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A seis años del nuevo Código del Proceso Penal, cuáles son las grietas de un sistema cada vez más cuestionado

El Parlamento notificó al fiscal de Corte, Juan Gómez, que será citado en comisión por las filtraciones en Fiscalía.

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Nuevo Código del Proceso Penal. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País
Nuevo Código del Proceso Penal.
Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País

El 1° de noviembre de 2017 comenzó a implementarse el nuevo Código de Proceso Penal (CPP). En estos seis años, el sistema penal muestra algunas luces, pero también sombras. Hay grietas que con el tiempo se vuelven cada vez más evidentes.

Entre los aciertos se encuentra la determinación de los roles de cada parte del juicio penal: el fiscal acusa, el abogado defiende y el juez resuelve. Otro elemento positivo es que los casos penales dejaron de dictaminarse entre cuatro paredes, como ocurría con el viejo código, y se hicieron públicos. Los periodistas pueden acceder a audiencias -con excepción de aquellas que hay menores en calidad de víctimas- y los juicios comenzaron a ocupar cada vez más espacios en los medios de comunicación.

Otro acierto del nuevo CPP es la cantidad de casos tratados. El viejo código, donde era el juez quien investigaba y también resolvía, llevaba a juicio el 9% de los casos que llegaban. El nuevo sistema procesal penal, donde el que investiga es el fiscal, logró que ese guarismo alcanzara un 17%.

Con el antiguo código, solo eran investigadas las denuncias que ingresaban al juzgado luego de que estas pasaban por el “peine” del comisario o el encargado de la seccional de turno. Ahora el 100% de las denuncias se transforman en un hecho a investigar. Pero, como se ha dicho, el 17% de las novedades policiales terminan en un caso penal.

Siguiendo con las luces, las fiscalías de Flagrancia, Delitos Sexuales y de Homicidios tienen buenos niveles de casos aclarados, según supo El País de fuentes de Fiscalía. Sin embargo, como lo reconoció el 30 de agosto pasado en la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto del Senado el fiscal de Corte adjunto, Juan Gómez, esos resultados se obtienen muchas veces a costa de la “salud” de los fiscales, que están comúnmente sobrepasados de trabajo.

Dentro de los logros de la Fiscalía General de la Nación (FGN), Gómez recordó que el Índice Nacional de Transparencia e Información, elaborado por la Unidad de Acceso a la Información Pública, reconoció un incremento de la transparencia del organismo en el acceso a la información pública. Agregó que, en 2021, la FGN obtuvo un 75% sobre 100% en cuanto al otorgamiento al acceso a la información y, en 2022, la tasa fue de 88,8%.

En tanto, las sombras, o las grietas del nuevo Código del Proceso Penal, son claras. Para investigaciones complejas de tráfico de estupefacientes o delitos económicos ese compendio de normas “no sirve”, señalaron fiscales consultados por El País. Por ejemplo, el CPP carece de artículos referidos a incautaciones de celulares de los imputados.

En la mencionada comisión del Senado, la directora de Unidad Estratégica de la Fiscalía de la Nación, Adriana Sampayo, defendió la necesidad de crear cinco nuevas fiscalías, entre otros reclamos del organismo. “Hay fiscalías especializadas que están trabajando con un número muy alto de causas y por ello no son totalmente eficientes en el desarrollo de las investigaciones”, advirtió.

Otra grieta del CPP queda expuesta en las investigaciones de homicidios. Muchos testigos no van a declarar en las audiencias porque son amenazados por allegados a los imputados. Las fechas de las audiencias pasan y los fiscales pierden los casos. Con el viejo código ello no ocurría, porque la Policía buscaba a los testigos sin plazos y los llevaba al juzgado penal a declarar.

Otro problema que enfrentan los fiscales es que los oficiales de los casos, que conocen en detalle las investigaciones, a menudo son trasladados al interior del país. Ello genera, dicen las fuentes, retrasos en indagatorias complejas.

El futuro tampoco es prometedor. Hay entre 10 y 15 fiscales jóvenes que consideran irse del organismo y acogerse al beneficio de un subsidio del 85% de su salario. La norma los inhabilita por un año, pero al finalizar ese plazo podrán volver al ejercicio de la abogacía en materia penal. Esos exfiscales irrumpirán, muy probablemente, como defensores de imputados, y lo harán con un conocimiento profundo del funcionamiento de la Fiscalía.

Conferencia de prensa del fiscal de Corte, Juan Gómez. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País
Conferencia de prensa del fiscal de Corte, Juan Gómez.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Llamado al Parlamento por filtraciones

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi pretende convocar al Parlamento a Gómez para que dé explicaciones sobre “las reiteradas filtraciones de información sujeta a reserva que se ha venido divulgando públicamente”.

Consultado por El País, Gómez afirmó: “Se sospecha que la Fiscalía filtra investigaciones. Es al revés. Los únicos perjudicados por las filtraciones son los equipos fiscales”.

El jerarca recordó que los fiscales deben entregar las carpetas investigativas a las defensas de los imputados. Y reiteró que los equipos fiscales “no tienen ningún interés” en que se revelen sus teorías del caso.

“La Fiscalía no filtra absolutamente nada. Los fiscales tienen vocación y compromiso con la sociedad y están lejos de sembrar situaciones políticas o de otra índole; hay varias fuentes de filtración”.

Los casos Penadés y Astesiano también pusieron sobre la mesa las filtraciones.

Gómez reconoció a El País que un proceso “requiere ajustes” y puso como ejemplo el otorgar el acceso a las carpetas investigativas a las defensas por vía informática y no a través de un pendrive como ocurre en este momento. Y agregó: “Siempre hay muchas cosas para mejorar. En breve me citarán al Parlamento (por el tema de las filtraciones). Iré encantandísimo”.

Recursos para la Fiscalía

Las cuatro fiscalías de Delitos Sexuales manejan hoy 3.600 casos; es decir que cada fiscalía está arriba de 900 asuntos, dijo Sampayo en la comisión del Senado.

Fiscalía cuenta con un presupuesto de $ 1.655 millones (más de US$ 40 millones al tipo de cambio actual) y 700 funcionarios, lo cual es poco, según marcan en los recurrentes reclamos que se hacen.

En el Parlamento, Gómez también pidió fondos para la creación de una fiscalía de ejecución y vigilancia en Canelones. En ese departamento, dijo, hay unas 20.000 causas que están en proceso de ejecución, de vigilancia y de cumplimiento de penas. Ese trabajo, agregó, lo hace una sola fiscal adscripta responsable de una unidad que “está largamente excedida” en su capacidad funcional. “El mismo problema lo tenemos en Montevideo”, expresó.

Otra grieta

En la Fiscalía funciona el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación, integrado por dos fiscales y ocho abogados. Estos funcionarios analizan las denuncias y aquellas que no constituyen delito son archivadas. Operadores políticos consideran que debe aplicarse en la Fiscalía un sistema de aleatoriedad similar al del Poder Judicial. Desde la Fiscalía se argumenta que ello no es posible para todos los casos porque los fiscales trabajan por turnos y se autoasignan los casos. A la Fiscalía ingresan 26.000 denuncias mensuales. No obstante ello, la Fiscalía avanza hacia un sistema de aleatoriedad.

En comisión

Abogados piden cambios en el CPP

El 30 de agosto pasado, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech señaló en la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto del Senado que le inquietaba la situación “conflictiva” existente en la Fiscalía General de la Nación. Y recordó que agremiaciones de abogados cuestionaron el funcionamiento de dicho organismo.

Ante la delegación de la Fiscalía General de la Nación, Domenech leyó una nota del Colegio de Abogados del Uruguay donde manifiesta su preocupación por acciones que “ensombrecen” la historia judicial.

El Colegio habría recordado a todos los operadores del sistema de Justicia que deben conducirse con “decoro y prudencia” para “evitar que cuestiones personales, diferencias partidarias o decisiones tardías, confusas o inoportunas, pongan en riesgo la confianza en el sistema”. En otro tramo de su intervención, Domenech leyó un comunicado de la Asociación de Abogados Penalistas. El documento, firmado por el presidente de la agremiación, Juan Fagúndez, decía: “Entendemos que la situación actual es insostenible y que el sistema político debe implementar las reformas del Código del Proceso Penal que otorgue más garantías a víctimas, imputados y defensores a cuyos efectos hemos presentado ante el Parlamento nuestras propuestas”.

Con respecto al exfiscal de Corte, Jorge Díaz, la Asociación de Penalistas señaló que se debe “regular las incompatibilidades de los funcionarios que dejan sus cargos con las materias o las instituciones donde han ejercido puestos de poder”. También reclamó al sistema político que designe a un fiscal de Corte y Procurador General de la Nación que “termine con esta situación de provisoriato que no hace bien al Sistema de Justicia, a la Fiscalía General, ni a quien hoy ocupa ese cargo (Juan Gómez)”. Domenech recordó que el comunicado de la asociación fue firmado por abogados de todos los partidos políticos. En la comisión, Gómez respondió: “Hoy estoy como fiscal adjunto de Corte y si tuviera que empezar a hacer reproches diría que ustedes (los políticos) no han logrado en tiempo ponerse de acuerdo en el nombramiento, porque yo nunca me postulé”.

Funcionarios ganan cuatro demandas

Lucía Salvia, directora del Departamento Jurídico Contable de la Fiscalía General de la Nación, dijo el 30 de agosto pasado en el Parlamento que el organismo necesitaba una partida anual para cumplir con cuatro sentencias judiciales definitivas a favor de funcionarios.

La jerarca relató a los senadores de la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto que, en un documento entregado por la Fiscalía al Senado, estaba el detalle de los expedientes judiciales y el número de funcionarios comprendidos. “Lo único que corresponde destacar es que se corre el riesgo de una condena en astreintes a la Fiscalía General de la Nación, puesto que esas medidas ya han sido solicitadas y aún no han sido decretadas” por la Justicia, afirmó Salvia.

Las astreintes son “sanciones económicas” que dispone un juez para las partes que no cumplen con una sentencia en el plazo dispuesto.

Según Salvia, la Fiscalía no cuenta con presupuesto para cumplir esos mandatos judiciales. “En la práctica quienes defendemos al Estado necesariamente dilatamos el pago”, sostuvo. Agregó que la situación económica de la Fiscalía determina que los costos para el Estado lejos de disminuir se incrementan. “Y más allá del desacato generado por el incumplimiento de las sentencias por parte de la Fiscalía, nos vemos obligados a seguir solicitando (al Parlamento) las partidas para afrontarlas, advertir la latente condena en astreintes y sobre todo la responsabilidad de evitar mayores costos al Estado”, dijo Salvia.

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