Decreto de Lacalle Pou sobre cigarrillos que abrió batalla legal fue derogado por Orsi, lo que forzó el cierre de la causa

Uno de los decretos que generó más polémica durante el gobierno de Luis Lacalle Pou fue su decisión de flexibilizar parte de la normativa antitabaco, puntualmente, habilitó la venta de cajillas blandas y la colocación de distintivos en los cigarrillos. Pese a la resistencia de parte del arco político, de la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) y de la Facultad de Medicina, el gobierno se mantuvo vehemente en su defensa —según expone una crónica de El País de ese momento— de que el decreto apuntaba a reducir la competencia ilegítima con cigarrillos contrabandeados. Ese decreto abrió una batalla legal que se terminó de cerrar hace algunas semanas sin un fallo sobre el fondo del asunto, reconstruyó El País.

La primera acción ocurrió a menos de un mes de que se publicara el decreto. La SUT presentó un recurso de amparo ante la Justicia de Familia. Argumentó que el decreto fomentaba el consumo y que eso tendría un efecto inequívoco en los niños, además de que —a su juicio— violaba explícitamente lo refrendado por Uruguay al adherir al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del Tabaco. Los amparos solo pueden presentarlos las personas directamente afectados por las medidas, entonces su principal desafío era que la Justicia entendiera que ellos, por sus competencias, podían arrogarse el "interés difuso" de los menores y reclamar en su nombre.

Lo lograron. La entonces jueza de Familia María Elena Emmenengger —hoy ministra del Tribunal de Apelaciones— suspendió la aplicación del decreto en forma preventiva hasta que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) se expidiera sobre el fondo del asunto. Utilizó varios argumentos, entre los que se destacan dos. El primero, que según cifras proporcionadas por la SUT, los menores de edad fuman y por ende la mayor promoción puede afectarlos. El segundo, que el decreto favorecía las "movidas de marketing" que podrían tener un impacto en ellos e incentivarlos a fumar.

La resolución de la jueza Emmenengger permanecería vigente hasta que resolviera el TCA. Si el tribunal no hacía lugar a la solicitud de la SUT de anular el decreto, este podría empezar a aplicarse. Este nunca llegó a expedirse, porque en junio de este año, la administración del presidente Yamandú Orsi, emitió un decreto derogando el anterior.

"La evidencia lo demuestra: el empaquetado neutro es una política de protección porque la industria ha usado el empaquetado como forma de atraer consumidores", indicó en ese momento la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

Para el momento en el que el gobierno decidió derogar el decreto, la suerte de la SUT en el TCA era incierta. Los ministros aún no habían resuelto sobre el tema, pero ya habían recibido el dictamen de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo. Esa oficina se encarga de estudiar los temas y recomendarle al TCA una postura, de la que luego los ministros pueden apartarse o no.

Sin embargo, desde el 15 de mayo tenían en su poder el dictamen de la Procuraduría del Estado que los aconsejaba a desestimar el pedido de la SUT. Ellos coincidían con el gobierno en que el colectivo no tenía derecho a hacer esa solicitud (legitimación activa). Para presentar una demanda ante el TCA, sostiene la Constitución, quien se presente debe ser "el titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo". En este caso eso no es así, argumentó la Procuraduría, citando un dictamen propio del año 2021 cuando la SUT presentó un recurso por un decreto vinculado a vapeadores. En esa oportunidad tanto el dictamen técnico como los propios ministros resolvieron que no tenían legitimidad para realizar el planteo.

En esta oportunidad, el TCA no llegó a expedirse sobre el punto. Cuando el asunto había pasado a estudio de los ministros para dictar sentencia, la SUT presentó un escrito pidiendo la clausura de las actuaciones porque el gobierno actual ya había derogado el decreto. La Procuraduría del Estado avaló la decisión y el tribunal cerró el caso.

Una vez que el decreto fue publicado y comenzó la polémica, el entonces presidente Luis Lacalle Pou fue consultado al respecto en una gira que hizo por Soriano, Salto y Tacuarembó. En ese momento, se preguntó si era “en serio” el planteo de que esta modificación legal podía alterar el nivel de consumo de tabaco.

"Las distintas cámaras, asociaciones, tabacaleras, tienen necesidades y las plantean. ¿Qué hacen los gobiernos? Dicen estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. En este caso, es notorio que en gran parte del país se fuma de contrabando", expresó en ese entonces y reclamó que había dirigentes políticos que le "pegaban" a todo lo que se "movía". Criticó que se despertaran "suspicacias" por la reunión de Nicolás Martinelli, su entonces asesor presidencial, con la tabacalera Montepaz. “¿Y qué quiere decir eso? ¿Alguien me está acusando de algo? ¿Alguien cree que un gobernante no se reúne con distintas empresas? Si alguien tiene algo que decir, que dé la cara y que lo diga directamente. Y si lo dice directamente, que acuda a donde tiene que acudir, porque generar suspicacias, todo bien, pero conmigo no va”, expresó.

Luego, a nivel del TCA, el gobierno argumentó que el decreto tendía "a minimizar los perjuicios al mercado formal ante la fuerte competencia del cigarrillo de contrabando, en atención a que el ingreso de tales cigarrillos afecta severamente la recaudación atentando contra las políticas públicas de la Administración en cuanto a su erradicación".