FA convocó al plenario y votará el 19 la anulación

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VALERIA GIL

La Mesa Política convocó a un Plenario del FA para mañana y ratificó la fecha del jueves 19 para la votación del proyecto anulatorio de la Caducidad en Diputados, en medio de un desconcierto en la izquierda por la posición del presidente Mujica.

Tras seis horas de intensa discusión en un clima tenso, la Mesa Política decidió habilitar ayer (por 18 votos contra 8) la realización de un Plenario Nacional mañana sábado 14.

El Partido Comunista y las bases de Montevideo y Canelones se opusieron a la convocatoria, pero el Movimiento de Participación Popular (MPP) logró la reconsideración del tema y revertir la votación. Pese a la citación del Plenario, el mandato que obliga a los legisladores a votar afirmativamente el proyecto que anula la Caducidad es "inmodificable", dijeron a El País fuentes frenteamplistas.

Para dar marcha atrás en este mandato, se requiere la misma cantidad de votos más uno de los integrantes del Plenario anterior.

En tanto, ayer la Mesa Política ratificó que el proyecto interpretativo que anula la Caducidad se vote el jueves 19 en Diputados. Si bien desde Asamblea Uruguay y el MPP había interés de dilatar la fecha, la posición intransigente del PCU y las bases logró mantenerla.

Ante el anuncio realizado por los diputados del Espacio 609 Víctor Semproni y Gonzalo Mujica de no apoyar la interpretativa, el MPP aseguró ayer que estarán todos los votos de los legisladores para aprobar el proyecto anulatorio de la Caducidad. Los demás sectores advirtieron que de no ser así, "cualquiera puede desacatar un mandato y se puede ver afectada la gobernabilidad".

Durante la sesión de ayer de la Mesa Política hubo múltiples pases de factura entre el MPP y los comunistas, dijeron a El País participantes del encuentro.

El Partido Comunista y las bases responsabilizaron al presidente José Mujica de la crítica situación que vive la izquierda.

En su audición radial que se emite por M24, el presidente dijo ayer que a la gente "no habrá quién la convenza de que una decisión legislativa puede matar a una consulta popular. ¡Y menos a dos!", en referencia a las de 1989 y 2009 que ratificaron la ley.

Las palabras de Mujica generaron desconcierto en sectores del FA. El representante del Frente de Izquierda de Liberación (Fidel) en la Mesa Política, Roberto Miranda, lanzó severas críticas hacia el presidente. "El MPP, Asamblea Uruguay y Mujica son los que tienen la culpa de todo esto que está sucediendo", dijo en la sesión.

El mismo concepto fue manejado por los delegados de las bases de Montevideo y Canelones, que manifestaron su "asombro" en relación "a la actitud contradictoria asumida por el presidente". También se cuestionó la intervención del primer mandatario en un asunto que "ya había sido saldado por la fuerza política".

Como forma de lograr un clima más ameno al debate, Heber Bousses (representante del MPP en la Mesa Política) pidió que se realice "un Plenario en paz y con respeto".

Pero los comunistas discreparon. "Eso es de partido único, a nosotros no nos van a venir a disciplinar, lo que tiene que haber es una discusión franca y responsable", respondió un delegado del PCU.

El clima tenso que se vivió ayer en la Mesa Política, anticipa un Plenario duro entre los distintos sectores que dejará en descubierto las diferencias internas. Además algunos pidieron la presencia de "distinguidas figuras del FA" que estuvieron relacionadas con el debate de la Caducidad, en una clara referencia al ex presidente Tabaré Vázquez (2005-2010).

La posición de Mujica será analizada por los delegados de los sectores en el Plenario del FA. En ese contexto, se evaluará una nueva propuesta de la Vertiente Artiguista (VA) para realizar un referéndum antes de noviembre, luego de aprobada la ley que anula la de Caducidad.

El senador Enrique Rubio (VA) dijo a El País que la propuesta entregada generó interés de parte de los sectores. El Nuevo Espacio y el Partido Socialista dieron una opinión favorable, en tanto el MPP fijará hoy una posición oficial.

El delegado de la Liga Federal en la Mesa Política, Antonio Maldonado, dijo a El País que su sector ya había planteado la consulta popular como una solución en el Plenario anterior.

Sin embargo, otra vez las bases y el Partido Comunista pusieron reparos: no son partidarias de asumir un compromiso inmediato de realizar una nueva consulta popular.

Otro camino que se maneja es el del presidente del FA, Jorge Brovetto, por el cual se pretende la revocación de los actos administrativos de gobiernos anteriores que incluyeron varios casos dentro de la ley de Caducidad, y al mismo tiempo la derogación de esta norma.

Las alternativas al proyecto interpretativo no conforman a las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos que ayer se manifestaron frente a la sede del FA. El vocero de la Mesa Contra la Impunidad, Sergio López Burgos, dijo a El País que "si no se llegó a anular la ley de Caducidad en los plebiscitos, fue por la falta de voluntad política de la fórmula presidencial que encabezaron Mujica y Danilo Astori".

Algunos sectores admitieron durante la reunión de ayer que la manifestación de los familiares "es una vergüenza y una puñalada para la izquierda".

El presidente José Mujica dejó ayer sin efecto una resolución del primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990), que incluyó en la ley de Caducidad el caso de la desaparición del militante comunista Álvaro Balbi, ocurrida en el año 1975.

La decisión fue solicitada por la esposa de Balbi, Lille Carusso. El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, informó a El País que el Poder Ejecutivo resolverá "a solicitud de parte" todos los casos que se le presenten. Breccia aclaró que no se prevé aplicar una resolución genérica sobre todos los casos (unos 80) que fueron incluidos en la ley de Caducidad por gobiernos anteriores.

La resolución del presidente Mujica se fundamenta en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA referida a la desaparición María Claudia García de Gelman en 1976, que compele al Estado a tomar las medidas necesarias para que la ley de Caducidad no sea un obstáculo para la investigación de casos de desaparición forzada.

En 1989, la Suprema Corte de Justicia consideró constitucional la aplicación de la ley de Caducidad en el caso Balbi. Ahora, el juez interviniente decidirá si existe "cosa juzgada" -lo que le impediría reabrir el caso- o no. Su decisión podrá ser apelada por las partes.

Referéndum. La Vertiente Artiguista (VA), a través del senador Enrique Rubio, plantea que una vez aprobado el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad se realice una consulta popular ratificatoria. Para eso se requiere modificar el artículo 30 de la Ley 16.017 por el artículo 2° de la Ley 17.244. La misma habilita la vía rápida de convocatoria a consulta popular, mediante 50 firmas de diputados y 16 de senadores. La Corte Electoral dispondría de 45 días para convocar a una consulta popular, la que deberá conseguir el 25% de adhesiones del padrón electoral para que se confirme la realización del referéndum obligatorio.

Brovetto. El planteo del presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, fue redactado por el constitucionalista José Korzeniak, el secretario de Presidencia Alberto Breccia y el diputado Jorge Orrico. La propuesta, a la que accedió El País, explica que "los actos dictados por el Poder Ejecutivo tienen una ilegitimidad manifiesta y en consecuencia de conformidad con la doctrina encabezada por Sayagués Laso pueden ser revocados". Esto significa que la medida tiene efectos retroactivos, lo que permite desarchivar causas judiciales. En tanto, se plantea como solución a futuro la derogación de la ley de Caducidad. En ese marco se establece a texto expreso que "no opera la prescripción respecto a las situaciones incluidas en la aplicación de la ley". Este planteo carece de apoyo dentro de la coalición de izquierda, por entenderse que "pasa por alto a los dos plebiscitos sobre Caducidad".

La fiscal penal Mirtha Guianze presentó ayer un recurso de aclaración ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que la Corporación determine si los delitos cometidos por los militares José Gavazzo y Ricardo Arab, condenados a 25 años de prisión por 28 homicidios muy especialmente agravados, implicaron o no ilícitos de lesa humanidad.

"Puede ocurrir que siendo homicidio también se consideren delitos de lesa humanidad. La no aplicación de la desaparición forzada no le elimina la posibilidad de que sean delitos de lesa humanidad", indicó Guianze ayer a El País.

La diferencia radica en que un delito calificado como de lesa humanidad no prescribe, siendo que cualquier ilícito ordinario tiene plazos máximos para juzgarlo. Los delitos cometidos en dictadura prescribirían el próximo 1° de noviembre.

La SCJ, por mayoría de cuatro a uno, consideró que Gavazzo y Arab son responsables de los delitos de homicidio muy especialmente agravado y no de desaparición forzada, como pretendía la fiscal Guianze en el recurso de casación que presentó en la Corporación.

La sentencia de la SCJ, firmada por los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak, Jorge Larrieux y Daniel Gutiérrez, determinó que no puede aplicarse la desaparición forzada ya que ese delito fue creado recién en 2006, informó ayer el semanario Búsqueda.

El fallo de la SCJ tiene el voto discorde del ministro Leslie Van Rompaey, quien entiende que sí debe aplicarse la desaparición forzada, ya que se trata de un delito permanente y solo termina cuando aparecen los restos del desaparecido.