INVESTIGACIÓN

El fiscal Diego Pérez ordenó ayer a Inteligencia Policial que realizase seis allanamientos a exjerarcas, asesores jurídicos y funcionarios de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) buscando documentos relacionados con decisiones adoptadas en el anterior gobierno.

Según dijeron fuentes del caso a El País, los policías obtuvieron en los allanamientos carpetas que podrían contener material oficial.

En la víspera fue allanada la casa de un exfuncionario de la Ursec investigado por extraer una carpeta de color verde del organismo cuando había renunciado hace dos meses y retornado a su cargo en el Poder Judicial. Esta persona trabajaba para el director del Frente Amplio en la Ursec, Nicolás Cendoya. Las filmaciones lo muestran retirando la carpeta y destruyendo documentos.

Las fuentes presumen que el material destruido estaría relacionado con adjudicaciones de frecuencias y ondas realizadas por el gobierno anterior.

También fueron allanadas las casas del director Cendoya, del secretario general de la Ursec, dos abogados -uno de ellos vinculados a la secretaria del jerarca frenteamplista- y un particular, cuyo nombre no trascendió ayer.

Las cámaras de videovigilancia registraron el ingreso del acusado a las oficinas de la Ursec. En los videos que maneja la Fiscalía se detalla que a las 12.26 horas el denunciado desciende del segundo piso de secretaría general con una carpeta. Mira hacia la oficina de la secretaria personal de Cendoya, quien no estaba en su despacho. Vuelve a otra oficina donde un grupo de funcionarios despedía a uno de sus compañeros que se jubilaba. Estaban compartiendo unos sándwiches como forma de despedida.

A las 12.52 horas, la secretaria de Cendoya vuelve de ese lugar donde compartían los sándwiches, y había ingresado el denunciado de destruir y sustraer documentos. La mujer retorna con la famosa “carpeta verde” que se lo había visto al exasesor de Cendoya deambular por las oficinas.

A las 12.53 ya se ve a este hombre acusado de sustraer documento de las oficinas, donde trabajaba tiempo atrás, sin esa “carpeta verde” Poco tiempo después, precisamente a las 13.09, se observa a los dos: el acusado y la secretaria de Cendoya juntos en el edificio.

La semana pasada El País dialogó con el expresidente de la Ursec Gabriel Lombide, quien afirmó que el hombre acusado de destruir y sustraer documentos de la Ursec trabajaba para Cendoya.

“Era un funcionario joven, muy dinámico”, dijo Lombide. Y aclaró que “básicamente trabajaba para Cendoya”.

Tras esto, El País se contactó telefónicamente con el hoy imputado para conocer su versión de lo ocurrido.

“Por el momento prefiero no hacer ningún tipo de declaración. Porque formalmente no me enteré más que por la prensa de todo esto. Nadie me notificó de Fiscalía ni nada”, dijo al ser consultado.

“Pero imagino que usted recuerda qué papeles fue a destruir”, consultó El País.

“Yo recuerdo haber estado en la Ursec”, respondió. “Yo no te voy a responder eso. Porque no se lo respondí ni siquiera al fiscal”, agregó.

Cendoya dio una entrevista a La Diaria, donde comentó que desde 2015 la Ursec tiene todos los documentos digitalizados.

Esta persona es investigada por el fiscal Pérez por incurrir en delitos contra la fe pública, según el Código Penal.

El artículo 244 de dicho compendio de normas refiere a la destrucción, supresión, ocultación de un documento o de un certificado verdadero: “El que destruyere, ocultare, suprimiere en todo o en parte un documento o un certificado verdadero será castigado con las penas que el Código establece para la falsificación de tales documentos”.

El miércoles 3 El Observador informó sobre una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos delictivos, debido a que un exfuncionario de la Ursec sustrajo y destruyó papeles en una máquina trituradora.

El Poder Ejecutivo envió unas 20 venias al Poder Legislativo para que la Cámara de Senadores las analice y apruebe. Allí hay nombres de la coalición de gobierno y también de los propuestos por el Frente Amplio.

Pero hay un nombre que el gobierno que lidera Luis Lacalle Pou decidió dejar en suspenso: el propuesto por la oposición para Antel. Es que el gobierno decidió esperar el avance de la investigación judicial en la que está involucrado indirectamente Cendoya, antes de mandar su venia al Parlamento.

Desde el Ejecutivo señalaron a El País que están monitoreando muy de cerca el avance de la investigación, y que por el momento no tienen pensado enviar la venia sugerida por el Frente Amplio para ocupar un sillón en el directorio de Antel. “Está la justicia actuando y corresponde esperar. Las cosas se tienen que hacer con cautela”, comentó una de las fuentes del gobierno consultadas ayer a la tarde por El País. Unos minutos antes, la fuente había sido informada sobre los allanamientos ordenados por Pérez.