Gobierno y el FA no llegan a acuerdo por ley de obras

1/1

VALERIA GIL

El Frente Amplio aún no acordó la redacción final del proyecto de Participación Público Privada. El Poder Ejecutivo agregó una cláusula para que los contratos de obras que se otorgan a privados no se prolonguen por más de 35 años.

El equipo económico se reunió ayer en la tarde con la bancada de Diputados del Frente Amplio para acordar nuevos cambios a la Ley de Participación Público Privada.

El subsecretario del Ministerio de Economía, Pedro Buonomo, y el director general de Secretaría, Pedro Apezteguía, presentaron un nuevo borrador del proyecto. Como aún no hay acuerdo sobre las modificaciones, los legisladores prefirieron tomarse un cuarto intermedio hasta el próximo viernes para analizar la propuesta detenidamente.

El diputado Javier Doreen Ibarra (Frente Izquierda de Liberación) dijo a El País que se trató de una reunión "muy buena", en la que "se contempla en un porcentaje amplio las expectativas que teníamos los legisladores", aseguró.

Por su parte, el diputado Carlos Coitinho (Partido por la Victoria del Pueblo) señaló que "se está trabajando sobre la base de la construcción de un texto que contemple las diversas inquietudes de los diferentes sectores".

Dentro del borrador al que accedió El País se indica que "todos los contratos que se celebren deberán establecer como plazo máximo de duración y sus prórrogas los 35 años".

Además se establece en el artículo 2° que los contratos de Participación Público Privada "sólo podrá celebrarse cuando otras formas alternativas de contratación no permiten la mejor forma de satisfacción de las finalidades públicas". Dicho texto se agrega como forma de evitar el uso indiscriminado del instrumento, como se temió dentro de la coalición de izquierda.

En el mismo sentido se añade una disposición, por la cual dentro del documento de evaluación del proyecto "se deberá incluir un análisis comparativo con formas alternativas de contratación que justifiquen en términos jurídicos, económicos y financieros la adopción de esta fórmula". En particular se deberá mostrar que el modelo propuesto es el que le permite al Estado obtener el mayor "valor por dinero".

Además se especifica que la participación de capitales públicos y privados "no incide en los monopolios de las empresas públicas". En cuanto a las contribuciones del Estado para el desarrollo de nuevos proyectos se agrega que "en ningún caso se podrán asegurar contractualmente los niveles mínimos de rentabilidad de la obra".

Por otra parte, otro de los cambios propuestos por el gobierno le quita potestades a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

En el proyecto original el organismo quedaba facultado para elegir a los privados que se encargarían de la construcción de nuevas obras de infraestructura; mientras que en el nuevo borrador se establece que "será la administración pública competente, la que resolverá sobre su aceptación con modificaciones o rechazo, sin responsabilidad alguna". Asimismo, se fija un tope máximo de participación pública y se especifican los mecanismos de controles técnicos, operativos, legales, económicos y financieros que hará la Unidad de Participación Público Privada.