Redacción El País
La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera negó la solicitud de la defensa de un grupo de ahorristas de incautar el celular de Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, socios de Conexión Ganadera. Lo fundó, a grandes rasgos, en dos motivos.

El primero es que, legalmente, los defensores de las víctimas no tienen derecho a hacer esa solicitud. El artículo 260 del Código del Proceso Penal establece que ese tipo de solicitudes deben canalizarse vía Fiscalía y el fiscal, si estima que lo pedido es competente, luego se lo pedirá al juez. Esto dejó por el camino las chances de la solicitud hecha por Juan Pablo Decia y que apoyó Nicolás Pereyra.

Pero en segundo lugar, la jueza coincidió con el argumento que utilizó el defensor de Cabral, Eduardo Sasson, en que Decia ni siquiera estaba legitimado para hacer la petición porque aún no fue designado formalmente como abogado de víctimas en el expediente. En la audiencia se presentaron 19 abogados de víctimas y solo uno —Ignacio Durán— fue designado formalmente. Esto se debe a que la mayoría representan a más de una decena de víctimas y para cumplir con el trámite se debe recabar la firma de todos y presentarla en el juzgado penal.

Foto: Paula Ojeda.

En su solicitud, Decia había dicho que lo pedía para evitar que haya "trasiego de ganado". Aunque, aseguró, ya existió, existe y seguirá existiendo si no se tomara esta medida. Pero con esta medida pretendría "evitar que se siga acrecentando el daño y los efectos civiles del delito". "Son acciones que pueden entorpecer la investigación", sostuvo.

El examen de los contenidos de los celulares incautados a imputados se ha vuelto, con el paso del tiempo, una de las pruebas estrellas para la Fiscalía en determinados casos. Para lograr la apertura de un teléfono se necesita la orden de un juez, la que se emite una vez que se analizan los argumentos del fiscal que lo solicitó. Si el juez entendiera que los fundamentos no son de orden, puede negar la apertura.

Unainvestigación de la sección Qué Pasa desnudó los vacíos legales y contradiccionesque existen a la hora de definir la apertura de un teléfono celular. Uno de los puntos cuestionados es si la orden de apertura implica que el fiscal puede hacerse de todo el contenido o solo de lo que está relacionado con la investigación, pero muchas veces eso es difícil de determinar de antemano.

“Si uno hace un allanamiento no es para buscar ‘lo que se encuentre’. Tiene que haber un objeto, y ser proporcional. Acá es igual. Si no pasa a ser lo que se conoce como una fishing expedition (expedición de pesca), que está prohibido”, argumentó, por ejemplo, el abogado y profesor de Derecho Penal Gustavo Bordes.

Citó como ejemplo que en una oportunidad un fiscal pretendió "presionarlo" diciéndole que en el celular había registro de otro delito —diferente al que se estaba investigando— y eso le podía jugar en contra.

El ahora prosecretario Jorge Díaz, había dicho en su momento, cuando ejercía como abogado privado que “hay cosas que han mejorado” pero “se siguen haciendo barbaridades como mantener los aparatos incautados” durante un plazo indeterminado. Además, la defensa del imputado no participa ni controla el proceso de extracción y que actualmente hay dificultades respecto de la "cadena de custodia", es decir, la documentación del proceso desde la incautación hasta su devolución para poder corroborar que no hubo alteraciones.

A toda esta cuestión se suma la preocupación por las filtraciones. Hubo al menos dos casos —el caso Astesiano y el caso Penadés— donde se filtró el contenido de celulares enteros. La Asociación de Abogados Penalistas y el Colegio de Abogados han emitido comunicados llamando a la Fiscalía a combatir las filtraciones.

La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) ha criticado esta práctica, aunque subrayando que hay una serie de varios actores que tienen acceso a la información y, por ende, son potencial fuente de filtración: la Policía, la Fiscalía, abogados de víctimas y de imputados.

El exfiscal de Corte, Juan Gómez, había sugerido en el Parlamento la posibilidad de implementar un proyecto "antifiltraciones" donde toda la documentación recibida por las partes tuviera una marca de agua. Es decir, si se filtraba el documento y se replicaba en algún medio, la institución podría rastrear de dónde había salido. En su gestión, la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero bajó el mensaje a los fiscales de que extremen los cuidados.