MEDIDA
El sindicato de funcionarios aduaneros presentará una demanda colectiva por los supuestos daños provocados por tres reestructuras realizadas en 2013, 2016 y 2019.
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El gremio de Aduanas iniciará una juicio al Estado por US$ 33 millones tras suspender el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) un decreto del gobierno anterior que promovió una reestructura en el organismo, dijo a El País el secretario general de dicho sindicato, Basilio Pintos.
Según la Asociación de Funcionarios Aduaneros, la reestructura en Aduanas dañó a los empleados del organismo porque afectó su carrera funcional y sus ascensos.
“La Administración ahora va a enfrentar un pleito por lesión de derechos a trabajadores entre 2017 y 2021. Ya tenemos 359 firmas de funcionarios. Nuestro equipo jurídico estimó que cada funcionario deberá reclamar $ 4.160.000”, expresó Pintos.
Por su parte, el presidente del gremio, Roberto Valdivieso, dijo que la reestructura generó nombramientos “arbitrarios” de funcionarios aduaneros y “desplazó” a otros.
“Esos funcionarios son los que realizan la demanda millonaria”, agregó el presidente del sindicato de Aduanas.
Nulidad.
La primera reestructura organizativa en Aduanas se realizó en 2013, con el decreto 204. Esta norma fue impulsada por el entonces director de esa repartición estatal, Enrique Canon. Posteriormente, el sindicato presentó un recurso de revocación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En 2016, el Tribunal anuló el decreto 204 al entender que este “violentaba la carrera administrativa” de los aduaneros.
Poco después, Canon logró que el gobierno liderado por Tabaré Vázquez promulgara el decreto 256, que también fue anulado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 2019. El Tribunal también consideró que el decreto 256 afectaba la carrera laboral de los aduaneros.
En 2019, con anuencia de la Oficina de Servicio Civil, el gobierno de Vázquez emitió el decreto 315 que, por tercera vez, modificaba la carrera funcional en Aduanas. A su vez, el sindicato aduanero presentó un tercer recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso. Conjuntamente con la demanda, el gremio solicitó al Tribunal la suspensión total del decreto 315 argumentando que este provocaba “perjuicios graves” a los trabajadores del organismo.
El gremio también advirtió al Tribunal que los daños a funcionarios se mantenían incambiados con el tercer decreto, a pesar de las dos sentencias del TCA que anularon resoluciones anteriores que promovían reestructuras en el organismo.
Por su parte, el representante de Presidencia de la República alegó ante el Tribunal que el decreto “no resulta manifiestamente ilegal”, “no viola ninguna norma”, “no vulnera el derecho al ascenso y a la carrera administrativa” y que “se adecuó” a anteriores decisiones del TCA. También rechazó que la aplicación del decreto generara algún tipo de perjuicios a los funcionarios aduaneros.
En su fallo, el Tribunal de lo Contencioso hizo lugar a la suspensión del decreto 315 por entender que quedó probada la entidad de los daños sufridos por los funcionarios por la reestructura.
Y afirmó que dicho decreto “vuelve a instaurar” un régimen transitorio de funciones en Aduanas, por lo que ello configuraría una “ilegalidad”. El fallo definitivo del Tribunal será dictado en los primeros meses del próximo año.
El 18 de agosto pasado, el gremio fue notificado de la tercera sentencia del TCA. Tras considerar que ello beneficiaba sus intereses, el sindicato comenzó a recoger firmas para iniciar una demanda civil colectiva. A principios de este mes, el abogado del gremio, Juan Pablo Decia, solicitó una audiencia de conciliación con el Estado que estaba prevista para el viernes 10. Por un aspecto formal la audiencia no se hizo. Se fijará una nueva fecha.
Jerarcas del Ministerio de Economía declinaron hacer comentarios para esta nota.
Denuncian costo elevado de reestructura
El presidente del gremio aduanero (AFA), Roberto Valdivieso, dijo a El País que la Dirección Nacional de Aduanas gastó cerca de US$ 800.000 en consultorías para implementar la primera reestructura en el organismo en 2013. Y agregó que la puesta en marcha de dicho programa en la institución generó un costo de US$ 23 millones de dólares. De esa suma, el Banco Interamericano de Desarrollo aportó US$ 11 millones y el resto el Estado, dijo Valdivieso.