Atentado en el Buceo: suman más delitos a los imputados y Fiscalía dice que "rendían cuentas" a Albín

La teoría de la Fiscalía apunta a que el crimen se cometió en un contexto de guerra de las bandas de "Los Colorados" y "Los Albín" de Cerro Norte

Policías trabajan en Luis Alberto de Herrera y la rambla, en Buceo, tras una balacera.
Policías trabajan en Luis Alberto de Herrera y la rambla, en Buceo, tras una balacera.
Foto: Ignacio Sánchez/El País

Antes de atacar a Axel Mattos (sindicado como líder de la banda "Los Colorados") y a su familia, dos de los imputados les hicieron un seguimiento previo de media hora, aseguró la Fiscalía de Homicidios en una audiencia judicial realizada esta semana. El crimen ocurrió en febrero de 2025 en la Rambla y Luis Alberto de Herrera, y actualmente hay tres hombres imputados. En esta nueva audiencia, a la que asistió El País, se les sumó un nuevo delito y una agravante, pese a la discrepancia de sus defensas. Dos de los tres imputados manifestaron su disconformidad tanto con la Fiscalía como con la cobertura periodística del caso.

La tesis fiscal es que Víctor Albín —señalado como integrante clave de la banda de "Los Albín" de Cerro Norte— "instó" desde la cárcel a los otros dos imputados a atacar a Mattos por ser el líder de la banda rival. La víctima iba conduciendo su auto por Luis Alberto de Herrera y, al cruzar la Rambla, un hombre le disparó desde una moto. Luego, el tirador abandonó el vehículo y subió a un auto que lo esperaba para asegurar la huida. La Fiscalía identificó al tirador con el alias de "Tocho", mientras el conductor fue nombrado con su nombre y apellido reales. Mattos resultó ileso, pero la peor parte la llevó su pareja, Alexa Berón, quien iba en el asiento del acompañante; recibió varios tiros, pero se recuperó. Al hijo de ambos, que iba sentado atrás, lo rozó una bala.

Este martes, la Justicia sumó —a pedido de la Fiscalía— la imputación por un delito de asociación para delinquir y agregó una agravante al homicidio. Los tres ya estaban procesados por un delito de homicidio especial y muy especialmente agravado. La nueva agravante computada fue la premeditación, la cual, para la Fiscalía, surge de los videos que muestran el seguimiento de media hora previa al ataque. Recordaron que, según su teoría del caso, el tirador y el conductor salieron del barrio Verdisol con diez minutos de diferencia, haciendo cada uno un "camino totalmente diferente" hasta encontrarse en el mismo lugar. "Obviamente está todo conectado; salvo que se lean la mente, claramente hubo un punto de encuentro", alegaron.

Asimismo, se mencionó que, tras el atentado, personas vinculadas al grupo estuvieron "merodeando" el lugar donde estaba internada Berón, controlando quién la visitaba e incluso contactaron a una enfermera para obtener información sobre su estado.

Por otra parte, se solicitó agregar el delito de asociación para delinquir al entender que los tres se asociaron para cometer varios ilícitos vinculados a los estupefacientes. Según el relato fiscal, de los mensajes de texto entre el conductor y Víctor Albín surge que se le "daba cuenta" de lo que pasaba al líder y que, "en todas las conversaciones, Albín da el 'ok'". Aseveraron que "no es la primera vez que le rinden cuentas a Víctor Albín por diferentes acciones delictivas cometidas por esta asociación".

Los abogados de los imputados plantearon cuestiones distintas, pero todos se opusieron a agregar estos delitos. El defensor de Albín aseguró que las fiscales "especulaban" con la evidencia y que no individualizaron el rol de cada uno en la supuesta organización. La abogada de "Tocho" sostuvo que no tuvieron acceso a las pruebas utilizadas por la Fiscalía. Por último, la representante del conductor señaló que, a su juicio, se había vencido el "plazo razonable" de la investigación y reclamó que su cliente fuera puesto en libertad de forma inmediata.

Conflictos en la audiencia

La audiencia estuvo marcada por intercambios hostiles. Albín y "Tocho" reclamaron —pese al pedido de la jueza Andrea Aíta de no hacerlo— que la Fiscalía "hiciera su trabajo, ya que trabajan para el Estado", señalando que le "arruinaban la vida". También apuntaron contra el trabajo periodístico, reclamando que las cosas no son como se publican y enfatizando que en este caso "no hubo sicariato". El sicariato es una agravante muy especial del homicidio que nunca fue configurada en este caso. Albín está imputado como coautor de una tentativa de homicidio, bajo la hipótesis prevista en el artículo 61.1 del Código Penal, que prevé responsabilizar a quienes "determinan a otros" a cometer un delito.

Habiendo pasado la mitad de la audiencia y ante los insistentes reclamos de Albín, quien se dirigía directamente a la Fiscalía (lo cual está prohibido), la jueza decidió retirarlo de la sala y ubicarlo en una contigua, donde pudo ver y oír la audiencia, pero no intervenir.

Entre los abogados y la Fiscalía también surgieron conflictos. Los representantes de los imputados reclamaron no haber accedido a toda la evidencia; aunque la Fiscalía sostenía que sí, se realizó un receso de más de una hora para revisarla. Una vez reanudada, el defensor de Albín dijo que recién se les facilitó el acceso a los archivos diez minutos antes de la audiencia. La Fiscalía insistió en que ya tenían todo desde abril y que no se "ocultó nada", agregando que sabían desde hacía una semana que se realizaría esta audiencia y debieron haberlo previsto.

"Enorme logística, gran poderío" y una condena por falso testimonio

La Fiscalía ha hecho énfasis en las dimensiones de esta organización, destacando que para asegurar la huida se usó más de un vehículo e incluso varias viviendas. Este martes, informaron que en otro juzgado, una Fiscalía de Flagrancia logró una condena por falso testimonio vinculado al caso.

En junio del año pasado, un testigo clave fue citado a sede judicial. Él había declarado ante la Policía —y firmado el acta— que había escuchado una conversación telefónica que indicaría que Albín mandató a los autores materiales a cometer el crimen. Al ser citado por la Fiscalía, ratificó lo dicho inicialmente. Sin embargo, al momento de declarar frente a la jueza, dijo que no sabía nada sobre el tema. Ante la insistencia de las fiscales, se limitó a contestar que en la Policía “no había leído bien el acta” y que no recordaba lo dicho en la Fiscalía.

El joven fue condenado por un acuerdo abreviado a una pena de tres meses de libertad a prueba por un delito de falso testimonio. Surge del expediente al que accedió El País que el testigo luego declaró tener miedo y no querer tener problemas con los imputados.

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