El Ministerio del Interior suspendió "momentáneamente" los traslados de presos a la cárcel de Punta de Rieles hasta terminar algunas obras edilicias. Se estima que los trabajos demorarán entre 60 y 90 días.
La semana pasada se cumplieron unos 20 traslados de reclusos al penal de Punta de Rieles y con ellos, el centro de reclusión ideado para alojar internos que ya están cumpliendo con su condena llegó a los 205 reclusos, según informó a El País el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), inspector general (r) Eduardo Pereira Cuadra.
Con ese total de reclusos, el establecimiento llegó al 30% de su capacidad, que es de unas 700 plazas. Sin embargo, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ordenó cesar los traslados hasta tanto no concluyan algunas obras de infraestructura del centro penitenciario que todavía están en curso.
Pereira Cuadra explicó que la orden ministerial implica "parar momentáneamente los traslados" con motivo de varias obras que todavía están en marcha, como la construcción de un campo de deportes y barracas para la realización de talleres. También es necesario contar con un recinto adecuado para la revisión de las visitas.
El titular del INR estimó que las obras demandarán "por lo menos" entre 60 y 90 días, ya que en algunos casos requerirá la utilización de maquinaria pesada. Durante ese lapso, Punta de Rieles no recibirá más internos, indicó Pereira Cuadra.
Según el jerarca penitenciario, una vez que todas las instalaciones estén habilitadas, será posible "colmar" la capacitad máxima de Punta de Rieles, estimada en unos 700 reclusos.
Consultado sobre si la fuga de un interno el 25 de diciembre influyó en la decisión de suspender los traslados a Punta de Rieles, Pereira Cuadra aseguró que ese episodio "no tuvo nada que ver".
El jerarca dijo que la fuga del recluso -que todavía permanece prófugo- fue notificada en su momento al Estado Mayor y al Ministerio del Interior "como se hace siempre". Sin embargo, el Ministerio no informó de la fuga.
El interno Leonardo Cabrera Guerra, de 21 años, se fugó del penal de Punta de Rieles solo días después de que se inaugurara el centro penitenciario que fue pensado para alojar reclusos de baja peligrosidad y de esa forma reducir el hacinamiento en otras cárceles.
Cabrera Guerra cumpliría su pena a fines de 2011, por lo que en pocos meses hubiera podido solicitar la libertad anticipada. Según la opinión de Pereira Cuadra, su fuga fue causada por una "crisis de ansiedad".
Más obras. Por otro lado, a principios de marzo serán habilitadas las ampliaciones del Comcar y del Penal de Libertad iniciadas en 2010. También se están haciendo trabajos en el penal de Las Rosas (Maldonado) pero su inauguración no será tan próxima en el tiempo.
A su vez, en muy pocos días, será inaugurada la nueva cárcel departamental de Rivera, que tendrá capacidad para 422 internos, unos 200 más que los que puede albergar el centro penitenciario en su edificio actual, ubicado en el centro de la ciudad fronteriza.
En la nueva cárcel de Rivera, ubicada en el paraje Cerro Carancho, se están ultimando los últimos detalles que, principalmente, están relacionados con falencias detectadas por el Ministerio del Interior.
Entre otras cosas, resta construir el camino que conducirá a la cárcel, así como que se contrate el servicio eléctrico a UTE, dijo el ingeniero Gonzalo García, responsable de la obra.
La cárcel tendrá 12 celdas individuales y el resto serán compartidas. Contará con cinco habitaciones conyugales, salas de visita y locutorios.
Envían al Parlamento leyes de liberación y trabajo de internos
El Ministerio del Interior enviará la semana próxima al Parlamento dos proyectos de ley que buscan mejorar la crítica situación que se vive en las cárceles producto del hacinamiento: una iniciativa permitirá la liberación de internos de baja peligrosidad y otra apunta a autorizar un nuevo sistema de salidas transitorias por razones laborales.
Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a El País que ambos proyectos están redactados desde diciembre de 2010 y solamente se está aguardando que el Parlamento reanude su actividad normal.
El proyecto que permitirá las liberaciones, que fue elaborado junto con la Suprema Corte de Justicia, establece que podrán ser excarcelados quienes hayan cumplido los dos tercios de la pena y no tengan otras causas pendientes.
Además, abarcará a enfermos terminales y psiquiátricos, mujeres embarazadas y reclusos cuyo proceso judicial lleve más de dos años pero todavía no tengan sentencia.
En todos los casos, se requerirá que el juez de la causa resuelva si el recluso puede ser excarcelado, ya que no se trata de una amnistía.
Según un relevamiento realizado por el Ministerio del Interior, a fines de 2010 eran unos 2.000 los internos que reunían las condiciones necesarias para ser liberados.
En tanto, el proyecto que habilita salidas transitorias para presos que trabajen, prevé que puedan hacerlo en la construcción, vialidad y la poda de árboles. El 0,5% de sus salarios irá a un fondo para víctimas de la delincuencia.
En breve, el Instituto Nacional de Rehabilitación y AFE firmarán un convenio para que los presos se ocupen del mantenimiento de las vías férreas.