Fue un escándalo internacional con consecuencias diplomáticas que llevó al ministro del Interior de entonces a poner su cargo a disposición. Hubo una semana entera sin explicaciones públicas sobre lo ocurrido, y meses después se supo que por esos días Eduardo Bonomi había ofrecido su renuncia al presidente Tabaré Vázquez -quien, sin embargo, lo ratificó en el cargo.

La explosión la había causado la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito de Cárcel Central, un día frío y húmedo de junio de 2019. Y a partir de allí se transformó en un tema no superado por el sistema político: suele volver a la agenda a la manera de un boomerang por diferentes razones y en diferentes circunstancias, sobre todo a influjo de algunos dirigentes del oficialismo, que entienden que se trata de un caso que condensa la cuestionada gestión de Bonomi y la falta de resolución del fiscal que estuvo a cargo de la investigación, Ricardo Lackner.

Este último, precisamente, ya no está más en la causa porque desde el 2 de enero se encuentra al frente de una nueva unidad que creó el Ministerio Público para combatir la ciberdelincuencia, pues a criterio del fiscal de Corte, Juan Gómez, Lackner es “un estudioso” de ese tema. Y ya hubo, de hecho, reuniones preparatorias para liderar el equipo que dará apoyo a todas las fiscalías del país (ver aparte).

De modo que Lackner -que no quiso hacer declaraciones ante la consulta de El País- dio por terminada su participación en la indagatoria de una de las fugas más importantes de la historia nacional, con el saldo de dos imputaciones. Estas aún no explican lo ocurrido tres años y medio atrás: la de un hombre que fue acusado en julio de 2019 por su complicidad en el escape del mafioso italiano -la formalización penal fue por encubrimiento- y, más reciente -en julio del año pasado-, la de un funcionario de la Guardia Republicana, presuntamente implicado en irregularidades cometidas durante los traslados que se hacían entonces del otro recluso pesado que la administración de Bonomi tenía en sus cárceles: Gerardo González Valencia, un peligroso narcotraficante mexicano extraditado a Estados Unidos en mayo de 2020 -y que los investigadores presumen que puede haber tenido contacto con Morabito en alguna visita carcelaria.

Pero la realidad es que más allá de estas dos imputaciones, Lackner no alcanzó resultados que le permitieran dar por cerrado su trabajo, pese a anuncios que daban a entender que estaba cerca de alguna conclusión.

En junio de 2020, por ejemplo, el fiscal dijo en una breve rueda de prensa que había culminado “una primera etapa” y que iniciaría la “siguiente”, y que la investigación era “muy extensa” y “muy compleja”. Y en mayo de 2021, cuando se confirmó que Morabito sería extraditado a Italia, declaró que su captura al norte de Brasil había sido posible gracias a “un trabajo de rompecabezas, de mucha paciencia”, en “cooperación internacional entre múltiples Estados”.

En las últimas semanas, fueron citados a declarar algunos de los indagados, como el propio exdirector de la Policía Nacional, Mario Layera, quien debió responder acerca de los traslados del mexicano, como informó El País el pasado 19 de diciembre.

Fuentes del Ministerio del Interior, en tanto, señalaron que confían en conocer novedades en febrero, una vez que culmine la feria judicial y asuma Silvia Porteiro la vacante que dejó Lackner en la Fiscalía de Delitos Económicos de 2° Turno.

La falta de resolución en este asunto fue una preocupación que el ministro Luis Alberto Heber le transmitió a Gómez en mayo de 2022, y una inquietud que tuvo el anterior titular de Interior, Jorge Larrañaga, hasta que falleció en mayo de 2021.

La modalidad de trabajo de Lackner ha generado en los últimos años malestar en varios penalistas, que han reclamado por su falta de celeridad en varias de sus causas.

El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Juan Fagúndez, aseguró a El País que han habido “comentarios de colegas” en ese sentido, aunque “personalmente” no tenía un reparo puntual para transmitir.

“Lackner es, sin dudas, un valor, un tipo intelectualmente superior. Sí confirmo -agregó- que han habido quejas por el tema de tiempos, pero es una persona irreprochable desde el punto de vista técnico”.

El atraso en resolver los casos llevó al anterior fiscal de Corte, Jorge Díaz, a apartarlo del turno de flagrancia durante un tiempo para que bajara la lista de causas pendientes, que por entonces -principios de 2021- Lackner mantenía cercana a los 1.000.

Ahora, de acuerdo a fuentes de la Fiscalía, los casos en trámite en la fiscalía que asumirá Porteiro constituyen un “número razonable”.