JUSTICIA 

El fiscal Letrado Especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó a la Justicia que Mónica Rivero, la mujer procesada con prisión preventiva por reiterados delitos de estafa y falsificación de documento privado, sea también imputada por un delito de lavado de activos en calidad de autora.

El fiscal explicó que de las investigaciones que se realizaron se logró determinar que Rivero, quien era tesorera de la empresa Julio César Lestido S.A, se aprovechó de su experiencia y su trayectoria en el cargo para realizar "diversas maniobras fraudulentas que indujeron a error a la empresa, a fin de procurarse un provecho económico injusto". 

A través de esta maniobra la mujer logró "apoderarse fraudulentamente y mediante engaño" de U$S 7.622.233 y $ 1.435.044, durante los diez años en que trabajó en la empresa.

El dinero se fue retirando de a poco y no en un mismo momento. Para realizarlo modificaba los balances de la empresa, lo que permitía no alertar acerca de los delitos. Por esta maniobra fue que se la acusó del delito de falsificación. 

En el dictamen fiscal realizado por Pacheco se detalla además el "cúmulo de indicios probatorios" que llevan a concluir "la existencia de un delito de lavado de activos provenientes de la actividad delictiva" de Rivero.

Dentro de las explicaciones del fiscal destaca que los ingresos tanto de la indagada como de su esposo no eran suficientes para solventar el nivel de vida que llevaban, entre esto el nivel de apuestas que realizaban en los casinos.

"En consecuencia, es posible concluir que la indagada convirtió dineros procedentes del delito precedente de estafa inicialmente atribuido a la misma, haciéndolos circular en provecho propio, intentando ocultar su verdadero origen ilícito, y haciéndolos aparecer como generados en una actividad lícita; si bien no obtuvo ganancias en el casino, lo cierto es que hizo circular los dineros de procedencia ilícita, dotándolos de una apariencia de licitud", indicó Pacheco.

Rivero, desde el 13 de febrero de 2017 y hasta el 27 febrero, figuraba en la lista de personas ausentes del Ministerio del Interior y se creía que podría haber sido asesinada o secuestrada.

Sin embargo no estaba muerta, sino que se escondió en la frontera durante dos años y 14 días. Interpol Uruguay la ubicó en una cabaña de la Barra del Chuy, del lado uruguayo.