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Un apartamento en el eje de trama de abusos sexuales a menores

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La Dirección de Crimen Organizado perició el celular de una adolescente y descubrió un caso impensado de explotación sexual. Foto: Pixabay

OPERACIÓN OCÉANO

Un hombre y su pareja otorgaban el inmueble a las jóvenes que se prostituían a cambio de una renta, según revelaron pericias al celular de una adolescente.

Un solo celular de una de las adolescentes víctima de explotación sexual por adultos reveló detalles escabrosos. Ya son 20 los imputados por la investigación realizada por la Fiscalía de Delitos Sexuales y la Dirección de Crimen Organizado e Interpol. La lista de sospechosos es larga y el final de la investigación aún no se avisora.

Empresarios y profesionales ofrecían a adolescentes dinero, regalos, paseos en autos de alta gama, viajes y cruceros en yates en Punta del Este con el propósito de explotarlas sexualmente.

“Este delito no lo cometen las personas pobres”, dijo a El País la fiscal del caso, Darviña Viera afuera del Juzgado Penal en la noche del jueves 4.

El intercambio de chats de Whatsapp de S, uno de los adultos a los que la Justicia decretó el inicio del proceso penal en su contra por contribución a la explotación sexual a personas menores de edad, permitió a Viera encontrar un grupo donde este individuo y su concubina Ana (nombre ficticio), intercambiaban mensajes con jóvenes.

En el grupo de Whatsapp, S y Ana aluden a una “renta” del apartamento para que las jóvenes lo utilicen para recibir a sus acompañantes y por el cual el imputado y su concubina les cobraban una tarifa, según consta en la solicitud de formalización publicado en la página web de la Fiscalía de la Nación.

Así, S le ofreció a la adolescente Fiorella (nombre ficticio) en el mes de Febrero de 2019, dicho apartamento para usarlo contra el pago de dinero y le envió la dirección del mismo, expresándole que iba a estar allí con su novia.

Según la Fiscalía, de los chats relevados surge que Ana se comunicaba con las jóvenes utilizando un alias y era quien se encargaba de agregarlas al grupo de conversación.

Ana participó de la publicación donde se ofrecía a las jóvenes en una página web donde se publicitan servicios sexuales.

Además la mujer se encargaba de realizar los pagos de la página mediante depósito en una red de cobranzas, todo lo cual consta en la carpeta investigativa de Fiscalía.

Ana participaba activamente de la logística de la renta del apartamento al grupo de jóvenes participantes y también las organizaba en forma activa.

Consultada por El País, la fiscal Viera respondió: “Tengo a una adolescente (víctima) confirmada. Y tengo información de que podría existir la posibilidad de que hubiera más adolescentes” explotadas sexualmente por S y Ana.

S reconoció ante la fiscal Viera y a las fiscales adscriptas Fulvia Fravetto y Giuliana Realini, que contribuyó a la explotación sexual de una adolescente mediante el ofrecimiento del apartamento a cambio de una retribución económica.

Ana también participaba activamente de esta actividad, en calidad de autora, según consideró la Fiscalía. A juicio de la fiscal Viera, Ana incurrió en un delito explotación de la prostitución, por la cual obtuvo una renta.

En Punta del Este.

La investigación de la fiscal Viera y de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol comenzó a fines del año 2019 por una denuncia relacionada a un presunto abuso sexual. Luego se logró la incautación del celular de una adolescente.

Las pericias realizadas por el Departamento de Delitos Informáticos de Crimen Organizado revelaron que la víctima mantenía conversaciones con varios adultos, dentro de las cuales se encuentran chats con las 20 personas ya imputadas por retribución o promesa de retribución a una adolescente para que ejecute actos sexuales o eróticos.

La investigación sigue con más sospechosos de mantener relaciones con dicha adolescente.

La Fiscalía ya trabaja con otras seis víctimas que también eran explotadas por empresarios, comerciantes y profesionales, entre otros.

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