Uno de los principales casos en la causa “Varones Carnaval” será evaluado por la Suprema Corte de Justicia, luego de que la defensa del acusado -un exdirector de un conjunto de parodistas- presentara un recurso de casación. Según el documento al que accedió El País, el recurso alega que existieron “arbitrariedades” en el trabajo de la Fiscalía, quien según el texto sustituyó o intentó complementar una falta de pruebas con “una perspectiva de género”.

La postura de la defensa también es crítica con la resolución previa del Tribunal de Apelaciones de 4° Turno, que resolvió condenar al acusado a cuatro años y seis meses de penitenciaría.

“Es una pena desmedida para las pruebas recolectadas, que no prueban todo lo que se adjudica a mi cliente. Lo que se podría llegar a entender -con un esfuerzo probatorio- es el atentado violento al pudor con una pena menor”, señaló Diego de Pazos, abogado del exdirector.

En primera y segunda instancia la Justicia resolvió condenar al carnavalero por reiterados delitos de atentado violento al pudor, un delito de abuso sexual especialmente agravado y por promesa de remuneración a una menor de edad a cambio de actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.

Además de la pena de prisión, se determinó que el imputado deberá pagar a la víctima una indemnización de 12 salarios mínimos.

Según el fallo judicial, al que accedió El País, se estableció que el hombre besó a la fuerza, tocó y obligó a practicarle sexo oral a menores de edad, en algunos casos cuando ellas estaban alcoholizadas.

Esto configuró un “delito de atentado violento al pudor, ya que abusando de su condición de director del grupo de parodistas y coreógrafo, de la confianza en él depositada y mediante manipulaciones por el poder que tenía sobre las víctimas realizó sobre ellas actos obscenos, diversos de la conjunción carnal”, se indicó en el documento.

Además, quedó probado que ofreció dinero a una de las adolescentes, que bailaría un número determinado del espectáculo, “a cambio de que estuviera con él”.

En otro caso, cometió abuso sexual contra una adolescente de 17 años cuando “esta se encontraba bajo su cuidado”, al regresar de una presentación en Piriápolis.

El Tribunal de Apelaciones en su sentencia expuso en conclusión que “se probó plenamente que el acusado sometió a las adolescentes mediante violencia y amenazas a soportar actos de naturaleza sexual”.

“Nosotros presentamos el recurso de casación no como chicana, sino porque tenemos pruebas de incongruencias”, aseguró De Pazos, quien tomó el caso recientemente y decidió llevar el juicio a la Corte.

Según el escrito elaborado se solicita a los magistrados de la Corporación que se absuelva o por el contrario se “aplique una morigeración ostensible de la pena”; es decir, que se aplique una sanción menor.

El recurso señaló en primer lugar que el Tribunal “se contradice”, ya que en su resolución alega violencia y amenazas por parte del imputado, pero “luego dice que no hay violencia” en otro momento. El documento incluso puntualiza que las propias víctimas declararon “la inexistencia de amenazas de tipo alguno”.

Las pruebas reunidas por la Fiscalía también son cuestionadas, ya que para la defensa están basadas “en rumores, en testigos de oídas, para así escudar la realidad a falta de diligencia”.

En esta línea, se tomaron dos denuncias que relataron abusos del acusado. Las denunciantes declaran que había personas como testigos de los hechos, pero según la defensa estos no son consultados por la Fiscalía.

Para la defensa, se trató de una conducta “producto de esperar que el decisor (juez) sea menos exigente por el mero hecho de ser denunciado un delito sexual”.