FRONTERA POROSA

Una batería de auto pesa unos 15 kilos. Luego de descargarse, el procedimiento usual es que retornen a los comercios de plaza y estos las vendan a empresas que se dedican a exportarlas a otros países para su tratamiento.

Organizaciones de delincuentes brasileños, con cómplices uruguayos, vieron allí un negocio lucrativo. En Uruguay no hay plantas que procesen el plomo y el ácido de esas baterías y sí las hay en Brasil. En los últimos cuatro años, se contrabandearon de Uruguay ocho millones de kilos de baterías usadas de autos a Brasil, según dijo a El País Jorge Pereyra, abogado asesor de empresas importadoras del rubro automotor e industrias plásticas.

Las empresas uruguayas gestoras de baterías, chatarras no ferrosas, papel, cartón y residuos electrónicos no pueden competir con las redes brasileñas. En Uruguay, las empresas formales, que deben exportar acondicionados y en barcos especiales los residuos a otro país pagan US$ 450/tonelada de baterías. Los brasileños, US$ 600 .

El tráfico pasa por las fronteras secas de Uruguay: Artigas-Quaraí, Rivera-Livramento y Aceguá (Cerro Largo). Es de tal magnitud que hace pocos años un camión volcó dos o tres toneladas de baterías al Río Cuareim cuando pasaba por el puente de que une Artigas con Quaraí, agregó el abogado.

Hace tres años, la Policía detuvo a un grupo de gitanos en Soriano con dos camionetas cargadas con baterías usadas. La Justicia y la Fiscalía comenzaron a indagarlos. “A la Dirección de Medio Ambiente de la anterior administración no le interesó averiguar”, expresó Pereyra.

El 21 de abril pasado, el equipo de Aduanas Móviles, dirigido por César Carballo, ubicó en un depósito de Rivera 50.000 kilos de baterías de autos usadas embaladas para su traslado. Se presume que el destino de esa carga era Brasil.

El jueves 16, Pereyra y empresarios gestores de baterías y chatarras no ferrosas se reunieron con el director Nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, donde le trasmitieron que organizaciones están detrás de este contrabando millonario y agregaron que los ilícitos crecen año a año. En 2016, se importaron 5.900.000 baterías y las empresas autorizadas por Dinama gestionaron 4.900.000. Alrededor de un millón de baterías usadas se fueron a un destino no autorizado. Al año siguiente, el problema se incrementó. Fueron importadas 6.700.000 baterías, se gestionaron 4.700.000 y alrededor de 2 millones de dicho producto tuvo un destino ilícito, según un cuadro entregado a Aduanas.

En 2018, se importaron 6.550.000 baterías y fueron exportadas en forma legal unas 4.600.000. En tanto, casi 2 millones de baterías tuvieron un destino no autorizado por el Estado uruguayo.

El año pasado fue un año récord de baterías contrabandeadas. Más del 50% de las importaciones. En 2019 entraron al país 5.500.000 baterías, se gestionaron 2.500.000 y los otros tres millones fueron a parar a Brasil, según dijeron las empresas denunciantes a Aduanas.

“Claramente, semejantes cantidades indican un alto grado de organización que, por mantenerse impune, pone en riesgo la sobrevivencia de empresas uruguayas que mantienen centenares de empleos formales, directos y capacitados”, dijo Pereyra. Y agregó que es tal la impunidad que ya no solo involucra a baterías usadas, sino también chatarras metálicas.