Fiscal pidió tres años de prisión para joven por robar un gorro

"PENAS ACORDES AL CÓDIGO PENAL" 

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La fiscal de Flores, Alicia Abreu, es temible. Todos los abogados defensores de ese departamento saben que Abreu pide penas elevadas para aquellas personas que delinquen.

Tres casos en curso así lo demuestran: Abreu pidió al juez de Flores, Sergio Vitelio, sanciones ejemplarizantes para un joven que robó un gorro de $ 890 acompañado por un menor; una anciana de 81 años recibió una imputación de negociación de estupefacientes y estuvo a punto de enfrentar una pena de prisión preventiva de cuatro meses -un Tribunal de Apelaciones cambió esa sanción por prisión domiciliaria- y diez personas estarán recluidas entre uno y dos años por criar chanchos, ovejas y caballos en un predio de AFE.

La fiscal Abreu reconoce que es conocida en Flores por solicitar penas altas. “Pero después el juez del caso es el que evaluará si son razonables o no. Mis solicitudes son siempre acorde a las penas establecidas en el Código Penal”, explicó Abreu a El País.

Pasadas las 17:00 horas del 22 de abril de 2021, un joven de 19 años y un menor ingresaron en el local comercial “Rey Hermanos” de la ciudad de Trinidad (Flores). Una de las empleadas del comercio observó que los recién llegados se fueron hacia un mostrador donde había gorros marca “Uniform” en exhibición y cada uno de ellos tomó uno de color rojo.

La acusación fiscal dice que el adolescente intentó introducir el gorro entre sus prendas, pero al no poder apoderarse del mismo debido a la presencia de la empleada, se dirigió con la prenda hacia el probador.

Mientras ello ocurría, el joven aprovechó el descuido de la empleada y efectuó con éxito la misma maniobra que el menor, introduciendo el gorro dentro de su bermuda.

Otra empleada observó el hurto e informó a la encargada, quien luego de verificar el ilícito a través de la cámara de vigilancia se presentó a denunciarlo en la Policía. Poco después, un patrullero detuvo a los dos denunciados. El joven de 19 años portaba el gorro robado, según la Fiscalía.

En su acusación, a la que accedió El País, la fiscal pidió para el joven una pena de cárcel efectiva de tres años por un delito de hurto especialmente agravado por la pluriparticipación.

Consultada por El País, la fiscal explicó: “La pena pedida no es exagerada, ya que es ajustada a Derecho. El Código Penal establece para el hurto especialmente agravado una pena de 12 meses a ocho años de penitenciaría. Yo pedí tres años. El juez podrá optar entre los 12 meses y los tres años. Y agregó: “Las víctimas (de los delitos cometidos en Flores) van a estar de acuerdo con mis penas. La pena que solicité es legal”.

¿Llama la atención la magnitud de la pena por un robo de un gorro? “Obviamente. El imputado es reincidente, tiene hechos como menor, que no cuentan, y fue a robar con un adolescente hoy internado por una rapiña”.

Según supo El País, el defensor de oficio, Javier Míguez, pidió al juez Vitelio la absolución del joven por entender que se trata de delito de poca importancia.

En caso de que su defendido sea condenado, Míguez solicitó al magistrado una rebaja de la pena pedida por la Fiscalía por considerarla exagerada.

El juicio continúa.

Una señora de 81 años, que tiene un nieto recluido por tráfico de estupefacientes, concurrió a la Policía e informó que quería brindar información sobre una boca de drogas. Y dijo a los policías que también había decidido vender alucinógenos porque su nieto la obligaba. Días más tarde, la octogenaria retornó a la seccional y trató de retirar sus dichos, aunque para esa altura la Fiscalía ya contaba con videos donde se la veía intercambiando algo con la gente que allí concurría.

En un allanamiento, la Policía encontró municiones dentro de la casa de la anciana.

El 4 de marzo de 2022, a pedido de la fiscal Abreu, el juez Vitelio formalizó a la octogenaria por un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones y un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes.

El juez hizo lugar al pedido fiscal y dictaminó una prisión efectiva de 90 días para la anciana.

El defensor Míguez apeló señalando que la imputada tiene “una edad bastante elevada” para cumplir una medida cautelar de prisión en una cárcel.

El Tribunal de Apelaciones confirmó las imputaciones del juez Vitelio y de la fiscal Castro, pero determina una prisión domiciliaria para la anciana mientras se procesa el juicio.

Consultada la fiscal Abreu por la medida de prisión solicitada una persona anciana, explicó: “el tribunal nos dio la razón. Y también dispuso medidas cautelar para la imputada”.

El caso continuará mediante un juicio oral o se cerrará con acuerdo entre la Fiscalía y el defensor de oficio.

Entre noviembre y diciembre de 2020, la Policía recibió información sobre que en un predio ubicado en la Ruta N° 3, a la altura del kilómetro 185.600 propiedad de AFE, habían personas ocupándolo.

El jefe de Vigilancia de AFE concurrió al lugar. En la inspección, el jefe de AFE verificó que los imputados habitaban el predio sin tener luz y agua, que habían levantado construcciones de chapa y madera, que habían dividido el predio en siete parcelas, algunas alambradas con poste y portera.

Tras constatar que un grupo de personas había tomado cuenta del inmueble de AFE, el jefe de Vigilancia presentó una denuncia penal por usurpación, señala la acusación de la fiscal Abreu a la que tuvo que acceso El País.

El 27 de enero de 2021, el juez Vitelio hizo lugar al pedido de la Fiscalía y condenó a siete personas por un delito de usurpación a cumplir una pena de 12 meses de prisión efectiva. Mientras que otros tres imputados deberán cumplir dos años de prisión efectiva por el mismo ilícito.

Una de las imputadas, defendida por el abogado Hugo O’Neil, rechazó un acuerdo abreviado. “Se está criminalizando la pobreza en este expediente”, agregó.

El profesional afirmó que se reunirá con el Directorio de AFE para que se analice la situación de esas personas que pretendían sobrevivir en un predio que no es utilizado.

La fiscal Abreu dijo que el juez se expedirá sobre la acusación realizada a la imputada y agregó que no se pronunciará sobre que castiga la pobreza en su acusación, ya que esa frase tiene “un trasfondo político que no me concierne. Solo me expido sobre asuntos vinculados al derecho penal”.

La Fiscalía informó que se dispuso el inicio de una investigación al respecto de la aparición de perfiles falsos de redes sociales con fotos y mensajes atribuidos a la mujer que denunció una violación grupal en el Cordón en el mes de enero.

“Esa acción, que tiene el evidente interés de generar daño en la víctima estigmatizándola y exponiéndola al escarnio público, ameritó una nueva intervención de los técnicos de la Unidad de Víctimas de Fiscalía por la afectación que generó”, informa Fiscalía en un comunicado.

Ante esto, el fiscal de Corte, Juan Gómez, dispuso de inmediato el inicio de una investigación de oficio para identificar a los responsables de este delito. Para ello, fueron remitidos los antecedentes a la Dirección de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) para que asigne la fiscalía que corresponda.

Por su parte, Juan Raúl Williman, abogado de la mujer, indicó a El País que no descarta presentar una denuncia ante Delitos Informáticos una vez que cuenten con más detalles.

“Recién estamos analizando la información”, dijo Williman.