde existieron enfrentamientos armados y amedrentamiento a personas".

La operación policial para atraparla se dio entre febrero y octubre de 2024, mes en el que fue detenida. El juicio en su contra tuvo lugar este mes y la Justicia fallará en noviembre.

Según expuso la Fiscalía y verificó la Justicia, entre febrero del año pasado y el 28 de abril, Loly vendió cocaína en su domicilio en la periferia de Montevideo. De acuerdo a lo declarado por los encargados del operativo, tenía varios colaboradores, al menos tres bocas y un depósito para armas y drogas.

Los efectivos que hicieron vigilancias en el lugar vieron en el lapso de media hora a entre ocho y 10 personas que se acercaban a la reja, afirman, a pedir cocaína y pagar por ella.

El 28 de abril ocurrió un hecho que hizo que la acusada cambiara su modus operandi y que también significó un acercamiento con su hermano, de acuerdo al Ministerio Público. Ese día otra banda le baleó su casa. Quedaron impactos de bala en la fachada y se rompieron algunos vidrios.

El mismo día del tiroteo Loly se mudó al Cerro. Llamó a una empresa de mudanzas de “urgencia” y fue visitada, según avistó la policía, por su hermano Betito mientras reunía sus cosas para irse, con la ayuda de uno de sus colaboradores.

Allí fue que -siempre de acuerdo a la teoría de la Fiscalía- cambió su forma de trabajo. Sostienen las fiscales que, para exponerse menos, comenzó a vender la cocaína por WhatsApp. Los clientes le pedían cuánto querían, ella lo seleccionaba y luego coordinaban alguna manera de entrega. De acuerdo a esta versión, la droga la llevaba uno de sus más fieles colaboradores, que también está siendo enjuiciado.

Por último, escuchas realizadas en octubre demuestran, a juicio de la Fiscalía, que Loly quería expandir el negocio. Sostuvieron que le daría 50 gramos de cocaína a cambio de $ 23 mil para que venda en un nuevo “punto” y a su vez gestionó, en conversaciones con dos presos, cómo abrir una boca en Mercedes. En esas llamadas, acuerdan cómo sería la logística.