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El FA sanciona la Rendición y posterga el pago de juicios

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Cámara de Senadores en Rendición de Cuentas
Cámara de Senadores en Rendición de Cuentas.
Foto: Archivo/El País

OBJETIVO CUMPLIDO PARA EL FRENTE

Oposición afirma que el artículo 15 es inconstitucional; oficialismo lo niega

Etapas cerradas, el Frente Amplio consiguió sancionar a medianoche por 16 votos en 30, el proyecto de Rendición de Cuentas, bajo una andanada de críticas de la oposición: blancos, colorados e independientes cargaron con énfasis contra el ministro de Economía Danilo Astori, particularmente por el déficit fiscal, que señalaron como abultado.

Además, la inclusión de impuestos en el proyecto de ley fue también parte fuerte del debate. La oposición lo llamó "otro ajuste fiscal", luego de recordar que el hoy presidente Tabaré Vázquez asegurara en la campaña electoral que no habría más impuestos. También se objetó la ausencia de una reforma profunda del Estado como se anunció, como el ingreso de más funcionarios públicos, unos 60.000 desde que gobierna el Frente Amplio.

La Rendición de Cuentas no se abrió y pasó anoche mismo al Poder Ejecutivo, conteniendo el polémico artículo 15.

Básicamente el mismo habilita al Estado a postergar el pago de deudas generadas por juicios perdidos cuando el monto de los mismos exceda los 75 millones de UI, unos US$ 10 millones. En esos casos, el Estado puede optar por pagar de inmediato o formular la previsión correspondiente en el próximo ejercicio presupuestal, o sea la siguiente Rendición de Cuentas, por ejemplo.

Charles Carrera, flamante senador del MPP, defendió el artículo 15 diciendo que "da flexibilidad" al gobierno. "No se está diciendo que el Estado no vaya a pagar", recalcó. "La lectura correcta de la Constitución habilita la solución propuesta. No está en juego el Estado de Derecho sino todo lo contrario", añadió, intentando echar por tierra uno de los principales argumentos de la oposición. "Es una herramienta para retrasar el pago y eso es posible en un Estado de Derecho", sostuvo.

Al cruce salieron varios legisladores. Por ejemplo, el nacionalista Jorge Larrañaga afirmó que ese artículo "es el monumento al disparate lírico más grande", y que "vulnera la noción del Estado de Derecho y quiebra la igualdad y buena fe".

Para el senador colorado José Amorín ese artículo "es el más difícil de digerir" de la Rendición porque es "groseramente inconstitucional. Cualquiera puede decir lo que quiera. Todos sabemos que este artículo va a ser declarado inconstitucional. Va en contra de la separación de poderes".

"Lo hace este gobierno para chicanear a los funcionarios judiciales. Eso está claro", anotó Amorín.

En respuesta, el senador oficialista, el socialista Yerú Pardiñas apuntó que la oposición usa "bravuconadas" al decir que no se quieren pagar las sentencias perdidas.

"Después la realidad y posiblemente la Suprema Corte de Justicia lo declare inconstitucional", agregó luego el senador nacionalista Álvaro Delgado.

También el senador del Partido Independiente Pablo Mieres dijo que se trata de una disposición inconstitucional y que violenta el Estado de Derecho en el país.

Gasto social.

Desde el oficialismo por medio de las senadoras Daysi Tourné y Constanza Moreira se valoró el mantenimiento de la senda de crecimiento en la economía y que la pobreza e indigencia continúan bajando. Ambas presentaron datos estadísticos sobre inversión en salud y educación desde 2005 cuando gobierna el Frente Amplio, para tomar distancia de los gobiernos de los partidos tradicionales.

Moreira, por ejemplo, aseguró que cuando asumió el Frente el país "estaba a punto de una privatización generalizada" y que la izquierda frenó ese ímpetu. Y destacó que Uruguay "ha recuperado los ingresos tributarios, ha mantenido la fiscalidad del Estado y eso le ha permitido aumentar el gasto público social".

Otro tema central fue el gasto social. El Frente Amplio precisó que "el gasto público también incluye gasto social". La senadora Moreira sostuvo que no hubo recorte de gastos del Estado, sino un aplazamiento.

El senador colorado Pedro Bordaberry precisó que desde la oposición no se objeta el aumento de impuestos para el gasto social, "sino para las ONG compañeras, el amiguismo, los festivales políticos populistas electorales".

Heber le apuntó directo al ministro. "Astori ha sido un pésimo ministro, el peor, porque no cumple con nada de lo que dice. Y en comisión reconoció que hay 40.000 desempleados".

Luego Bordaberry pidió a los integrantes del gobierno que "no le mientan más a la gente".

Heber apuntó que en 2015 las remuneraciones de "los imprescindibles" (funcionarios contratados por los jerarcas estatales) eran de US$ 25 millones. "Eso no es gasto social, sino partidario. Acomodaron a su gente".

Larrañaga se retrotrajo hasta los tiempos del cierre de Pluna y la situación deficitaria de Ancap para fundamentar por qué no puede seguir subiendo el déficit fiscal. Sostuvo que "todos los senadores" son responsables del déficit fiscal actual. Incluso el Partido Comunista, cuyo senador Eduardo Lorier hace un discurso "para la izquierda" y "luego vota con la mano derecha" las políticas del ministro Astori, acusó.

Luego, la senadora Tourné, que es coordinadora de bancada, destacó que "hay confianza en el Uruguay, tanto de inversores externos, como de los uruguayos". Y agregó que "estamos pudiendo colocar deuda en las tasas más bajas de la historia, y hemos logrado pasar a pesos más de la mitad de la deuda".

La enseñanza recibe menos de lo que pidió la ANEP

La Rendición de Cuentas trae para la Enseñanza pública un aumento para el año 2018 de US$ 62 millones, los que se suman a los US$ 46 millones ya aprobados por el Parlamento en la ley de Presupuesto 2015. Pero de todos modos hay una brecha grande entre el presupuesto que presentó la ANEP, el órgano de conducción de la Enseñanza, y lo que el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento en la Rendición de Cuentas. A nivel sindical, esta diferencia generó rispidez desde que el proyecto llegó al Parlamento.

Expertos critican aumento de tributos para financiar gasto

En general en la discusión del Senado se remarcó que la Rendición de Cuentas contiene más impuestos cuando el presidente Tabaré Vázquez se comprometió a que eso no sucedería porque en la sociedad no había más capacidad contributiva. La Rendición contiene un aumento de la Tasa Consular del actual 2% al 3% para las importaciones del Mercosur y al 5% para el resto de los países.

El ministro Danilo Astori explicó en su momento que la suba de la Tasa Consular era una de las dos modificaciones tributarias que el Poder Ejecutivo propondría al Parlamento para recaudar los US$ 112 millones que necesita para hacer frente al aumento del gasto en la Rendición.

Los otros son el IRPF que se aplicará a los premios de los juegos de azar y el IRAE a la Banca de Quiniela, lo que recaudará US$ 17 millones. Los otros US$ 95 millones vendrán del aumento de la Tasa Consular.

Según los expertos en materia tributaria de PwC, Eliana Sartori y Mario Ferrari, este aumento funcionará hasta el 1º de enero de 2020, cuando culmine la implementación de compromisos internacionales asumidos por el país, eventualidad cuyo alcance no se aclara.

"Es un instrumento claramente recaudatorio y, por otro lado, va a encarecer los productos importados", advirtió Sartori.

El impuesto se creó en los años 1970 y fijaba una tasa del orden del 4%. Con la creación del Mercosur, en la década del 90, la tasa se eliminó durante la administración del expresidente Luis Alberto Lacalle. En medio de la crisis de 2002, el gobierno del entonces presidente Jorge Batlle volvió a implementar la medida.

El director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi, dijo que la decisión de las autoridades es "una incoherencia de la política exterior de Uruguay", según consignó el portal crónicas.com.uy.

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