Astesiano, Cendoya y Antel Arena: los megacasos de 2023

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Por Eduardo Barreneche
Ya sea por sus coletazos políticos, algo de morbo o la espectacularidad del hecho, hay casos que sacuden a la población. Hoy se reanuda la actividad judicial y, para este año, hay ocho asuntos penales sobre el tapete que cubren todo el espectro de intereses de la opinión pública. Entre ellos aparecen los casos de Operación Océano, el caso Astesiano, los gastos en la construcción del Antel Arena, la fuga del mafioso Rocco Morabito, el expediente sobre Cendoya, el supuesto desfalco millonario de una corredora de Bolsa, las presuntas estafas de la agencia de viajes Transhotel y la muerte de un joven con una chumbera en el marco de una broma en Tacuarembó.

Se trata de la mayor investigación de delitos sexuales de la historia judicial del país. En un principio, la entonces fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, logró la formalización de la investigación para 33 personas por el delito de promesa de retribución o retribución a menores de edad para que cometan actos eróticos. Después de dos años de indagatorias, cambios de fiscales y de jueces, de los 33 imputados, 20 resultaron responsabilizados por sus vínculos con menores. De ese grupo, 11 enfrentarán juicios penales y nueve acordaron con la Fiscalía procesos abreviados. Los restantes 13 investigados fueron sobreseídos. La Suprema Corte de Justicia se expedirá sobre un recurso de nulidad presentado por abogados de imputados.

El excustodia presidencial, Alejandro Astesiano y otros tres implicados enfrentan una prisión preventiva hasta el 23 de marzo de 2023. La fiscal Gabriela Fossati los investiga por presunta falsificación de documentos uruguayos para ciudadanos rusos y ucranianos. Chats de Astesiano con jerarcas policiales determinaron que Fossati abriera una segunda línea de investigación por presunto tráfico de influencias por parte de los jerarcas de la Policía.

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, presentó en la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos de 1° Turno una denuncia por eventuales irregularidades en la construcción del Antel Arena. Uno de los ejes del escrito expresa que la administración pasada del ente realizó las obras sin llamar a licitación, escudándose en que se encontraba bajo un régimen de competencia en el mercado de celulares. En el caso ya declararon como indagados la intendenta de Montevideo y expresidenta de Antel, Carolina Cosse, entre otros exjerarcas de la empresa pública.

El llamado “rey de la cocaína”, Rocco Morabito fue detenido en un hotel de Montevideo en 2017, tras residir 13 años con otra identidad en Punta del Este. Luego se fugó de Cárcel Central en junio de 2019 y fue nuevamente detenido en João Pessoa, ciudad ubicada en el noreste de Brasil en mayo de 2021. El 5 de junio de 2022 fue extraditado a Italia. La Fiscalía de Delitos Económicos de 2° Turno, a cargo de la fiscal Silvia Porteiro, investiga la presunta complicidad de policías en el escape de Morabito.

Nicolás Cendoya, exdirector de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) y entonces candidato por el Frente Amplio para el Directorio de Antel, es investigado por el fiscal Diego Pérez. Durante la formalización de la investigación, Pérez le atribuyó a Cendoya supuestas irregularidades en las inspecciones a radios comunitarias y en adjudicaciones de contratos de ondas y de negocios de televisión para abonados.

El 5 de julio de 2022, el Banco Central del Uruguay (BCU) intervino preventivamente y con suspensión de actividades a la empresa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A. debido a las “importantes pérdidas” sufridas por algunos clientes. Abogados de los damnificados presentaron denuncias penales en la Fiscalía contra la titular de las empresas, Sara Goldring, alegando que sus clientes perdieron unos US$ 100 millones.

El 22 de agosto de 2022, la agencia de viajes Transhotel cerró sus puertas. El 19 de setiembre del año pasado, la abogada María Graciana Abelenda presentó el concurso necesario de la agencia de viajes Transhotel por la decena de cheques sin fondos librados por la empresa y por el gran número de personas damnificadas. Son más de 600, según dijo el fiscal que investiga el caso, Fernando Romano. Se estima que el monto del supuesto ilícito oscilaría entre US$ 300.000 a US$ 500.000.

El 19 de febrero de este año, durante un campamento de amigos en un campo de Tacuarembó, un joven pretendió hacer una broma y disparó con una chumbera a dos compañeros. Facundo Cuadrado, entonces de 18 años, recibió un disparo en la cabeza y quedó con muerte cerebral. Días más tarde falleció. El 21 de abril, a pedido de la fiscal, Claudia Lete, la Justicia formalizó al joven que le disparó a Facundo por un delito de homicidio agravado y lesiones personales.