Ignorarían voluntad popular y anularían la ley de Caducidad

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DANIEL HERRERA LUSSICH

Solo cinco meses después el episodio se repite. El gobierno intenta, desconociendo dos plebiscitos, dos pronunciamientos populares, realizados con 20 años de diferencia, 1989 y 2009, derogar la ley de Caducidad. Y ante la inminencia del vencimiento del plazo para abrir nuevos procesos (1º de noviembre), declarar la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante los años de dictadura.

La mayoría de los juristas consultados sostienen la inconstitucionalidad de la nueva iniciativa ingresada esta semana en el Senado. Se ignora con buen aire las decisiones de la sociedad uruguaya. Se busca nuevamente, luego del triste y severo papelón vivido en mayo pasado, cuando en Diputados se rechazó un proyecto similar, también presentado por el partido de gobierno. Se insiste con vericuetos en la anulación de la Caducidad, con una iniciativa con mínimas diferencias a la anterior aunque sí con confusos términos y manteniendo los mismos vicios.

Además se olvida o se ignora otro artículo de la Carta Magna, que prohíbe considerar un proyecto rechazado en el correr del mismo año legislativo.

¿Son errores cometidos en la urgencia de discutir el tema antes de la prescripción de eventuales delitos o nuevamente se corre riesgo de estar caminando por el pretil de la inconstitucionalidad?

No hay duda que el gobierno intentará otra embestida baguala, pese a ser blanco de duros golpes y desautorizaciones luego del vergonzante episodio de mayo pasado, renuncias mediante, expulsiones de la coalición y abierta desobediencia a los mandatos del voto imperativo, algo que todos los uruguayos tienen bien fresco en la memoria. Esta vez se asegura que han alineado a las mayorías necesarias en ambas cámaras y el proyecto se votará "sobre tablas" ente el lunes y miércoles próximo.

¿Qué ocurrirá ante la ola de denuncias inmediatas en los juzgados penales? Se originará, como lo había previsto el propio José Mujica en el polémico caso anterior, una cadena de reclamos e impugnaciones que abarrotarán los despachos y pondrán en jaque a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Seguramente.

Y la reconciliación nacional, reclamada mayoritariamente por el pueblo uruguayo en dos oportunidades, por las dudas que una no bastara, no llegará. Por el contrario aumentarán las tensiones, los enfrentamientos públicos y se agitarán aún más las brasas encendidas desde hace largos 35 años.

Todo indicaría que internamente la coalición de izquierda ha movilizado sus resortes desde las bases y confía en aprobar la ley. En mayo pasado también se consideraba un hecho la anulación de la ley de Caducidad. Pero terminó con un denostado Semproni y su voto decisivo en Diputados, la expulsión de Jorge Saravia de filas, hoy activo militante del Partido Nacional y la renuncia a la banca del actual ministro Eleuterio Fernández Huidobro. También se observó claramente una caída abrupta de la popularidad del Frente Amplio y especialmente de José Mujica con sus idas y vueltas, frases y frases, en incontenible verborragia y la sugerencia del impuesto a la tierra. Este proyecto que en un comienzo se encontraba a libro abierto, ahora parece no aceptar cambiar un punto o una coma, aunque todavía se encuentra paseando por los despachos legislativos. Todo el hecho terminó con un saldo negro.

Hoy afirman que no sucederá lo mismo, que se encuentra todo muy bien aceitado. No solo se pasa por arriba de la Constitución que dicta la imposibilidad de aplicar efecto retroactivo a las leyes sino que se desconocerá la voluntad popular. La coalición de izquierda, esta vez con mano férrea, sin deserciones, observará de lejos la institucionalidad del país y el Estado de Derecho. La oposición en pleno, blancos, colorados e independientes, no darán su votos.

LIBERTAD De CURBELo. En la reciente Visita de Causas y Cárceles, la Suprema Corte de Justicia, representada en el caso por los Dres. Jorge Ruibal y Jorge Larrieux decretó la libertad del conocido penalista Carlos Curbelo Tammaro. El encausamiento del abogado había tenido amplia repercusión en los medios, dado de que se trataba de un profesional de conocida y larga trayectoria y porque se utilizaron en ese proceso instrumentos creados por la ley 18.494 aprobada en el año 2008, hasta ese momento de aplicación inédita.

El proceso estuvo seguido por consecuencias muy particulares como la renuncia del juez de la causa, Dr. Álvarez Petraglia, que a su vez había denunciado a sus colegas de Maldonado, Dres. Gabriel Ohanian y Adriana Graziuso, que elevaron a la Suprema Corte de Justicia sus quejas sobre la situación creada a su respecto por aquel magistrado. Lo que determinó que el órgano máximo del Poder Judicial iniciara una investigación administrativa, que determinó la renuncia de Álvarez Petraglia a su cargo, para evitar ser investigado. También esos encuentros entre magistrados tuvieron como consecuencia la renuncia de varios fiscales a la asociación que los nuclea y de la que se apartaron definitivamente.

Pero los mayores cuestionamientos se han hecho por calificados abogados y profesores a los instrumentos procesales aplicados, en especial a la figura de la colaboradora y a las pesquisas secretas. Ocurre que en el caso, la colaboradora resultó procesada dos veces por el delito de estafa y tiene pendiente otras denuncias también por estafa o apropiación indebida, aún sin resolver, por lo que la propia ley se tornaría inaplicable; además de descalificar el testimonio de una persona que ha violado reiteradamente la ley.

Por otra parte, las pesquisas secretas, abolidas por nuestra Constitución desde 1830, constituyen un instrumento que empleaba la propia Inquisición, como medio de producir pruebas sin contralor alguno y a la sombra, sin garantía para los justiciables, lo que colide con un proceso garantista y liberal, propio de nuestro régimen constitucional.

Todo esto y los acuerdos, para otorgar libertades y hasta la clausura de los procesos a cambio de información, como se ha practicado en el caso, arrojan sobre el expediente serias presunciones de inconstitucionalidad, pues facilitan la arbitrariedad y despojan de garantías a los justiciables. Dice a este respecto el Catedrático de Derecho Penal de la Facultad de Buenos Aires, Prof. Dr. Ricardo Juan Cavallero, que en la búsqueda de un dudoso "eficientismo" para luchar contra el crimen organizado y de "interrumpir ciertos procesos o cursos lesivos catalogados como graves -supuestas amenazas contra la humanidad- se pretende legitimar la expansión sin freno del poder punitivo por lo que retorna revivido el esquema estructural del pensamiento inquisitorial" (Justicia Inquisitorial. El sistema de justicia criminal de la Inquisición Española, Editorial Ariel).