DESAJUSTES

Falta de funcionarios genera volumen de trabajo excesivo, según jueces.

EDUARDO BARRENECHE

Un expediente penal traspapelado durante casi cuatro años. Bandejas colmadas de oficios y a veces también de escritos solicitando libertades o cambios de defensas. Funcionarios que no anotan en el sistema la existencia de dichos escritos u oficios, lo cual genera pedidos de nulidad de los procesos por parte de defensores y sobrecargan a los jueces penales. Todo ello son síntomas del "caos" que reina en los juzgados que atienden los expedientes del viejo Código del Proceso Penal (CPP) generado por la falta de funcionarios, señalaron varios magistrados a El País.

Estas sedes penales, ubicadas en Uruguay 907, atienden aproximadamente al 90% de los presos del país.

Los jueces decidieron parar el funcionamiento normal de sus juzgados porque enfrentan una "sobrecargada de tareas" por presos que están en el interior del país y que van a desfilar en la próxima visita de la Suprema Corte que otorga liberaciones de encarcelados. Es que muchos reclusos que cometieron delitos en Montevideo, fueron trasladados por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a cárceles de Cerro Carancho (Rivera) o Campanero (Lavalleja), entre otras.

En el pasado, los jueces enviaban a los juzgados penales del interior la relación del expediente y estos se encargaban de preparar la visita de la Corte. Ahora los jueces deben hacer un trabajo de compendio de información.

"Está muy complicado el tema de las audiencias y de la producción normal del trabajo en los juzgados que atienden casos del viejo Código del Proceso Penal. Realmente es un poco caótico lo que estamos viviendo", dijo un juez penal.

Una jueza señaló que "es muy desalentador" trabajar en esas condiciones, y advirtió que desde que comenzaron a funcionar estos juzgados con la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal el 1° noviembre de 2017, realiza jornadas de diez horas y redacta sentencias en su casa durante los fines de semana.

La situación de estos juzgados será analizada en el acuerdo de la Suprema Corte que se efectuará hoy, afirmó a El País una fuente de la Corporación.

Esa realidad muestra que la implementación del nuevo Código del Proceso Penal trajo desajustes operativos tanto en los juzgados que atienden los nuevos casos como en aquellas sedes que se ocupan de expedientes antiguos. (Ver nota aparte)

Un mes antes de la puesta en vigencia del nuevo Código, los funcionarios y actuarios de los juzgados penales comenzaron a colocar expedientes dentro de recipientes de plástico azules.

Con la implementación del nuevo Código, algunos juzgados absorbieron los legajos de otras dos sedes y hubo una redistribución de funcionarios de cara al nuevo CPP.

En esta redistribución de expedientes, por lo menos uno se traspapeló. Refiere a la causa de un estafador procesado sin prisión en Colonia en 2014. Posteriormente ese expediente fue enviado a Montevideo y se perdió. El acusado, en tanto, tenía su causa totalmente paralizada. Es decir, estaba en un limbo jurídico. En su carátula, el expediente tenía una nota donde refería su traspapelamiento. Nada más.

El día a día de los jueces penales bajo el régimen del viejo Código del Proceso Penal es muy intenso. Cada día firman cuatro sentencias y otras diez suben a sus despachos en la jornada siguiente. "Hay mucho volumen de trabajo. Más adelante, con el correr del tiempo, la situación se normalizará porque no están entrando asuntos nuevos a estos juzgados", explicó un operador judicial.

No obstante, relató que hoy enfrentan "un cuello de botella" porque además de emitir por las mañanas entre tres y cuatro sentencias, por la tarde deben participar en audiencias donde deciden procesamientos o libertades, entre otras actuaciones. El inmenso volumen de trabajo y la falta de funcionarios genera que la atención a los profesionales "sea caótica", dijo un juez.

En algunos días, hay filas de entre diez y 15 abogados defensores para realizar trámites en las barandas de estos juzgados.

Ante una bandeja colmada de oficios y escritos, un magistrado ordena a sus actuarios y funcionarios que se detengan un instante y analicen cuáles son los asuntos urgentes.

"No podemos atiborrarnos tanto de papeles. Hay situaciones en que no podemos ni siquiera levantar la cabeza para ver qué cosa es medular o no", explicó un magistrado.

Los asuntos urgentes que deben resolver los jueces penales son libertades, pedidos de pruebas presentadas por abogados defensores y peticiones concretas efectuadas por presos, entre otras.

Otra jueza consultada coincidió con sus colegas en que en su sede tiene un enorme volumen de trabajo; faltan funcionarios y el edificio es incómodo para la actividad judicial —las salas de audiencias son pequeñas y carecen de fácil acceso para personas discapacitadas.

El 7 de noviembre del año pasado, los jueces que tramitan casos del viejo Código entregaron una carta dirigida al entonces presidente de la Corte, Jorge Chediak, donde se quejaban de la falta de funcionarios y de la escasa seguridad policial del edificio pese a que, en su interior, se encuentran expedientes correspondientes a 20 juzgados penales antiguos.