Caso Radiccioni: denuncian presuntos acuerdos ilícitos con exempleados de ticholera

Redacción El País
Hoy se cumplen tres meses desde que el empresario Humberto Radiccioni asesinó a Nicolás Bruzzone y Jorge Percovich, sus socios en la fábrica Ticholos del Uruguay.

Al margen de la investigación de Fiscalía por homicidio muy especialmente agravado, los exempleados de la empresa -ubicada en Empalme Olmos (Canelones)- buscan que se les paguen todas las deudas, ya que la mayoría no percibe ingresos desde el 21 de setiembre.

Por esta razón, en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a las 15 horas, la abogada Jennifer Romero se reunirá hoy con el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, para despejar dudas sobre cómo se está llevando adelante el proceso.

La representante de los exempleados ya se había reunido el 6 de diciembre con el titular de la cartera, Pablo Mieres, para ponerse al tanto de las actuaciones.

“El día de esa reunión nos enteramos de que el socio mayoritario, el hijo del homicida (Augusto Radiccioni), se estaba presentando en los domicilios de los trabajadores y los llamaba por teléfono para ofrecerles acuerdos a espaldas de los abogados, por un monto que ronda la mitad de su liquidación. Y que estos acuerdos se estarían llevando adelante en el Ministerio de Trabajo”, indicó a El País la abogada.

A la reunión con Daverede asistirán los sucesores de Bruzzone y Percovich, que en total tienen 50% de las acciones de la sociedad y no comparten ni estaban al tanto de las negociaciones llevadas adelante por Radiccioni. El socio mayoritario tiene el restante 50% de las acciones.

Para Romero, teniendo en cuenta que las familias de las víctimas no aprueban los acuerdos y que no se les comunicó a los abogados defensores, se “ronda la actividad ilícita”.

La doctora aspira a que se genere una mesa de negociación tripartita entre el Ministerio de Trabajo, los exempleados y los tres accionistas.

De momento, Radiccioni llegó a un arreglo económico con siete de una veintena de extrabajadores, según Romero, que subrayó que el monto adeudado supera al pactado en estos acuerdos.

En tanto, en el Ministerio de Trabajo entienden que los acuerdos se ajustan al marco normativo.

Fuentes oficiales explicaron que recabaron informes de las oficinas de la cartera en Pando, donde “efectivamente hubo un control sobre las liquidaciones, y después las formalidades se dieron como se tenían que dar”.

Para la resolución de conflictos individuales hay dos vías. Una de ellas es la audiencia de conciliación, que en la mayoría de los casos requiere de asistencia letrada. El otro camino son los acuerdos voluntarios, cuando el trabajador y el o los empresarios llegan a un pacto y lo firman ante el Ministerio de Trabajo. Esto fue lo que ocurrió con Radiccioni y los exempleados.

Las fuentes reconocieron, sin embargo, que “hay un plano subjetivo de si esas liquidaciones están bien o mal” hechas. “No obstante, nosotros chequeamos que el Ministerio de Trabajo realmente controlara las liquidaciones y haya cumplido con las formalidades del acuerdo voluntario. Lo que tenemos es que fue correcto”, acotaron. Por otro lado, sobre la falta de aval de los Bruzzone y los Percovich, una fuente indicó que desconoce la composición societaria. “Si hay grises o no, nos subrogamos a la Justicia y será la Justicia la que determine si hay un proceso de nulidad o no”, sostuvo.

“Ojalá que a esos jueces que han contribuido al mantenimiento de la prisión domiciliaria no les ocurra nunca que les asesinen cobardemente a un hijo. Si les llegara a ocurrir van a sentir la misma sensación de rabia e impotencia. Lo siguen matando con la ratificación de esa ridícula medida cautelar”, escribió en una carta a El País Antonio Bruzzone, padre de una de las víctimas.