Blancos convocan al ministro al Parlamento; ONG reclaman transparencia

El Guardián provoca miedos y primera citación a Bonomi

El Guardián, sistema de vigilancia de llamadas telefónicas, mails y redes sociales que multiplica la capacidad de espionaje del Ministerio del Interior, genera polémica por el secretismo con el que se maneja la secretaría de Estado, la falta de control parlamentario y la ausencia de un protocolo o marco legal que lo regule y apunte a reforzar las garantías de las libertades individuales.

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Sectores políticos y sociales reclaman información al Ministerio del Interior.

El senador Javier García (Partido Nacional) dijo a El País que por la puesta en funcionamiento de El Guardián convocará al Parlamento al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, con lo que se convertirá en el primer secretario de Estado sobre el que la oposición posa la mira en el inicio de esta legislatura. Simultáneamente, diversas organizaciones sociales alertan sobre la "ausencia" de garantías para el uso de una herramienta que consideran "excesivamente invasiva" de la intimidad de las personas.

El Ministerio del Interior afirma que el sistema ofrece garantías porque solo se utilizará con orden judicial. Quienes lo cuestionan lo rebaten porque consideran que es una "obviedad" que no resulta suficiente a la hora de proteger derechos.

"El problema es que la tecnología permite que el pinchazo del teléfono o el ingreso al correo electrónico también se haga sin orden judicial. Por eso no hay garantías. Decir que la Justicia hará el control es obvio pero quién garantiza que se le impedirá a un jerarca o un funcionario hacer un mal uso del instrumento", dijo García a El País. Consideró que el gobierno "multiplica exponencialmente su capacidad de espionaje pero no aumenta las garantías para que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos".

También cuestionó que no exista un control parlamentario dado que la ley de Inteligencia no ha sido aprobada.

"Este es un tema muy sensible para las garantías individuales de los uruguayos. Tiene que ver con el funcionamiento autónomo de los servicios de inteligencia o de personas por fuera de lo que se puede controlar", acotó. Anunció que una vez aprobada la creación de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Convivencia en el Senado planteará que el ministro Bonomi sea citado y también se curse invitación a la Suprema Corte de Justicia.

Inquietudes.

El Guardián, tecnología proporcionada por una empresa brasileña a través de una compra directa por US$ 2 millones, permite la vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos. También habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales.

Esta semana el ministro Bonomi y el secretario general del Ministerio, Charles Carrera, hicieron una resumida presentación en power point para los ministros de la Suprema Corte de Justicia sobre el sistema que comenzará a funcionar en las próximas semanas.

El abogado Martín Sbrocca, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, dijo a El País que el Ministerio debe explicar las razones que lo llevan a aumentar su capacidad de espionaje. "En otros países se invoca el terrorismo para aumentar el control social, pero todos sabemos que luego esos instrumentos se aplican al ciudadano común y a situaciones domésticas. Acá puede ocurrir lo mismo porque no están dadas las garantías. Hemos visto casos, sobre todo en la zona periférica de la ciudad, de allanamientos, algunos nocturnos, que se hacen sin orden judicial. El formalismo de la orden, que es imprescindible, se hace después. Entonces, si eso ocurre con un allanamiento que por despliegue reviste cierta espectacularidad y visibilidad, ¿cómo se va a controlar que no se pinche un teléfono sin conocimiento de la Justicia?"

Agregó que "el secretismo con el que se maneja el Ministerio del Interior viola todas las recomendaciones internacionales sobre el uso de sistemas electrónicos de espionaje".

También estimó que el uso de vigilancia de las comunicaciones privadas debe ser excepcional y justificado. "No puede ser que porque un policía lo pida, la Justicia acceda de inmediato. Estos métodos de investigación afectan seriamente el derecho a la privacidad y la libertad de pensamiento y expresión. No se pueden aplicar sin un marco regulatorio que vele por los derechos de las personas en general, lo que incluye a quienes están sujetos a vigilancia", explicó.

El 15 de octubre, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) realizó un pedido de información al Ministerio del Interior. Pretendía saber el protocolo que regirá el uso del software pero hasta ahora, pese a que los plazos se vencieron, no recibió respuesta. El Ministerio del Interior afirma que El Guardián puede recibir auditorías, pero tanto el ministro de la Suprema Corte, Jorge Ruibal Pino, como el juez penal Julio Olivera Negrín, ambos presentes en la reunión de esta semana con Bonomi, señalaron que no se precisó a cargo de quién estará tal auditoría. "Dijeron que no está definido", explicó Olivera.

Fabrizio Scrollini, doctor de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y cofundador de Data Uruguay, estimó que el uso de El Guardián tiene implicancias que van más allá de la seguridad.

"El gobierno no ha revelado datos acerca de cómo funciona ni bajo qué principios va a operar esta herramienta. Afirma que todo se hará bajo orden judicial, como un mantra que protege de cualquier arbitrariedad a la ciudadanía. Lamentablemente con esto en el siglo XXI no alcanza. El poder que supuestamente tiene esta herramienta permite vigilancia a gran escala de forma centralizada sobre la ciudadanía, algo que si bien requiere orden de un juez en una democracia, también requiere criterios que hoy no se encuentran explícitos en nuestra legislación", opinó.

Dijo que se necesita de un "protocolo de procedimiento público y no reservado que precise quién toma esas decisiones y cómo. Se debe involucrar al Instituto Nacional de Derechos Humanos y si es necesario a otras instancias internacionales, para garantizar estándares de protección de derechos humanos en el manejo de esta herramienta. Un nuevo mundo en derechos humanos en la era digital se avecina, la discusión sobre este sistema es solo el comienzo. El gobierno debería llamar a un diálogo amplio en busca de generar consensos, salvaguardas y rendir cuentas en esta materia", sostuvo.

Poderosa herramienta


Con el uso de El Guardián la Policía accederá a una herramienta que potenciará sensiblemente su capacidad actual de espionaje. Podrá ingresar a más teléfonos, mails y redes sociales en forma simultánea y con una mayor eficiencia para sistematizar la información. En tiempos en los que el crimen organizado es una amenaza real, el Ministerio del Interior apela a la incorporación de tecnología para combatirlo. La compra del sistema se realizó en forma directa a la empresa brasileña Digitro y bajo estricta confidencialidad por razones de "seguridad nacional". Bonomi dijo que la difusión de la compra provocó un daño al país y le hizo perder la ventaja táctica. En Brasil, donde este mismo sistema funciona en varios estados, las adquisiciones, capacitación y contratos son públicos.

SABER MÁS

Visiones sobre un tema polémico


JAVIER GARCÍA - DIPUTADO PARTIDO NACIONAL

"La voluntad del Poder Ejecutivo sigue siendo aumentar la capacidad de espionaje pero no las garantías de las personas. Este es un tema muy sensible para los derechos humanos y la libertad de expresión. La falta de regulación y control permite el funcionamiento autónomo de los servicios de inteligencia o de las personas por fuera de lo que la ley marca. Nadie garantiza que esto no se use mal".

JUAN GÓMEZ - FISCAL DEL CRIMEN ORGANIZADO

"Esta es una herramienta que si la usamos bien nos va a permitir ser más eficientes en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia. Nos permitirá tener mejores pruebas para lograr mejores resultados", dijo a El País. Aclaró que hasta el momento, al menos él, no ha recibido ninguna capacitación ni instrucción vinculada al nuevo sistema de vigilancia de comunicaciones.

ZEID RAAD AL HUSSEIN - ALTO COMISIONADO DE ONU PARA DDHH

Ha señalado que la ley "debe ser lo suficientemente accesible, clara y precisa para que una persona pueda leerla y saber quién está autorizado a realizar actividades de vigilancia de datos y en qué circunstancias". También advirtió que los gobiernos deben demostrar que la vigilancia, que es una injerencia en la vida privada de las personas, es proporcional al objetivo que se persigue y puede alcanzarlo.

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