CASTELLANOS

El crimen de Luciana Bentancur quebró a un pueblo entero y dejó una herida que sigue abierta dos años después. A la odontóloga de Castellanos, de 35 años y madre de un niño de dos en ese entonces, la asesinaron con extrema violencia. Cuando comenzaron a trabajar sobre la causa de su muerte, los expertos prácticamente quisieron dejar de contar cuántas puñaladas había recibido tras superar las 40. El informe forense final determinó que fueron 49. Pero poco importaba saber el número exacto. Lo que ello demostraba era que Luciana, muy querida en la pequeña localidad canaria, había sido asesinada con saña.

El 4 de setiembre se cumplieron dos años desde que Luciana fue hallada sin vida por una vecina dentro del consultorio odontológico que funcionaba en su propia casa. Y los vecinos de Castellanos, un lugar que habitan unas 1.500 personas, se volvieron a concentrar para recordarla. Lo han hecho prácticamente todos los días 4 de cada mes durante el tiempo que pasó. Esta vez la convocatoria fue en la plaza, justo donde está el cartel del nombre del pueblo que quedó marcado por la tragedia.

Pero, a dos años del crimen, ¿qué se sabe sobre el caso y en qué etapa judicial está?

La investigación fue compleja desde el inicio. Nadie había visto nada y las pocas cámaras que había en el lugar no ayudaban. Los investigadores, entonces, “dieron vuelta” el pueblo para hallar algún indicio que los llevara a resolver el enigma.

Indagaron a familiares de Luciana, a vecinos, a clientes cuyos nombres estaban anotados a mano en un cuaderno donde la odontóloga llevaba la cuenta de las personas que había atendido y las que iba a atender. Pero fue recién seis meses después que los investigadores detuvieron al primer sospechoso. Se trata de alguien que justo el día después del crimen había abandonado el pueblo. Y casi al año del homicidio, cayeron otros tres.

Desde ese entonces los cuatro están en prisión preventiva e imputados. Uno por ser el presunto autor, otros dos por ser coautores, y un cuarto por cómplice. Según supo El País por fuentes del caso, días atrás la fiscal Alicia Schiappacasse solicitó a la Justicia una fecha de audiencia para llevar adelante un proceso simplificado con tres de los sospechosos; todos menos el autor. Pero esta instancia judicial quedó trunca porque la defensa de dos de ellos pidió que se realizaran exámenes psiquiátricos a sus defendidos con el fin de que un especialista del Instituto Técnico Forense (ITF) resuelva si son imputables o no. A juicio de los defensores, estas personas no son capaces de comprender. “La audiencia no prosperó porque se les van a hacer a dos de los implicados nuevas pericias psiquiátricas para determinar si son capaces de apreciar el carácter ilícito de sus actos”, confió una fuente del caso.

De acuerdo al informante, la fiscal y su equipo ya prepararon la acusación y pedirán durante el juicio oral una pena máxima de prisión para quien señalan como el autor material del crimen de Luciana. Esto sería 30 años de cárcel. Los otros implicados, en tanto, irán a un juicio simplificado si el ITF considera que son imputables. De lo contrario se deberá realizar un juicio oral y, de hallarse culpables, no pagarían con cárcel sino que serían derivados al Vilardebó para cumplir una pena distinta.

Para la Fiscalía los cuatro involucrados son conscientes de lo que hicieron y por lo tanto deberían pagar con cárcel por el crimen de la joven. Cuando fueron imputados, es decir cuando la Justicia determinó que había elementos para que la Fiscalía los investigara por el asesinato de Luciana, los exámenes forenses determinaron que dos de ellos padecían una oligofrenia leve. “Una discapacidad mental”, aclaró una fuente judicial a El País. Aun así se determinó que sí eran imputables. Luego uno de ellos se volvió a realizar un estudio que determinó que era inimputable. Es por eso que ahora se volverán a hacer exámenes y el proceso judicial que había pedido Schiappacasse quedó en pausa.

La prisión preventiva de las cuatro personas que para la Fiscalía son responsables de haber matado a Luciana vencerá en diciembre de este año. El plazo legal que tiene el Ministerio Público para llevar adelante la investigación y finamente hacer una acusación aún está vigente, ya que son dos años y las detenciones se dieron a los seis y ocho meses del crimen.