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Fiscalía indagará a quince exjefes militares por espionaje en democracia

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Investigación: el fiscal Enrique Rodríguez indaga la operativa de los servicios de Inteligencia del Estado. Foto: Gerardo Pérez
Fachada del edificio sede de la Fiscalia General de la Nacion, ubicado en la esquina de Cerrito y Misiones, Ciudad Vieja, Montevideo, ND 20181005, foto Gerardo Perez - Archivo El Pais
Gerardo Perez/Archivo El Pais

JUSTICIA

Brigadier de la Fuerza Aérea y un general del Ejército negaron que haya habido infiltraciones en partidos políticos, gremios u organizaciones sociales.

El 19 de setiembre de 2018, por unanimidad, la Cámara de Representantes decidió enviar a la Fiscalía todos los antecedentes de la comisión investigadora sobre el espionaje militar y policial en democracia sobre partidos y dirigentes políticos, sindicatos y organizaciones sociales de distinto tipo. Esta comisión asesora comenzó a trabajar a mediados de setiembre de 2017 y lo hizo hasta fines de 2018.

Al cierre de las sesiones varios legisladores se lamentaron de que, tras un año y medio de investigación parlamentaria, no se haya podido completar el trabajo analizando la información contenida en el llamado “archivo Castiglioni”, que está en poder de la Justicia. Dicho archivo estaba en poder del excoronel del Ejército Elmar Castiglioni.

El fiscal Enrique Rodríguez investiga la eventual existencia de casos de espionaje realizados por efectivos de los servicios de Inteligencia del Estado (la entonces Dinacie e Inteligencia Policial) tras el retorno a la democracia.

Rodríguez indagará a 15 exdirectores de dichos servicios.

La investigación de la Fiscalía, tomó como insumo los resultados de la comisión investigadora de Diputados.

El fiscal ya tomó declaraciones al exdiputado del PVP, Luis Puig, y al diputado comunista, Gerardo Núñez, quienes eran los miembros del oficialismo en la comisión investigadora sobre el espionaje militar y policial.

El miércoles 26, testificó ante el fiscal Rodríguez, el brigadier general retirado de la Fuerza Aérea, José Mayo y ayer lo hizo el general retirado del Ejército, Francisco Wins, quienes estuvieron a cargo de los servicios a fines de los años 90 del siglo pasado.

Hoy declarará el contraalmirante retirado de la Armada, Óscar Otero, asistido por el abogado penalista Nicolás Pereyra.

Espionaje

En las audiencias realizadas el miércoles 26 y ayer, el fiscal Rodríguez procuró conocer la estructura de los servicios de Inteligencia del Estado; si se vigilaba a grupos políticos, particularmente el Frente Amplio; su vinculación con las agencias de Estados Unidos y si los jerarcas de turno reportaban o no al ministro de Defensa del momento, entre otros temas.

Los exjerarcas, correspondientes a distintas fuerzas castrenses porque la dirección de los servicios de Inteligencia del Estado era rotativa, negaron que haya habido infiltraciones de personal militar o policial en partidos políticos, gremios u organizaciones sociales, aunque sí reconocieron que recibían datos de otras fuentes.

Wins, defendido por el abogado Enrique Moller, insistió en negar la existencia de espionaje en democracia. Lo mismo dijo Mayo.

Con respecto a la participación de los servicios secretos de Estados Unidos, Wins señaló que operaron en Uruguay desde los años 50 del siglo pasado y que después de la dictadura se retiraron del país.

Wins explicó que, cuando asumió al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, en 1998, esa repartición estaba casi desmantelada y carecía de capacidad operativa para realizar infiltraciones y seguimientos a partidos políticos y sindicatos.

En las audiencias trascendieron dos episodios donde un oficial de Inteligencia recibió información sobre una lista de uruguayos que tenían previsto reunirse con Fidel Castro y otra nómina que viajaría a Brasil a participar en el Foro de San Pablo de esa época.

Sin embargo ambas listas se hicieron públicas posteriormente.

Las fuentes señalaron que los directores de los servicios de Inteligencia decidían cuándo debían reportar al ministro de Defensa y cuándo no. Por eso, expresaron, el exministro de Defensa Raúl Iturria no mintió en el Parlamento cuando señaló que no sabía que gremios u organizaciones sociales fueran espiados en democracia.

Episodios poco claros reseñados en la Comisión

Dado que durante el trabajo de la investigadora las sesiones fueron secretas, recién por medio de los diputados salieron a relucir algunas informaciones y testimonios. Como elementos nuevos se conoció por medio del diputado blanco Gerardo Amarilla que en 2017 una marcha de ciudadanos a favor de la seguridad pública que incluso llegó a las puertas de la residencia oficial del presidente Tabaré Vázquez, fue infiltrada por los servicios.

Además, el diputado colorado Tabaré Viera informó que en los años 1990 y 1991 hubo prácticas de espionaje desde la sede del batallón de Ingenieros del Ejército en Florida.

También por boca de Amarilla se conoció que en 2014 hubo dos episodios típicos de acciones de los servicios. Uno fue el robo de una computadora personal a Pablo da Silveira, asesor del entonces candidato presidencial blanco Luis Lacalle Pou, Y que lo mismo le pasó al entonces candidato a la vicepresidencia Raúl Sendic.

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