Una administradora de un edificio ubicado en el Centro de Montevideo fue denunciada penalmente por supuestos delitos de estafa y apropiación indebida. El escrito fue firmado por 85 propietarios de apartamentos, oficinas y locales comerciales. Esto pasó en 2012, pero la investigación continúa hasta nuestros días.

Tras la demanda, la fiscal a cargo entendió que no había mérito para continuar con la investigación y la archivó. Pero en 2015, la administradora demandó a los 85 dueños de los apartamentos y locales comerciales -incluido un banco de plaza- por daño moral. Reclamó el pago de $ 42.129 más intereses que aportó para cubrir gastos comunes de 2011 y una indemnización por daño moral de $ 800.000, que es lo que gastó en abogados durante el proceso penal en su contra.

El 20 de marzo de este año, la exadministradora y los dueños de los apartamentos se vieron las caras en una audiencia realizada en el Juzgado Civil de 3er Turno.

En dicha instancia, la jueza Claudia Alejandra Muguiro intentó una conciliación entre las partes, la que no tuvo andamiento. La magistrada resolvió fijar una nueva audiencia para el 27 de julio de este año donde continuará el juicio iniciado por la exadministradora del edificio céntrico.

La administradora gestionó los ingresos y erogaciones del edificio desde 1999 hasta 2011, es decir que lo hizo durante 12 años. Los gastos comunes del edificio se pagaban a mes vencido y eran “muy bajos”, dijo la administradora en su demanda.

Señaló, también, que recién a los dos meses de atrasos en los pagos de los gastos comunes se sancionaba a los copropietarios incumplidores.

“O sea pagaban poco y pagaban mal. Y tales copropietarios no querían un incremento de los gastos comunes a pesar de que los costos subieron en forma estrepitosa”, señala el escrito. Y agrega: “Esto llevó a que yo debiera adelantar dinero propio para sostener los (pagos) que el edificio debía hacer”. También se aseveró que después de muchos años de una relación sin problemas, algunos copropietarios del edifico creyeron que pagaban gastos comunes excesivos y hicieron una “especie de movimiento” para sacar a las autoridades que realizaban la administración de los gastos.

La comisión y la administradora del edificio fueron cesados. Después, las nuevas autoridades que gestionaban los ingresos y gastos del edificio convencieron a otros copropietarios a denunciar penalmente a la exadministradora.

“Por ello, presentaron a la asamblea de copropietarios y ésta la aprobó, la realización de una denuncia penal contra mí afirmando que me apropié de dinero destinado a pagar los gastos comunes en forma indebida”, afirmó la demandante en el juzgado.

Tras señalar que en ningún momento se le pidió que realizara una liquidación de los gastos, la administradora dijo que sí se le solicitó que rindiera cuentas en un expediente penal. “Por lo tanto, se me ha insultado, se ha desmerecido mi personalidad. Como me dedico a la administración de edificios, que es mi modo honesto de trabajo, esto (la denuncia penal) me ha generado importantísimos daños y perjuicios y preguntas de una infinita cantidad de personas”, expresó la administradora.

Recordó que muchos de los copropietarios demandados no concurrieron a las asambleas que resolvieron la presentación de la denuncia penal contra ella. Sin embargo, dijo en el escrito, “nada hicieron contra el atropello que votaron sus copropietarios, por lo que son responsables por omisión”.

En la demanda civil, donde se detallaron los nombres de cada uno de los 85 demandados, la exadministradora dijo que el daño moral que sufrió es de importancia. Y agregó: “La denuncia penal me causó aflicción, conmoción interior, desazón y desesperanza. Estimo los daños y perjuicios vividos en el orden de $ 800.000”.