EN PELEA ENTRE HINCHAS

La Justicia condenó al Ministerio del Interior al pago de US$ 100.000 más intereses por la muerte de Soledad Barrios, quien fuera asesinada en diciembre de 2012 durante el transcurso de violentos enfrentamientos entre las hinchadas de los clubes de básquetbol Welcome y Cordón.

Soledad Barrios, una joven de 28 años, fue ultimada en el marco de una reyerta entre las hinchadas de Welcome y Cordón cuando salió al balcón de su casa a pedir que no le dañaran el auto que estaba estacionado en el lugar en el que decenas de personas intercambiaban pedradas y disparos. Uno de ellos la alcanzó matándola instantáneamente.

El padre de la joven inició una demanda por daños y perjuicios contra el Ministerio del Interior y a la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 4° Turno, cuyo titular es el juez Gabriel Ohanian. El hombre reclamó originalmente unos US$ 400.000.

Ayer el juez dictó sentencia eximiendo de culpa a la FUBB y determinando que el "actuar negligente e imperito" de Interior fue "causa del fallecimiento" de Soledad Barrios.

Aunque reconoce que "las reales posibilidades de cualquier sistema de seguridad pública de evitar que un individuo dé muerte a otro son verdaderamente escasas", el juez sostiene que "la responsabilidad del Ministerio del Interior en autos (el expediente), surge por la imprevisión de un desenlace que era por demás previsible, es decir que pudiera ocurrir un enfrentamiento a balazos entre las hinchadas de Welcome y el club Cordón, con el resultado potencial de una o más muertes o heridos, que fue en definitiva lo que ocurrió".

El magistrado agrega que "la errónea categorización del encuentro (fue catalogado de riesgo en lugar de de riesgo alto), el Estado minimizó la posibilidad del desenlace violento que a la postre ocurrió, fue errada su evaluación del riesgo existente", y entiende que "existió una falla en el sistema de seguridad del partido por parte de la Policía, que en base a una errada valoración del riesgo, no adoptó las medidas que habrían impedido el desarrollo de un episodio que era previsible".

Por ello, el juez condenó al pago de US$ 100.000 más intereses desde que se presentó la demanda por daño moral a Interior.