JUZGADO DE ATLÁNTIDA

El juez Marcos Seijas tomó en consideración los "múltiples problemas de salud" que padece la exsenadora comunista.

El juez Marcos Seijas dictó prisión domiciliaria para la abogada y exsenadora comunista, Michelle Suárez, tras escuchar la recomendación de un equipo médico y ante los "múltiples problemas de salud" que enfrenta.

Horas antes, la fiscal Silvia Mascaró había solicitado prisión para Suárez por cuatro delitos de falsificación de firmas y uno por estafa, confirmó El País.

Suárez concurrió a declarar hoy en el Juzgado de Atlántida luego que se comprobó que falsificó firmas de clientes en expedientes judiciales.

Pericias caligráficas confirmaron que la exsenadora, Michelle Suárez, falsificó una firma en un caso de cambio de identidad tras una operación de reasignación de sexo

El hecho ocurrió cuando Suárez presentó un poder a nombre de su cliente, radicada en España, que fue observado por cuestiones formales. En ese momento la exsenadora presentó nuevamente el documento pero esta vez con una firma falsa de la interesada, agregaron las fuentes.

El trámite judicial solicitaba que se cambiaran todas las partidas y todos los documentos que mencionaran la identidad de la cliente al nombre de mujer adquirido tras la operación.

Por otro lado, en diciembre del año pasado Suárez reconoció durante una audiencia queen el expediente referido a un caso de pérdida de la patria potestad falsificó firmas de la abogada, María del Rosario Sánchez y del padre.

En ese caso, Joana, madre de una pequeña niña, había contratado a Suárez para iniciar un juicio a su expareja, Miguel Ruiz, por pérdida de la patria potestad. La exsenadora declaró por aquel caso que falsificó una firma de Ruiz para proporcionar un domicilio electrónico a la sede.

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Mientras Suárez declaraba, El País confirmó que la abogada enfrenta una nueva denuncia de un hombre que la acusa de haberlo perjudicado tras contratarla.

Esta denuncia, presentada hoy en la sede judicial, establece que esta persona entregó $ 19.000 a Suárez, de los cuales $ 9.000 eran para pagar un poder.

Pero según el hombre, la exsenadora utilizó ese dinero para "parar el juicio", afectando así los intereses de su cliente.