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Fiscalía busca incorporar software con trazabilidad para identificar filtraciones

El fiscal de Corte, Juan Gómez, explicó que gotas de agua y sonidos imperceptibles permitirían saber quién difunde los archivos.

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Reunion de Gandini y Comision Investigadora con el Fiscal Gomez
El fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, compareció ayer ante la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados.
Foto: Francisco Flores

El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de 1er Turno, Alejandro Machado, tomó declaración en los últimos días a 14 personas por irregularidades en la entrega del pasaporte a Sebastián Marset en noviembre de 2021, cuando el narcotraficante estaba aún preso en Dubái. Declararon, entre otros, dos ministros, un subsecretario y una exsubsecretaria. Tras una de estas audiencias, Machado contactó al fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, para hacerle una advertencia. “Mire, señor, que trabajé, tomé declaración a una persona, y a las dos horas (el audio de) esa declaración ya estaba subido a una red social. Estamos trabajando. No somos nosotros los que filtramos”. Así recuerda Gómez lo que le dijo Machado. Y el fiscal de Corte le cree, pero en el Partido Nacional, no. “Si no salen de la fiscalía” las filtraciones, “salen de su entorno”, alertó ayer el diputado blanco Rodrigo Goñi, tras escuchar las explicaciones de Gómez.

El fiscal de Corte compareció ayer durante cuatro horas, acompañado por un equipo de Fiscalía, ante la comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, donde fue convocado para hablar sobre filtraciones de información generadas en procesos de investigación penal. Allí Gómez explicó cómo funciona el sistema y quiénes tienen acceso a los archivos de audio que registran las audiencias. “La ley establece que los fiscales tienen el deber de subir a su carpeta investigativa todo aquello (sobre lo) que no pidieron una reserva judicial previa”, informó a la prensa tras la sesión parlamentaria, y agregó que “lo que no sea reservado tiene que estar en conocimiento de las defensas de los imputados, y de las víctimas y sus representantes”.

Además, aseguró que hay cuatro posibles fuentes de filtraciones: la Policía, que graba las escuchas telefónicas y se las entrega al fiscal a cargo del caso; la Fiscalía; el imputado o su defensa; y las víctimas o sus representantes. “No son filtraciones que se hagan desde las fiscalías, y si así fuera, tendrían responsabilidad administrativa y también penal”, dijo Gómez. Si un policía filtra los archivos, también incurre en delito, a diferencia de imputados, víctimas o abogados, que pueden hacerlo. “Nosotros como fiscales no tenemos ningún motivo para andar filtrando cosas que únicamente nos perjudican. Sepan que personalmente mientras no tenga prueba en contrario, confío plenamente en todos los equipos de la Fiscalía del país”, sostuvo Gómez.

Herramienta

El fiscal de Corte pretende sumar una nueva herramienta para identificar a quien filtra los archivos a la prensa. En concreto, busca incorporar un software para mejorar la trazabilidad de los documentos, ya sean escritos o sonoros. “Vamos a embarcarnos para lograr saber, ya sea a través de marcas de agua o de algún otro mecanismo, como sonidos imperceptibles, a quién fue dado esto o aquello, para empezar a saber quiénes son los responsables de las filtraciones”, dijo Gómez a El País, y aclaró que no está señalando a nadie como responsable de esas fugas de información.

La ingeniera Inés Pérez, asesora del fiscal de Corte, fue quien explicó en comisión los alcances de esta herramienta. “Confío en que la gente que trabaja con gran dedicación determine qué es lo que se necesita, y yo lo que tengo que hacer es procurar, si no tenemos los recursos, los refuerzos correspondientes para implementar eso que parece tan importante”, dijo Gómez, para quien, en síntesis, las filtraciones no son “culpa de la fiscalía”.

“El legislador votó un código (el del Proceso Penal, vigente desde 2017), lo que debe subir el fiscal al sistema y con quién debe compartirlo. Después, nos falta la trazabilidad suficiente para saber, en caso de audios o documentos que se divulgan, que esta es la copia que le di a fulano, que vino de la Policía o que únicamente tenía la fiscalía”, concluyó.

Además

La Fiscalía tras instrumentos tecnológicos

Fiscalía trabaja en la adquisición de otros instrumentos tecnológicos para mejorar su gestión y cumplir la ley. La Rendición de Cuentas aprobada en 2022 dispuso que “la actuación de los fiscales fuera de su turno se regirá por la intervención en asuntos que le sean asignados a través de un sistema aleatorio de distribución”, pero esto aún no se ha implementado. “Estamos tratando de conseguir los suficientes recursos para crear el software de la asignación aleatoria que fue prevista por ley”, dijo Gómez a El País. A su vez, informó que recibirá apoyo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información de Uruguay (Agesic) para implementar un sistema distinto al Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (Sippau) al que los fiscales suben los archivos, para que los defensores accedan a las carpetas investigativas. Mientras avanza en la incorporación de estas herramientas, el fiscal de Corte dice que no le tiembla la mano cuando se enfrenta a “cosas incorrectas” de funcionarios de Fiscalía, que considera puntuales. No le tembló al realizar un sumario contra un abogado que trabajaba en el organismo por la filtración de una denuncia de autoridades de la Ursec contra el exdirector Nicolás Cendoya. El defensor fue condenado luego por la Justicia. Además, hay dos investigaciones administrativas en curso vinculadas al proceso penal contra el exsenador Gustavo Penadés, una por difusión de audios y otra por supuestos mensajes enviados por la fiscal Alicia Ghione.

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