Estafadores sacaban fotos de contenedores para viviendas y luego los “vendían”

Redacción El País
Solo en la Fiscalía de Toledo (Canelones) hay doce denuncias contra una banda de estafadores que ofrecían contenedores para viviendas, recibían un pago por adelantado y no entregaban el producto. En otros departamentos hay más denuncias contra ellos, según informó a El País el abogado de los denunciantes, Luis Brambillasca. “La estafa ronda los US$ 500 mil”, agregó el profesional.

El 10 de febrero de este año, la jueza de Toledo, Stephanie Sandes, hizo lugar al pedido de la Fiscalía para que formalizara la investigación de Enrique B. por reiterados delitos de estafa y un delito de asociación para delinquir en reiteración real.

La Fiscalía llegó a un acuerdo de ir a un juicio abreviado con la defensa del imputado, Paola Agüero, donde aquel reconoció que había cometido las estafas.

La fiscal Sandes pidió a la jueza Merlo la condena para Enrique B. por los delitos de asociación para delinquir y reiterados delitos de estafa a la pena de 15 meses de prisión efectiva.

En la audiencia, la fiscal relató que Enrique B. y Edgardo R. -hoy prófugo- se asociaron y crearon una empresa de ventas de contenedores para vivienda en Toledo.

“Empleando estratagemas que consistían en generar una fachada publicitándose como empresa de contenedores destinados a la habitación, se promocionaban por la red social Facebook, una vez que se contactaban negociaban la estructura, precio e incluso firmaban un contrato certificando sus firmas por escribano”, sostiene la condena de Enrique B. a la que accedió El País.

A través de la puesta en escena, los delincuentes engañaban a las víctimas logrando que estas les realizaran entregas de un dinero acordado procurando con ello una ganancia injusta, ya que “en ningún caso” cumplían con la entrega de los contenedores.

Según la sentencia, la banda enfrenta solo en Toledo 25 denuncias por estafa bajo la misma modalidad.

Cabe consignar, dice el fallo, que para lograr su cometido la banda proporcionaban a las víctimas “fotografías de los contenedores que no eran de su propiedad”, lo que termina por configurar el delito de estafa, ya que sabían de antemano que no era posible realizar el negocio.

Luego de que las víctimas hicieron entrega de parte del dinero, consultaron Enrique B. y a su socio la fecha de la entrega de los contenedores. Los delincuentes, según la condena, respondieron con diferentes evasivas llegando a bloquear a algunas de las víctimas.

Al enterarse que la banda había incurrido en varias maniobras en otras partes del país, los damnificados presentaron una denuncia penal.

Según la sentencia, en dicha asociación para delinquir, Enrique B. manejaba los contactos con los posibles compradores, mientras que Edgardo R. se ocupaba de las cuestiones financieras.

Posteriormente, un escrito elaborado por el abogado Brambillasca solicitó a la Justicia que se oficie al Banco Central del Uruguay (BCU) a efectos de que remita números de cuentas y montos de las mismas que surjan en virtud de la estafa de gran magnitud. También pidió a la jueza actuante el embarco específico de las cuentas.

Brambillasca solicitó, además, a la jueza de Toledo que cite a declarar al arquitecto Hernán E. y a la escribana Andrea S., quienes “han participado en los hechos que se encuentra investigando la Fiscalía”.

Más acá en el tiempo, el abogado de las víctimas también pidió a la Fiscalía de Toledo que ordene a Interpol la captura internacional de Edgardo R., quien está prófugo desde febrero de este año.

Brambillasca planteó a la Fiscalía la necesidad de que tomara declaraciones a un funcionario del local comercial que atendía al público en la ciudad de Toledo y de una mujer que tiene contacto directo con el prófugo.