Habrá puja de precios por aeropuerto

La subasta del aeropuerto de Carrasco se concretará mañana, a pesar de los pedidos de suspensión que han formulado algunos sectores políticos, sindicales y empresariales, afirmó ayer a El País el secretario de la Presidencia, Raúl Lago. Por otra parte, El País pudo saber que al menos tres grupos empresariales tienen decidido participar en la subasta, al tiempo que un cuarto analiza el tema aún.

Hasta ayer, la empresa uruguaya de construcciones Ramón C. Alvarez, el fondo de inversión estadounidense Adevent, y un grupo integrado por empresarios uruguayos, españoles y canadienses, tenían decidido pujar en la subasta de mañana; en tanto, el grupo Aeropuertos Argentina 2000, del empresario Eduardo Eurnekián, no había adoptado una postura definitiva.

Ramón C. Alvarez acordó que su operador aeroportuario será la brasileña Infraero; Advent tendrá como operador a Aeroplazas de México, y el tercer grupo en pugna tendrá como operador a un aeropuerto de Canadá, dijeron las fuentes consultadas por El País. En ese último grupo podrían participar accionistas de la empresa Neutral, que tiene a cargo los free shop de Carrasco, y que como tal no se presentará a la subasta.

En caso de presentarse a la subasta, Aeropuertos Argentina 2000 contará con el operador SEA, que tiene a cargo la gestión del aeropuerto Malpensa, de Milán.

INAMOVIBLE. En paralelo, el gobierno advirtió que la fecha de la subasta no se cambiará. "No hay ningún elemento para suspender la subasta", remarcó Lago, quien señaló que por encima de un eventual pronunciamiento del Senado a favor de una suspensión, se debe "cumplir con una ley que ya fue votada por el Parlamento, y que está en vigencia".

Lago también enfatizó que desde la subasta del 25 de junio pasado —declarada desierta por falta de oferentes— transcurrió "suficiente tiempo" para el análisis de la situación y la formulación de planteos, y que además, a 24 horas de la fecha prevista, "todo indica que existen varios interesados" en obtener la concesión del aeropuerto.

Por su parte, el ministro de Defensa Yamandú Fau consideró ayer que el cumplimiento de la fecha prevista para la subasta es un asunto de "elemental seriedad", al ser consultado por El País.

DEBATE. En tanto, los legisladores del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) se aprestan a plantear hoy en el Senado un pedido de suspensión de la subasta. Su iniciativa será respaldada por senadores del Partido Nacional.

Uno de ellos, el herrerista Carlos Garat, dijo ayer a El País que la alternativa propuesta es la creación de un organismo autónomo, integrado por diferentes sectores públicos y privados vinculados a la operativa aeroportuaria, y que se rija por el derecho privado. Esa entidad gestionaría el aeropuerto, y de forma paralela el Estado licitaría algunos servicios de la terminal. Asimismo, las obras proyectadas podrían ser licitadas, ya que a juicio del legislador, Carrasco puede financiarlas.

"El precio base para la subasta es de 15 millones de dólares, y el aeropuerto recauda 28 millones de dólares en sólo un año", aseguró Garat.

En la noche del 24 al 25 de junio, cuando faltaban pocas horas para la apertura de la subasta por el aeropuerto, el Senado debatía sobre la procedencia del mecanismo, y legisladores del EP-FA interrogaban al ministro Fau sobre varios aspectos vinculados.

Sobre el mediodía de ayer, Fau transmitió en rueda de prensa que la fecha de la subasta no será modificada, en línea con lo expresado por Lago. "Nosotros vamos a mirar todo eso con todo el respeto que se merece cualquier tipo de propuesta y cualquier tipo de aspiración, pero también la vamos a evaluar en un marco de asumir las responsabilidades que hemos asumido. En ese sentido, valoramos todo aporte que se haga, pero también hay que entender que se han tomado todas las medidas que el derecho prevé para que la subasta se realice. Y la subasta se va a llevar a cabo tal cual lo habíamos planteado, sin que esto signifique un acto de soberbia ni un acto de no atender los reclamos; estos van a ser tenidos en cuenta", manifestó.

Un eventual pronunciamiento del Senado contra la subasta sólo tendría efectos políticos, pero en términos legales no tendría consecuencias, y la última palabra la tendrá el Poder Ejecutivo.

La subasta de Carrasco fue determinada por la ley de reactivación económica, que el Parlamento aprobó en setiembre de 2002.

A los reclamos desde la izquierda y desde el nacionalismo, se sumaron en los últimos días las protestas de la Cámara Uruguaya de Turismo (CUT) y de la Asociación de Funcionarios de la Aeronáutica Civil (AFAC).

Estos últimos realizaron un paro parcial el pasado viernes 22 de agosto, en demanda de la suspensión de la subasta. La AFAC sostiene que el propio aeropuerto puede financiar sus obras sin necesidad de conceder toda su operativa a un privado, en línea con lo expuesto por el senador Garat. Más aún, el sindicato asegura que el financiamiento propio permitiría una transferencia de dinero hacia Rentas Generales superior al canon previsto en el pliego de condiciones para la concesión de Carrasco.

Por su parte, la CUT también se alineó en las últimas horas con quienes piden la suspensión de la subasta y el estudio de formas alternativas de gerenciamiento por régimen privado. La gremial le manifestó su posición al ministro Fau durante la semana pasada.

En opinión de la CUT, la utilización de los recursos que genera el propio aeropuerto en la realización de sus obras, le permitirá ofrecer precios y servicios competitivos respecto a otras terminales de la región, para de esa forma iniciar un proceso de aumento del flujo de pasajeros.

CAMBIO. Mientras, las perspectivas para que el aeropuerto de Carrasco quede en manos privadas durante los próximos 30 años cambiaron en ámbitos políticos y empresariales, en comparación con el clima previo a la subasta del 25 de junio pasado, que se frustró.

El 25 de junio, cuando se iniciaba la subasta en el edificio de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), el Poder Ejecutivo ya tenía la convicción de que ningún interesado se presentaría, cosa que efectivamente ocurrió. En este caso, el gobierno estima que habrá ofertas. No obstante, los cuestionamientos políticos se mantienen.

SETIEMBRE 2002. El Parlamento aprueba la ley de reactivación económica, entre cuyas normas se establece que la gestión del aeropuerto de Carrasco será concedida a privados, por el mecanismo de subasta. El gobierno de Jorge Batlle había anulado un proceso de licitación que se inició durante la administración de Julio Sanguinetti, y que se había dilatado por años en virtud de impugnaciones al resultado, y de problemas económico—financieros por parte del grupo que había sido declarado ganador.

FEBRERO 2003. El día 26 era la fecha prevista para la subasta. Poco antes, el gobierno decidió prorrogarla, debido a la incertidumbre reinante en cuanto a la economía del país, y al pedido de varios potenciales interesados, que requerían más tiempo para estudiar la ecuación económica del negocio.

ABRIL 2003. El día 29 estaba marcado como nueva fecha de subasta. Sin embargo, durante la primera quincena del mes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició gestiones ante el gobierno para aplazar nuevamente la instancia, con el argumento de que todavía no había concluido el proceso de canje de deuda pública uruguaya, lo cual en su opinión implicaría una cuota de inseguridad para atraer eventuales inversores extranjeros (El País, 17/4/03). Finalmente, Economía logra su objetivo y el gobierno prorroga la subasta.

MAYO 2003. El Poder Ejecutivo aprueba un decreto por el cual flexibiliza una serie de requerimientos para el eventual operador privado del aeropuerto de Carrasco, luego de consultas con potenciales inversores. Los cambios apuntaron principalmente a la magnitud de algunas obras.

JUNIO 2003. El 23, un representante del gobierno uruguayo se reunió con un integrante del grupo Aeropuertos Argentina 2000, cuyo operador aeroportuario es SEA de Italia, y le aseguró que el Poder Ejecutivo le brindaría todas las garantías, en caso de que se presentara a la subasta que se realizaría dos días después. La semana anterior, ese empresario había tenido un altercado con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Lucio Cáceres, quien le advirtió que su grupo no sería bienvenido a Uruguay si entre ellos estaba el argentino Eduardo Eurnekián, titular de Aeropuertos Argentina 2000 (El País, 24/6/03).

JUNIO 2003. El 24 de noche, el Frente Amplio interrogó en el Parlamento al ministro Fau, y se sostuvo un debate sobre la conveniencia y las garantías de la subasta. El 25 se hizo la subasta, pero fue declarada desierta, ya que nadie levantó la mano. Pero el gobierno, que estaba en conocimiento de que ese era el resultado inminente, ya pensaba en el siguiente paso. Por lo pronto, definió que el mecanismo de subasta se mantendría, y que la próxima instancia sería el 27 de agosto.

AGOSTO 2003. El día 4, el Poder Ejecutivo aprueba un decreto con nuevas flexibilizaciones a las exigencias para el concesionario, principalmente la financiación del pago del precio base.