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Por Pablo Méndez
En diferentes departamentos del interior del país se registraron denuncias que señalan a prestamistas de nacionalidad colombiana que amenazan a sus clientes morosos. Operan en barrios periféricos, con intereses excesivos y víctimas que no denuncian por temor a represalias.

En la ciudad de Melo (Cerro Largo) la Policía recibió un llamado al 911 donde una mujer aseguraba que tres hombres en moto amenazaban con robar su casa, por el cobro de una deuda. Según fuentes de la Jefatura, cuando la Policía llegó al lugar los hombres se habían retirado y la mujer -dueña de un comercio pequeño- se negó a presentar una denuncia.

La intención de los hombres era hacerse de electrodomésticos de la casa, uno de los pasos previos a las amenazas y aprietes con violencia posteriores.

La Jefatura de Rivera, en conjunto con Fiscalía, intentan comprobar una serie de denuncias en las que comerciantes y particulares aseguran recibir presiones ante la imposibilidad de enfrentar los pagos.

Según informaron fuentes del caso, los prestamistas llegan a los barrios en motos, dejan una tarjeta y una vez reciben los llamados regresan con el dinero.

“Son montos con intereses muy altos, que tienen como objetivo personas endeudadas o que no utilizan tarjetas. Las modalidades de cobro pueden ser mensuales, como diarias”, explicaron en la Jefatura de Artigas.

En este departamento se han recibido denuncias sobre el cierre de 2022, en las que los préstamos “gota a gota” han perjudicado a comerciantes. Se trata de una modalidad en la que el pago es diario, donde los intereses están por encima de los permitidos y los retrasos son previsibles.

“Si no cumplís te meten ‘la pesada’ que escala de forma gradual. Empieza con llamadas y termina con visitas”, señalaron desde la Jefatura.

En la Fiscalía de Rivera informaron que estos casos tienen antecedentes, en los que las extorsiones “hacen mella desde lo psicológico”. En 2022 ocurrió un caso en el que, si bien no se pudo comprobar, se asociaba las presiones a un suicidio de un hombre quien no “logró hacer frente a la devolución” del préstamo que pidió.

La causa fue archivada en aquel entonces por falta de pruebas, un hecho que se relaciona con la carencia de denuncias y la dificultad para comprobar los posibles delitos.

Desde la Jefatura de Salto -donde reciben llamados, pero no denuncias formales al respecto- dejaron ver que quienes otorgan los préstamos hablan de “ahorros” para justificar las sumas de dinero con las que cuentan. Por su parte, quienes reciben los préstamos no denuncian porque en muchos casos “están ahogados y necesitan liquidez.”