DURANTE TRES AÑOS

El Banco República Oriental del Uruguay (BROU) depositó por un error informático más de $ 18 millones (unos US$ 500.000) a una comerciante entre 2016 y 2019. El dinero debía ser pago a otro empresario y la beneficiaria se niega a devolverlos.

Ante la negativa, la entidad bancaria inició una demanda civil en el Juzgado de Atlántida de 3er Turno contra la clienta por “pago de lo indebido”. Meses más tarde, el BROU presentó una demanda penal contra la usuaria por presunta apropiación indebida.

El expediente judicial, al que accedió El País, señala que la abogada Lilián Fleitas, en representación del BROU, solicitó a la Justicia de Atlántida el embargo de bienes y del contenido de un cofre fort de la comerciante que podría contener objetos de valor.

El banco explicó a la Justicia que entre 2016 y 2019 la propietaria de un supermercado recibió varios depósitos millonarios por un “error cuya causa no fue posible determinar” a pesar de las investigaciones desarrolladas por los servicios del banco para indagar qué sucedió.

Los depósitos derivan de la operativa de pago a comercios instrumentada con una empresa internacional por ventas con tarjetas de créditos, señaló el banco.

Cada comercio que acepta como medio de pago una tarjeta debe indicarle a la compañía central la cuenta y el banco por el cual desea cobrar el producido de sus ventas con el mencionado sello, independientemente de qué banco sea el emisor de la tarjeta.

Cuando se realizó un cambio en el sistema informático central del BROU, éste debió informarle a la empresa de tarjeta de crédito los nuevos números. Es decir, si el comerciante A por el viejo sistema tenía la cuenta con el número 222, al pasar al sistema nuevo se le debía adjudicar un número de cuenta distinto. Por ejemplo, 333. La migración de las cuentas generó errores, según dice el escrito del BROU.

“Durante varios meses se fueron corrigiendo los errores en forma manual en los sistemas de varias de esas cuentas, mayoritariamente por reclamos de comercios que no percibían el producido de sus ventas. Se generaron cientas de transferencias entre cuentas que no debieron recibir créditos por ventas de tarjetas a las cuentas correctas”, se aseguró en el documento del BROU.

El 10 de noviembre de 2021, el juez de Atlántida, Federico Soler, hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por el banco estatal. Así, se embargó los bienes y el cofre fort de la usuaria.

“La apariencia de buen derecho luce acreditado al haberse probado que el BROU depositó erróneamente en la cuenta de la empresaria una suma superior a los $ 18 millones”, afirmó el magistrado en su fallo.

Y advirtió: “El alto monto depositado por error en la cuenta de la señora comerciante hace verosímil que el derecho del BROU al cobro de lo pagado indebidamente se vea frustrado en caso de no adoptarse las medidas cautelares requeridas (embargos)”, concluyó el juez.

Los abogados de la comerciante, Daniel Burgos y Martín Etcheverry rechazan la demanda del BROU.

“No consta que haya sido el banco que haya pagado a nuestra cliente. Podría ser la empresa dueña de la tarjeta. Es improcedente que el banco reclame el equivalente a US$ 500.000 a mi defendida”, explicó Burgos.

El 8 de junio de este año, Burgos y Etcheverry presentaron en el Juzgado de Atlántida un escrito donde señalan que el BROU no alega haber devuelto las sumas a la empresa propietaria de las tarjetas de crédito ni haber pagado al destinatario final de esos fondos -otro comerciante-.

Es decir, los abogados de la comerciante que recibió los US$ 500.000 desconocen a quien correspondería devolver dinero si es que éste debería ser restituido. “Tampoco se sabe cuánto dinero se deberá pagar al Banco República o a la empresa dueña de la tarjeta, la que no hizo ningún reclamo”, explicaron en el escrito los abogados Burgos y Etcheverry.

Para hacer más complejo la trama del caso, los abogados defensores señalaron que el Banco República no puede alegar que se empobreció con el error informático. En su opinión, el dinero no era suyo sino de la empresa titular de la tarjeta de crédito.

Y agregaron que tampoco se configura la apropiación indebida de su defensora. “En cuanto al reclamo de pago de lo indebido, entendemos que el juicio debería ser iniciado por la empresa propietaria de la tarjeta o el comerciante titular del dinero que no le fue abonado”, se aseguró en el documento presentado ante la Justicia.

Por ello, Burgos y Etcheverry entienden que al banco estatal le falta legitimidad para iniciar una demanda civil y una denuncia penal contra la comerciante debido a que oficiaba de gestor de una tarjeta de crédito.