Fórmula para conflicto causa malestar

Renzo Rossello

La fórmula para superar el conflicto con Argentina despierta más resquemores que alivio a este lado del río. El canciller uruguayo cuestionó declaraciones del embajador español en el vecino país sobre este punto.

En rigor, la propuesta de crear una "zona de alta protección medioambiental", monitoreada por los dos países y con apoyo de un organismo internacional, nunca se abordó en la ronda de Madrid. La fórmula estaría en la carpeta del facilitador Juan Antonio Yáñez Barnuevo y sería presentada cuando el estado de las negociaciones así lo propicie. Esta información fue manejada por altas fuentes del gobierno español consultadas por el diario La Nación en Madrid.

Cuando el tema trascendió, El País consultó a los integrantes de la delegación oficial que participó del diálogo en la capital española. Mostraron sorpresa, ya que el tema no había sido discutido, aunque en ningún momento la desestimaron.

El canciller Reinaldo Gargano, en cambio, negó la existencia de esa propuesta a su retorno a Uruguay y dijo que se trataba de "una invención". El lunes, cuando se conocieron las declaraciones del embajador español Rafael Estrella en Buenos Aires, Gargano expresó abiertamente su malestar.

"España no ha hecho ningún planteo de ninguna solución y menos el facilitador, embajador Yáñez Barnuevo, creo que es una mala cosa presentar el tema porque le crea al facilitador un compromiso ante la opinión pública muy grueso. Está haciendo proposiciones cuando su tarea es de facilitador", sostuvo Gargano en una breve entrevista con canal 4.

La existencia de una fórmula supondría una negociación abierta, proceso al que Uruguay se niega a entrar mientras estén los puentes cortados. Sobre este extremo fueron enfáticos los integrantes del gobierno consultados por El País. Ello tal vez explique las reacciones del canciller Gargano.

"UN BELLO FINAL". "Entre los posibles finales de la historia que cabe imaginar, el hecho de que Fray Bentos-Gualeguaychú sea una zona ejemplar de protección ambiental compatible con el desarrollo sostenible sería el más bello de los finales", reflexionó en voz alta el embajador Estrella cuando La Nación le consultó sobre la fórmula en cuestión.

Ya el propio facilitador Yáñez Barnuevo había reconocido en Madrid, a poco de firmada la declaración conjunta, la posibilidad de esta fórmula. En esa oportunidad el diplomático español dijo que, "si las partes creen que serviría el apoyo de una presencia internacional", esto sería viable. "Yo creo que los organismos internacionales estarían dispuestos a colaborar", agregó entonces Yáñez.

La fórmula, según los elementos manejados por los informantes españoles, supondría crear una zona de alta protección ambiental en todo el entorno de la planta de Botnia que involucrara a las dos ciudades vecinas.

La misma sería monitoreada por una comisión binacional a la que se integraría un organismo de Naciones Unidas, se mencionó al Programa de Desarrollo de la ONU (Pnud) como el área posible sobre la que podría recaer la tarea.

En lo inmediato, los gobiernos de Uruguay y Argentina se aprestan a discutir una agenda de cuatro puntos, sobre la base de lo acordado en la Declaración de Madrid: "A) Cuestiones relacionadas con el proyecto Orion (Botnia), incluidas su localización y otras cuestiones relevantes; B) Cuestiones relacionadas con la circulación por las rutas y puentes que unen los dos países; C) Cuestiones relacionadas con la aplicación del Estatuto del río Uruguay; D) Cuestiones relacionadas con la protección ambiental del río Uruguay y la promoción del desarrollo sustentable de sus áreas de influencia".

Antes del 20 de mayo se confirmaría la fecha de la reunión de los grupos técnicos en Nueva York, que avanzarían de lleno sobre estos cuatro puntos marcados para la agenda.

La llamada "cuestión de fondo" en el conflicto entre Uruguay y Argentina es de orden jurídico y se dirime en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En esencia, Argentina acusa a Uruguay de haber violado el Tratado del Río Uruguay por autorizar unilateralmente la construcción de las plantas de celulosa. Sobre esa base descansa la demanda que el vecino país formalizó el 15 de enero pasado. Uruguay hará lo propio el próximo 20 de julio. En opinión del jurista Edison González Lapeyre, que integró el equipo uruguayo ante La Haya y se distanció por discrepancias con la línea seguida al solicitar medidas cautelares por el bloqueo, el sistema de consulta no se refiere a autorizaciones o consentimientos de la otra parte. En una reciente conferencia González Lapeyre -también uno de los redactores del Tratado bilateral- dijo que la consulta no suponía "obstáculos para desarrollar la obra por el Estado".

"Vamos por la batalla final, que supone el quiebre de Botnia o el quiebre de Gualeguaychú. Vamos a ver quién resiste este tironeo, quién tiene la voluntad más fuerte", aseguró ayer el asambleísta Jorge Fritzler, un representante del "ala dura" de Gualeguaychú. El activista se mostró entusiasmado tras la manifestación que reunió a más de 100.000 personas sobre el puente el domingo.