Conexión Ganadera: extienden cierre de fronteras para Carrasco, su esposa y la viuda de Basso por seis meses

Redacción El País.
A días de disponerse el cierre de fronteras preventivo para Pablo Carrasco, su esposa, Ana Iewdiukow y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, socios de Conexión Ganadera, se debatió en audiencia judicial si esa medida debe durar seis meses, como pidió el fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez. El pedido fue aceptado por la jueza Diovanet Olivera.

El fiscal indicó que hay 52 denuncias en trámite. Rodríguez explicó que hay que "desenredar esta madeja tan compleja que se está denunciando". La "empresa podría haber llegado a manejar un volumen mayor a 400 millones de dólares" por lo que presumen que tienen la "posibilidad económica para abandonar el país".

Los abogados de los investigados, Jorge Barrera (por Carrasco y su esposa) y Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson (por Cabral) aceptaron lo solicitado. Barrera informó que se presentó documentación en la Justicia de Concurso por la que su cliente acepta el concurso de la empresa, dijo que incluso se podría decretar "en minutos".

Barrera argumentó que siempre buscarán que se cumplan "los principios del debido proceso" y remarcó que "no se puede tomar ninguna medida más allá de la que prevé nuestra legislación". Como en este caso la solicitud del fiscal estaba prevista en la ley, aceptaron que se imponga. A su vez, dijo que si bien el plazo de seis meses podría parecer excesivo, es cierto que considerando que hay múltiples denuncias para analizar, ello era atinado.

Donnángelo habló en nombre de Cabral y dijo que aunque cree que las medidas son "innecesarias" porque su clienta está pasando "un momento muy duro" por el fallecimiento de su esposo y "pocas ganas tiene de salir a recorrer el mundo", no pondría objeciones.

El abogado de ahorristas Juan Pablo Decia, secundado por Nicolás Pereyra, pidió a la jueza Olivera que le incautara el celular a los investigados para evitar que haya "trasiego de ganado". Aunque, aseguró, ya existió, existe y seguirá existiendo si no se tomara esta medida. Su intención al solicitarla, dijo, era "evitar que se siga acrecentando el daño y los efectos civiles del delito". "Son acciones que pueden entorpecer la investigación", sostuvo Decia.

Sin embargo, tras la intervención del fiscal Rodríguez —quien dijo que esa medida es competencia suya, que aún no estaba en sus planes tomarla pero que estaba abierto a que los abogados hagan sus peticiones en Fiscalía—, de Barrera y Sasson, la jueza Olivera negó la solicitud. Lo fundamentó en que el artículo 260 del Código del Proceso Penal "es claro" en que "durante la investigación el imputado, su defensor y la víctima podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos investigados, si fuese necesaria su intervención. El fiscal ordenará aquellas que estime conducentes", dijo citando el artículo.

A su vez, Sasson había remarcado que los 19 abogados que se presentaron en audiencia no están formalmente designados en la causa, por lo que no estaban en condiciones de realizar peticiones.

Por su parte, Barrera, reiteró el concepto de que "dentro de la ley, todo, y fuera, nada". Profundizó en que una vez declarado el concurso, "el riesgo del trasiego de ganado" no estará porque las autoridades serán desplazadas. También coincidió con Rodríguez en que si algún material fuera eliminado, hoy en día se cuenta con herramientas técnicas como para poder recuperarlo.

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