Exdirectora del Sarandí iniciará juicio al Estado

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PAULA BARQUET

Detrás del escándalo en torno a la exdirectora del Hogar Sarandí, acusada de mantener relaciones indebidas con internos, asoma un escenario complejo. Hay dos funcionarios del hogar sumariados y una "amplia investigación" del INAU en curso.

El martes M. cumplió 26 años. Ese mismo día se presentó ante el abogado Gumer Pérez para solicitarle su defensa. Ya no dirigía el Hogar Sarandí, parte del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji), pero sobre ella pesaban serias acusaciones por "relaciones no claras e inadecuadas con los adolescentes" en el tiempo que había estado al frente. Y quien la denunciaba era el propio gerente general del Semeji, Rolando Arbesún.

En diálogo con El País, Arbesún había definido esas relaciones "inadecuadas" como "un combo completo", dejando abierta la posibilidad de que M. tuviera relaciones sexuales con internos y les vendiera droga.

Durante la semana se especuló mucho al respecto de M., pero lo cierto es que no hay nada comprobado. El presidente del sindicato de funcionarios, José Lorenzo López, salió al cruce de Arbesún por haber hablado de más. "No le hacen bien a la institución este tipo de declaraciones", señaló López a El País. Reconoció que se reunió "un par de veces" con Javier Salsamendi, presidente del INAU, para plantearle su preocupación al respecto. "No es la primera vez que Arbesún toma medidas sin pruebas", dijo. "Menoscaba" a los empleados.

Arbesún no explicitó sus acusaciones. Consultado por los medios, se limitó a afirmar que ya había dicho lo que quería declarar. El País intentó hablar con él para este informe y no respondió a las llamadas.

En tanto, según confirmó Gumer Pérez a El País, M. decidió iniciar acciones legales. Demandará al Estado por daños y perjuicios, y demandará a Arbesún a título personal, así como a "todos los personajes políticos y mediáticos que se subieron a la locomotora", por difamación que afecta su honor.

"Salsamendi me dijo que estaban pensando en elaborar un comunicado, pero no alcanza. Esto es de un desagravio público para arriba", alegó Pérez.

Por otra parte, como consecuencia del escándalo que envuelve a M., el INAU decidió que a partir del concurso vigente se requiera de un mínimo de edad para acceder a un cargo directivo.

"Hemos evaluado que no es conveniente ingresar al sistema a personas demasiado jóvenes", dijo a El País Jorge Ferrando, miembro del directorio del instituto. "Pondremos un límite de 25 o 27 años, a los efectos de que haya una cierta madurez y experiencia adquirida, y cierta distancia con los internos", agregó.

DENUNCIAS VARIAS. Ferrando advirtió que hay una "amplia investigación" en curso que afectaría a M. pero también a otras personas que trabajan en el hogar.

Se trata de una denuncia que hizo el INAU ante la Justicia de Crimen Organizado "respecto al ingreso de drogas" al hogar, explicó Ferrando. Surgió "en el marco de varias denuncias" recibidas en el instituto sobre "situaciones vinculadas a drogas", pero "no es contra ella", aclaró el jerarca.

Por esa investigación ya hay dos funcionarios del Sarandí en proceso de sumario. El abogado dijo que fue justamente M. quien los denunció ante las autoridades "por hechos similares" a los que Arbesún le adjudica a ella: "relaciones estrechas con internos", así como ingreso de droga y celulares al centro, según Pérez. M. participó directamente de la requisa a estos empleados y el miércoles pasado fue al juzgado a declarar como testigo, no acusada.

De todos modos, está lejos de tener un historial ejemplar. Si bien Pérez destaca que en su legajo "no hay ni una tacha, ni siquiera una inasistencia", la joven de 26 años -que ingresó al INAU por concurso- fue investigada en 2008 y denunciada por el sindicato en el segundo semestre de 2010.

La primera fue una investigación administrativa que se inició cuando era funcionaria del Hogar Desafío (ver aparte). Fue por irregularidades en el manejo de los internos, y no se le encontró responsabilidad. El abogado informó que la investigación se inició porque un funcionario la acusó de "hacer la vista gorda" ante distintas situaciones.

En esa misma etapa fue denunciada por otros dos funcionarios de vender drogas a internos, confiaron fuentes del Semeji. En los meses siguientes ambos empleados fueron atacados por adolescentes. Uno de ellos corrió riesgo de vida.

A fines de 2008 M. pasó a desempeñarse en el Hogar Puertas. En enero de 2010 se la designó coordinadora del Hogar Sarandí. El director de ese centro comenzó a ausentarse y ella fue asumiendo la dirección. Finalmente el jerarca renunció y las autoridades nombraron a M. directora del Sarandí. Su rápida escalada está siendo ahora investigada por el INAU, de acuerdo a fuentes allegadas al directorio.

Pero su gestión en el Sarandí no fue satisfactoria. En el segundo semestre de 2010 el sindicato (al que ella pertenece) la denunció "por irregularidades en la gestión". López señaló que "el servicio se le había ido de las manos y los gurises tenían el control del hogar". Además, se detectó que M. otorgaba "ciertos privilegios a algunos internos". Con todo, su abogado afirmó que nunca fue citada a declarar a raíz de esa denuncia.

Arbesún asumió la titularidad del Semeji en abril; quince días después decidió cesar a la joven del cargo. Ferrando dijo que se debió a una evaluación insatisfactoria de su gestión. El abogado de M. acotó que en la resolución solo dice que se debe a una "reestructura" del servicio y a que la joven "no se adecuaba al perfil del cargo".

El 28 de julio fue derivada a un hogar de tiempo completo en el que cumple funciones como educadora de niños pequeños. Allí sigue trabajando normalmente ya que no tiene ningún sumario iniciado ni se comprobaron las acusaciones.

SUmarios y sanciones. La administración central -integrada por Presidencia, los ministerios y sus dependencias, entre ellas el INAU- se rige por el decreto 500/91. Una parte de ese decreto regula los procedimientos administrativos de corte disciplinario, que son tres: investigación administrativa, investigación de urgencia y sumario administrativo.

Lo que hay en el Hogar Sarandí es una investigación administrativa que involucra a varias personas y una denuncia penal en un juzgado de Crimen Organizado, de la que no se pudo conocer más detalles.

Con una investigación administrativa se intentan comprobar irregularidades dentro del servicio o que lo afectan directamente. En ese procedimiento, que puede extenderse por un máximo de 60 días, es posible detectar alguna irregularidad individualizada en una o más personas. Entonces corresponde iniciar sumario.

En este otro procedimiento, que tampoco debe durar más de 60 días, se busca comprobar hechos ilícitos que sí involucran a personas concretas. El expediente puede archivarse o implicar una sanción, que puede ser amonestación, suspensión o destitución.

Gumer Pérez, que además de defender a M. es asesor letrado en el Ministerio de Salud Pública, señaló que los plazos de los sumarios pueden ampliarse porque después de la resolución el acusado puede interponer recursos administrativos y luego acción de nulidad. Algunos duran hasta 10 años.

Aunque no depende de la administración central, hace poco El País informó acerca de una funcionaria de la intendencia de Montevideo que fue destituida recién cuatro años después de haber sido grabada robando en Casino Carrasco.

Pérez explicó que las medidas que se toman durante los procesos de sumario o investigación dependen de la "gravedad" de las pruebas. Puede implicar la separación del cargo o la retención de todos o parte de los haberes, o ninguna de esas.

La designación de la exdirectora del Sarandí en otro centro no se resolvió en el marco de un procedimiento disciplinario, sino por las fallas detectadas en su gestión, aclaró Ferrando.

M. ingresa al INAU a través de concurso en 2008. Cumple funciones como educadora en el Hogar Desafío de la Colonia Berro.

Ese mismo año se abre una investigación que la involucra por irregularidades con internos. La investigación es archivada.

A fines de 2008 pasa a cumplir funciones en el Hogar Puertas, hasta que a principios de 2010 el director del Hogar Sarandí la integra como coordinadora de ese centro de seguridad, que tiene cupo para 25 menores infractores pero suele alojar unos 35.

El director del Sarandí comienza a faltar, por lo que M. asume esas funciones. Cuando el anterior jerarca renuncia, las autoridades la designan a ella directora.

Luego de varios meses al frente del hogar, el sindicato de funcionarios del INAU denuncia irregularidades en su gestión.

Rolando Arbesún asume la gerencia del Semeji en abril; en mayo cesa a M. de su cargo. En julio pasa a cumplir funciones en un hogar de tiempo completo.

El INAU inicia una investigación administrativa por denuncias en torno al ingreso de drogas en el Hogar Sarandí. De allí surge la denuncia penal en curso.