Estado y gremios, obligados a negociar

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La Cámara de Diputados dio sanción definitiva ayer a la ley de negociación colectiva en el sector público, que regula las relaciones entre los gremios estatales y el Poder Ejecutivo y obliga a las dos partes a negociar. Se trata de un proyecto que complementa a la ley de negociación colectiva en el sector privado, que -a un año de haber sido enviada al Parlamento por el gobierno- aún no ha sido aprobada en ninguna de las dos cámaras.

La versión final del texto excluye algunas normas de autorregulación de conflictos incluidas en la versión original del Poder Ejecutivo. Es el caso de la suspensión temporaria de medidas cuando se negocia, la abstención o limitación de medidas que afectan los servicios públicos esenciales, y el establecimiento de servicios mínimos garantizados por el organismo respectivo.

La ley dice que el Estado "promoverá y garantizará" el "libre ejercicio" de la negociación colectiva entre la administración y los gremios. Las partes están obligadas a negociar de buena fe, "lo que no obliga a concretar acuerdos". El Ministerio de Trabajo será mediador y conciliador.

CONDICIONES. Negociar de buena fe implica concurrir a las audiencias "en debida forma", realizar las reuniones necesarias, designar a los negociadores "con idoneidad y representatividad", intercambiar información y realizar esfuerzos "conducentes a lograr acuerdos".

A pedido de los gremios, el Estado deberá informar avances de los proyectos de Presupuesto y Rendición de Cuentas, la situación económica de organismos, así como los planes de capacitación de los trabajadores.

En la negociación colectiva deberán alcanzarse acuerdos sobre condiciones de trabajo, salud e higiene laboral; estructura de la carrera funcional; reforma de la gestión del Estado; y relaciones entre empleadores y funcionarios. Se regulan tres niveles de negociación en el Estado: general en el Consejo Superior de Negociación Colectiva, sectorial o por rama y por último por inciso u organismo.