Poder Judicial apela a videoconferencias por indagados que tienen síntomas del virus

LA PANDEMIA DEL COVID-19

Las fiscalías trabajan con un régimen especial por la llegada del COVID-19. Los primeros casos fueron detectados en Uruguay el 13 de marzo. A la fecha hay 415 personas contagiadas, seis fallecidos, 14 en cuidados intensivos y una en cuidados intermedios.

Los jueces penales, de Adolescentes y Violencia Doméstica, están preocupados porque deben asistir a audiencias en forma urgente y plantearon a la Asociación de Magistrados del Uruguay que se extienda lo máximo posible el sistema de videoconferencias.

“La Suprema Corte de Justicia estudia ese pedido”, dijo a El País el presidente de dicha gremial y ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Alberto Reyes.

Por su parte, los fiscales de turno tienen que trabajar en forma presencial y asistir a audiencias o tomar declaraciones a indagados y testigos. Aquellos fiscales que no están de turno trabajan desde sus casas conectados a través de tabletas electrónicas con el sistema informático de la Fiscalía.

En una entrevista concedida el domingo 5 a Telenoche, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, señaló que aprobará en breve un protocolo estricto y muy rígido para aquellas situaciones en las que se presenten personas detenidas con síntomas como los del coronavirus.

“En esos casos se consulta a la emergencia móvil y se sigue la prescripción del médico. Si el médico dispone la internación de la persona detenida, lo que corresponde es cumplir con la prescripción médica y se pueden solicitar al juzgado medidas cautelares previas a la audiencia de formalización”, indicó Díaz.

Reyes dijo que la misma preocupación existe a nivel de los jueces y los defensores sobre las declaraciones de imputados con sintomatología.

“Se está trabajando para implementar el sistema de videoconferencias”, explicó el titular de la gremial de magistrados.

Hoy el Poder Judicial cuenta con un sistema cerrado de videoconferencias para audiencias. Recurrir a plataformas conocidas como Skype, Hangouts y Tango, entre otras, como lo están haciendo sistemas judiciales de otros países, tiene el riesgo de que si no está validado por ley, algún abogado puede presentar algún tipo de impugnación de la audiencia.

Reyes explicó que está sobre la mesa cómo hacer que las audiencias sean lo menos riesgosas desde el punto de vista sanitario para los operadores judiciales, indagados o testigos. Y mencionó el proyecto de ley que elabora el Colegio de Abogados del Uruguay.

Dicha gremial trabaja en una iniciativa legal que habilita que se puedan realizar tanto la presentación de escritos por mail como la posibilidad de que se desarrollen audiencias a través de videoconferencias, dijo ayer a El País el presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, Diego Pescadere.

En caso de que el Parlamento apruebe ese proyecto del Colegio de Abogados, el funcionamiento del sistema de videoconferencias deberá ser establecido por la Suprema Corte de Justicia, ya que dependerá de cuestiones tecnológicas.

Pescadere explicó que, en este momento, se ultiman los detalles del proyecto de ley. “En esta semana quedará pronto. Puede ser realmente un antes y un después” en el accionar del Poder Judicial, dijo.

No obstante, Pescadere advirtió que la eventual ley solo despejará una parte del problema que es bastante más complejo. “Hay que solucionar temas tecnológicos, de firma digital, de capacitación de los funcionarios judiciales, los jueces y los abogados”, sostuvo.

Al mismo tiempo, los medios tecnológicos que se elijan por los operadores judiciales no deben impedir la vigencia plena de los principios del debido proceso y el derecho de defensa. “En este momento la solución es urgente. Pero, al mismo tiempo, la forma de implementarla se hace más difícil en esta emergencia sanitaria, ya que muchas actividades se han visto resentidas y, por ende, no es fácil ni rápido contar con el equipamiento adecuado y lograr capacitar a todos los operadores en pocos días”, expresó el profesional.

Pescadere puso como ejemplo la reparación del motor de un avión en pleno vuelo. Es decir: es urgente hacerlo, pero el hecho de estar en vuelo hace más difícil el arreglo. Agregó que no será “de un día para el otro” que se pueda implantar y generalizar la solución.

Según Pescadere, el aporte del Colegio de Abogados procura que se despejen los obstáculos legales -lo que se pretende hacer a través del anteproyecto de ley- y, al mismo tiempo, solucionar lo que a los profesionales les compete; es decir, facilitar y simplificar trámites.

Por ejemplo, universalizar la firma digital de los abogados a través de un mecanismo sencillo y que estos profesionales se capaciten para estar prontos para el cambio.

Otro problema que enfrentan hoy los abogados es que la emergencia sanitaria, decretada por el gobierno para evitar contagios, hizo caer la actividad judicial.

Estudios jurídicos de gran y mediano porte han enviado a su personal al seguro de paro o cerrado sus puertas. Los profesionales independientes enfrentan un futuro económico muy desfavorable, según los planteos recibidos por el Colegio de Abogados del Uruguay.