Fueros: gobierno planteó modificaciones

El Pit-Cnt y las cámaras empresariales tienen plazo hasta el próximo martes de tarde para tomar posición sobre las modificaciones que el Ministerio de Trabajo planteó al proyecto de ley de fueros sindicales, en un documento que ayer al mediodía hizo llegar a las partes.

Allí se resumen los puntos de acuerdo alcanzados en la comisión cuatripartita durante los últimos dos meses, pero sobre todo intenta mediar en el principal punto de divergencia: si deben regresar a su lugar de trabajo los empleados discriminados por pertenecer a una organización sindical.

En ese sentido, el documento plantea una procedimiento más rápido de reintegro para los dirigentes y fundadores de gremios, y otro más lento para el resto de los trabajadores sindicalizados. La principal novedad radica en que propone que no sean reintegrados los empleados despedidos que trabajan en firmas con menos de cinco funcionarios.

El gobierno buscó contemplar así a los empresarios, quienes entienden que es imposible establecer el "reintegro" en las empresas pequeñas. En esos casos, los empleados accederían a una indemnización equivalente a 30 meses de trabajo.

El documento también toma en cuenta otros reclamos empresariales: se quita el registro de empresas infractoras, la inversión de la carga de la prueba (la obligación del empleador de probar que despidió al trabajador por una causa justificada), así como la retroactividad de la ley.

De todos modos, mantuvo la prohibición de discriminar a los trabajadores por su afiliación gremial, e incluyó un reclamo del Pit-Cnt: reconocer el derecho de los dirigentes a tener licencia para ejercer la actividad sindical.

REACCIONES. Trabajadores y empresarios respondieron con cautela y hermetismo al planteo oficial, pero dejaron entrever que el documento no conforma a ninguna de las partes. Los dirigentes gremiales indicaron que el proyecto oficial posee "luces y sombras", pero que hay claramente un aspecto muy negativo: que no se permite que los trabajadores sean reinstalados en las "microempresas". El Pit-Cnt evaluará el documento el próximo lunes en el secretariado ejecutivo. Luego probablemente se convocaría a la mesa representativa para que adopte la posición formal sobre el tema, por lo cual fuentes gremiales indicaron que parece difícil que pueda haber una decisión el martes a las 16.00, cuando se debe realizar la última reunión de la cuatripartita.

Pero está claro que la central obrera mantiene su posición de que el fuero sindical alcanza a todos los trabajadores, y que absolutamente todos deben tener la posibilidad de ser reintegrados. Sin embargo, los dirigentes debatirán el lunes y su posición dependerá de la flexibilidad que se decida tener.

Por su parte, representantes de las cámaras empresariales se reunirán hoy de mañana para evaluar el planteo oficial, que busca aprobar un documento final que no tire por la borda el trabajo de dos meses. Fuentes de la Cámara de Comercio indicaron que la iniciativa oficial "casi seguro" no será acompañada por el sector empleador, porque representa "un intento de maquillaje", recoge lo "accesorio" y no cumple lo pautado como "condiciones indispensables": que solamente los dirigentes gremiales y fundadores de sindicatos puedan retornar al empleo después del despido.

El protesorero de la Cámara de Industrias, Andrés Fostik, dijo a El País que las microempresas deberán pagar una indemnización equivalente a 30 meses de sueldo a los empleados despedidos, lo cual igual complicará su situación. "De las casi 130.000 microempresas que tienen un empleado como promedio, ¿cuántas podrán pagar una indemnización de este porte, dos años y medio de despidos? Para ellas equivale a la reinstalación", sostuvo, luego de realizar una "primera lectura".

En contraste con la visión negativa de trabajadores y empresarios, el presidente de la comisión de asuntos laborales del Senado, Eduardo Ríos, entiende que las modificaciones que plantea el Ministerio de Trabajo contemplan a las dos partes.

Afirmó que la propuesta retira buena parte de los elementos críticos planteados por el empresariado y mantiene la filosofía del proyecto de ley aprobado en Diputados: prohíbe los actos de discriminación que "menoscaban" la libertad sindical, y plantea el regreso al trabajo de la mayoría de los empleados despedidos.

De hecho, Ríos propondrá a la bancada de senadores y diputados del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) que adopte las modificaciones propuestas por el Ministerio de Trabajo, exista o no acuerdo en la cuatripartita (ver nota aparte).

Por su lado, el director de Trabajo Julio Baráibar dijo a El País que si las bases presentadas por el Poder Ejecutivo no conforman a empleados y empleadores, eso significa que el gobierno "ha sido ecuánime" en su planteo. "Tan mal no estuvimos. Supimos cumplir, creamos el ámbito que exigían los empresarios y hubo tolerancia a pesar de los chisporroteos. Se avanzó muchísimo", afirmó Baráibar.

El senador Eduardo Ríos, presidente de la comisión de asuntos laborales, entiende que el proyecto sustitutivo presentado por el Ministerio de Trabajo es un "avance importante" con respecto a la iniciativa votada en Diputados, que desde la próxima semana será retomada por el Senado.

Ríos dijo a El País que la propuesta "completa" y "mejora" el proyecto de ley de la izquierda. "Por eso, aconsejaré a la bancada que demuestre a los diputados que estas modificaciones no implican un cambio en la filosofía de la ley, y estimularé que estos planteos sean llevados adelante en el Parlamento", adelantó Ríos.

El senador está convencido de que el documento del gobierno contempla las críticas empresariales: "fue sacada la inversión de la carga de la prueba, el registro, y la retroactividad. Pero además uno de los artículos reafirma el derecho de las empresas a despedir a sus trabajadores si no es por un motivo sindical".

Ríos dijo que los empresarios "deberían ser los primeros" en apoyar el proyecto del gobierno, porque —entiende— fueron tenidas en cuenta la mayoría de sus críticas. "Si no aceptan el documento es porque no quieren ninguna solución y sólo aspiran a mantener un sistema de relaciones laborales del siglo XIX", concluyó.

AMPARO

Una de las principales diferencias entre el proyecto sustitutivo "sobre protección de la actividad sindical" del Ministerio de Trabajo y el proyecto votado en Diputados, es que este último permite a los trabajadores que denuncian haber sufrido un acto de represión antisindical, la posibilidad de recurrir a la acción de amparo ante la Justicia, proceso por el cual debe haber una sentencia 30 días después de que se produce el hecho. El gobierno, en cambio, restringe esta posibilidad a los titulares y suplentes de sindicatos, delegados en órganos bipartitos o tripartitos, representantes de trabajadores en la negociación colectiva, y por un año los trabajadores que hayan fundado un sindicato o una sección de un gremio. El resto de los trabajadores no incluidos en estos casos tendrá que ir a un juicio "incidental", que puede llevar hasta seis o siete meses antes de que el juez se expida.

MICRO

El proyecto presentado ayer por el gobierno plantea que el proceso de "reinstalación" comprende a todos los trabajadores, con excepción de las microempresas (menos de cinco trabajadores).

INDEMNIZACIONES

El proyecto del gobierno —puesto a consideración de empleados, empleadores y legisladores— establece que si la Justicia le da la razón a un trabajador, éste podrá optar entre la reinstalación o la indemnización por despido abusivo. En este último caso, la indemnización será equivalente al importe de la remuneración total correspondiente a 24 meses, a lo cual se sumaría la indemnización por despido común (seis meses).

DERECHOS

El Poder Ejecutivo también incluyó la licencia sindical al proyecto: reconoce el derecho a "gozar de tiempo libre" para ejercer la actividad gremial. El ejercicio de este derecho sería reglamentado por el consejo de salarios respectivo o mediante convenio colectivo. El proyecto también establece que la ley no afecta el "régimen común" de despido, ni el "poder de dirección u organización" del empleador.

SIN EFECTO

El gobierno elimina aspectos que criticaba el empresariado: el registro de empresas infractoras a la ley de libertad sindical (que impediría a las firmas sancionadas la posibilidad de participar en licitaciones del Estado), la inversión de la carga de la prueba, y la retroactividad de la norma.