Por Eduardo Barreneche
El caso golpeó a los uruguayos en 2018. R.D., entonces de 22 años, falleció tras consumir pastillas y alcohol en una fiesta electrónica organizada en el balneario Atlántida. El 19 de diciembre de 2019, la familia de la chica inició una demanda en la Justicia civil contra los organizadores y los dueños del local reclamando $ 14 millones. Ello equivale a US$ 381.991 según el tipo de cambio promedio de la fecha de presentación del escrito en el juzgado.

La investigación, pese al paso del tiempo, no ha llegado a su fin, y el lunes 8 de este mes, la jueza Civil del 3er Turno, Claudia Muguiro, ordenó que se realizaran peritajes en el marco de la investigación.

En la demanda, que fue elaborada por los abogados Eduardo Outerolo y María Cristina Núñez en representación de la madre, padre y tía paterna de R.D., se manifiesta que “hay responsabilidad” de organizadores del baile y de administradores del local en la muerte de la joven que consumió drogas.

El expediente judicial del caso, al que accedió El País, sostiene que R.D. concurrió a la fiesta electrónica en Atlántida acompañada por una amiga y dos amigos. En el baile, según declaraciones testimoniales, “ingirió droga de alto impacto junto con otros tres jóvenes, la que fue comprada en la fiesta. No se realizaron las medidas de control y seguridad, así como paliativas ante un evento de dichas características con manifiesta culpa de los demandados”.

A las 17:30 horas del 18 de febrero de 2018, R.D., una amiga y dos jóvenes se juntaron en la parada de Avenida Italia y Bulevar José Batlle y Ordóñez para ir a la fiesta electrónica. Al llegar al balneario, hicieron una colecta para consumir dos pastillas de éxtasis y un gramo de cristales, dice el expediente.

Uno de los jóvenes concurrió al baño a comprar droga. Allí le dijeron que debía ir a otros baños de plástico que se encontraban cerca de la piscina. En el lugar, un joven delgado y con barba, y otro rubio, cuyas edades oscilaban entre los 22 y 25 años, se acercaron.

“Luego de tener la sustancia en mi poder concurro hacia la boletería del baño donde estaban esperando mis amigos que habían comprado un champagne y nos repartimos la droga”, dijo el joven a la Policía.

Los dos muchachos se quedaron con las pastillas de éxtasis y R.D. y una amiga consumieron los cristales.

A las 22:00 horas, R.D. y su amiga fueron al baño. Como demoraban, uno de los jóvenes les envió un mensaje de WhatsApp. Ellas le contestaron: “Estamos acá”.

El muchacho se dirigió hacia los baños. Allí vio que R.D. no estaba bien. La amiga dijo: “Ella sufre de ataques de pánico, tal vez sea eso”. Decidieron ir a tomar un poco de aire. R.D. no pudo pararse. No tenía fuerzas en las piernas, según consta en el expediente.

Cuando sus amigos trataron de volver a sentarla, la chica se recostó contra un sillón y comenzó a sufrir un ataque de epilepsia. Acto seguido, uno de los amigos fue a buscar a un médico. R.D. fue trasladada a una habitación donde fue atendida por profesionales. Luego lo trasladaron en una ambulancia junto a su amiga.

En la demanda de la familia, se dejó constancia de que la joven fallecida no sufría ataques de pánico ni de epilepsia.

El escrito también señaló que “la impericia y culpa” en el evento hacen pasibles de responsabilidad a los organizadores de la fiesta electrónica y a los propietarios del local donde se realizó el baile.

“Existen protocolos que no fueron aplicados, los puestos de hidratación normales no cumplieron su función y con precios exhorbitantes para el consumo de agua, puestos de emergencia que no realizaron su cometido y móviles que no actuaron rápido”, afirmó la demanda. Y cuestionó a la Junta Nacional de Drogas por no enviar inspectores a una fiesta electrónica que se desarrollaba en Atlántida.

El escrito recordó que R.D. tenía “un buen trabajo” (era funcionaria de la secretaría del director de una conocida empresa de ómnibus), “una familia que la acompañaba y un buen proceder”.

Por su parte, los abogados de los propietarios del local bailable y de los organizadores de la fiesta electrónica, Mónica Rodríguez, Ximena Perdomo y Pablo Panasco, sostuvieron que en la fiesta habían 40 guardias de seguridad, médicos, dos ambulancias, 9.200 botellas de medio litro de agua en los puestos de hidratación y en la puerta se daban folletos que concientizaba sobre el consumo de estupefacientes entregados por la Junta Nacional de Drogas.

Afirmaron que inspectores de la Intendencia de Canelones concurrieron a la fiesta y no pusieron objeciones. Agregaron que la política de los organizadores del baile es de retirar a cualquiera que actuara en contra de la moral y de las buenas costumbres.

“Fue ella (la joven muerta), la que voluntariamente adquirió una droga ilegal de un desconocido y la consumió mezclada con distintos tipos de bebidas alcohólicas con el desgraciado y lamentable desenlace de su fallecimiento”, agregaron los abogados.

Los asesores legales de los organizadores de la fiesta ratificaron también “el hecho de la víctima” y afirmaron que los 40 guardias de seguridad contratados “no son agentes. Entonces, no pueden revisar a las personas ni usar la fuerza contra armas ni fiscalizar la venta y el consumo de drogas”.