Inseguridad: el gobierno no es firme y la Justicia dispar

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DANIEL HERRERA LUSSICH

Dos mujeres que se dedican al reparto de alimentos en una camioneta fueron baleadas por dos sujetos que conducían una motocicleta, en Carrasco Norte. Seis individuos, la mayoría menores de edad, coparon una boutique de Pocitos a punta de pistola. Tres adolescentes que iban en bicicleta fueron interceptados por otros de la misma edad para lograr un magro botín, en Carrasco. Una mujer apareció muerta en el Cerro, y su marido -con varias denuncias de malos tratos- es el principal sospechoso. En Casavalle, el conductor de un ómnibus de la línea 155 fue asaltado por tres personas que se llevaron la recaudación. Un hombre fue abordado por un desconocido a la salida de un banco en Pocitos y en pocos segundos de forcejeo le robaron el dinero que recién había retirado. Dos encapuchados ingresaron violentamente en una estación de servicio en Punta Ballena, en Maldonado, llevándose más de treinta mil pesos. En Canelones, en El Pinar, otro individuo también intentó robar una estación de servicio. Estos son algunos hechos sucedidos, en apenas 24 horas, el mismo día en que Peñarol se enfrentaba con Santos en el Centenario.

La inseguridad pública es definitivamente el punto más débil del gobierno de José Mujica. No se observa solo en Carrasco, Malvín o Pocitos, sino también se vive con la misma intranquilidad en el Cerro, La Teja, Colón o los barrios carenciados.

Nadie se salva de vivir la angustia que provoca la creciente ola delictiva. Hechos que cuando ocurrían tiempo atrás daban origen a su relato en los medios y una línea final, que solo decía: "Se dio parte al juez". Pocas personas, o un mínimo, conocían los nombres de los magistrados. Hoy algunos aparecen con detonantes declaraciones en las primeras planas de los medios, como si fueran estrellas del deporte, emitiendo decisiones dispares ante casos parecidos de delitos.

Sin embargo, en el capítulo inseguridad, el mayor fracaso se le puede imputar al gobierno, el cual hasta ahora no ha resuelto encarar con firmeza el grave problema, lo que aumenta el temor de la sociedad. Hay certezas sobre la falta de una actitud decidida. El primer problema nace del conglomerado frenteamplista que impide una política frontal. Todavía se observan grupos fuertes cercanos al gobierno que conservan tradiciones caducas y cargan las culpas de la delincuencia exclusivamente a causas sociales. Todo se le adjudica a la desigualdad de la distribución de la riqueza. ¿Y la mujer asesinada en el Cerro también se debe a eso?

La presión que ejercen esos sectores impulsa a no apoyar la rebaja de la edad de imputabilidad, pero tampoco se presentan alternativas para llevar adelante una represión seria. Recién ahora, arrastrados por las decisiones coloradas y del Herrerismo, de reunir firmas para bajar la edad de imputabilidad, se agitaron las aguas y acaban de votar en Diputados mantener por dos años los antecedentes delictivos, luego de cumplir la mayoría de edad en los casos de delitos graves.

Por otra parte, la modalidad del hurto o la rapiña no constituye lo que se ha llamado "criminalidad de subsistencia", o sea que el que roba lo hace para comer (lo que daría sustento a la tesis de algunos grupos radicales sobre la etiología del delito). La realidad es que los autores de esos hechos visten championes y vaqueros de marca, y persiguen obtener celulares, computadoras, zapatos, camperas, relojes, bicicletas, whisky, cigarrillos y demás objetos parecidos. No roban un kilo de manzanas en una verdulería.

El gobierno ha acentuado su prevención en lo que denomina "operativos de saturación". Rodean el barrio, detienen a 40 o 50 sospechosos, a los que luego el juez decreta su libertad inmediata, salvo dos o tres casos de procesados por distribución de pasta base. Estos nuevos procedimientos han dado medianos resultados; las calles, los barrios siguen siendo terreno de nadie y los asaltos, rapiñas y hurtos continúan a diario, con costo de vidas.

Tampoco se observa en las calles una vigilancia permanente y adecuada. Los patrulleros no transitan con una regularidad que transmita calma a los habitantes.

el rol de la justicia. Pero además del gobierno, como se decía al principio de esta columna, el Poder Judicial también tiene una responsabilidad muy importante. Uno de los aspectos principales radica en la disparidad de decisiones de los jueces de Menores. Por un lado está la diferente aplicación de los distintos juzgados en la interpretación de la legítima defensa. Por otro, la interpretación que se hace con respecto al Código de la Niñez y de la Adolescencia. Se dio el caso cuando días pasados el juez Dr. Hugo Morales restituyó a los autores de una grave rapiña a su hogar cuando el mismo no aseguraba, ni cerca, las condiciones requeridas para el control y rehabilitación de los dos menores: una chica de 16 y un varón de 14. El argumento fue: "Nosotros tenemos que acudir en lo posible a medidas que no impliquen la privación de libertad". Obvio, el juez Morales no analizó previamente las condiciones de la familia de los menores: el padre está preso y la madre es drogadicta. Según opinión de abogados penalistas y conocidos juristas era un "caso" de internación.

Esta semana hubo varios heridos, entre ellos un empresario, un camionero y un funcionario policial. Y los protagonistas de uno de los incidentes con armas de fuego fueron dos menores de 13 y 15 años. El magistrado acordó internar a ambos infractores.

Esa disparidad de criterios clama a gritos que la Suprema Corte de Justicia, sin afectar la independencia de cada juez, se decida a dar orientaciones generales, obligada por la existencia de una crisis de inseguridad que despierta verdadera alarma en el cuerpo social. Y también que haga uso de su prerrogativa constitucional para ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica, sobre todos los tribunales y jueces a su cargo.

En las distintas actitudes del sistema judicial, en forma bastante fuera de los límites a los que se han ajustado siempre los magistrados, la fiscal, Dra. Mirtha Guianze y la jueza en lo Penal, Dra. Mariana Motta, nuevamente despiertan observaciones. La primera, que ocupó la fiscalía de Corte sin la venia del Senado, que exige la Constitución, acaba de sumar otro cuestionamiento al solicitar a la Suprema Corte aclaración sobre la calificación de "homicidio" y no de crimen de "lesa humanidad" en los expedientes que involucran a un grupo de militares en un juicio que ella actúa. La Corte con toda claridad de inmediato la amonestó.

En un artículo aparecido en "Correo de los Viernes", que allegados a las cúpulas coloradas indicaron que presumiblemente era de la pluma del expresidente Dr. Julio Ma. Sanguinetti, se señala que "el rosario de episodios en que la Dra. Guianze ha mostrado su parcialidad y una visión contaminada políticamente, es bien largo".

Sobre la Dra. Motta, el mismo artículo afirma: "Ahora se exhibe en esa marcha de militantes que este año adquirió connotación política de protesta contra la votación negativa del proyecto de ley interpretativa de la Caducidad... Nadie puede sentirse garantido en la imparcialidad judicial cuando un magistrado no tiene el menor recato en exhibir su definición política sobre los temas a su cargo". Y concluye: "El país nunca había visto algo parecido, fiscales y jueces militando abiertamente…". Aunque aclara que la Suprema Corte de Justicia comienza a insinuar una bienvenida reacción, pero no pasa de eso. Es necesario ir a más. En todos los aspectos. La Justicia no puede perder su imparcialidad, justamente -valga la redundancia- en momentos que la sociedad tiembla por la inseguridad.