Es "inconstitucional" compensación a los empleados de IMM

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ANDRÉS LÓPEZ REILLY

Los incentivos económicos que la administración de Ana Olivera otorgará a los trabajadores por hacer bien su trabajo fueron observados por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), que también cuestionó la presupuestación de más personal.

En un escueto dictamen, el TCR observó algunos artículos del Presupuesto Quinquenal de Montevideo que refieren a los recursos humanos de la Intendencia de Montevideo. Como diera cuenta El País el 26 de marzo, en los próximos cuatro años, la Intendencia pagará más de US$ 17 millones adicionales a sus trabajadores por concepto de ascensos y productividad. A su vez, presupuestará a 1.047 personas que hoy se encuentran contratadas.

La comuna pagará $ 30 millones anuales a sus funcionarios por "compromiso de gestión" (un plus en función de los resultados en el desempeño de las tareas), lo que totaliza $ 120 millones al cabo del período; es decir, más de US$ 6 millones.

La cifra fue proporcionada por el director de Recursos Financieros de la IMM, Arturo Echevarría, a la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental de Montevideo.

A su vez, el director de Gestión Humana de la comuna, Jorge Basso, informó que las promociones y ascensos previstos demandarán una partida adicional de unos $ 220 millones al cabo del período: más de US$ 11 millones.

"La Intendencia tiene como objetivo mejorar la gestión y disminuir las inequidades retributivas", explicó Basso. Pero esta aspiración fue técnicamente mal planteada, según el dictamen del TCR.

El documento del tribunal, al cual tuvo acceso El País, señala que "la compensación establecida en el artículo 30 (del Presupuesto Quinquenal) no está determinada -solo se indica una base global porcentual- , delegando en el Ejecutivo (municipal) la potestad de indicar cuáles funcionarios la percibirán y las condiciones para ello, lo cual contraviene el artículo 86 de la Constitución de la República". Este artículo refiere a la fijación y modificación de dotaciones, así como a la autorización para los gastos y recompensas pecuniarias.

Por otro lado, el fallo del TCR señala que los artículos del Presupuesto Quinquenal que justifican la presupuestación masiva de personal contratado no son suficientes para dar cumplimiento a lo que exige la Constitución. Y advierte que "se deberá tener en cuenta el derecho a la carrera administrativa de los demás funcionarios presupuestados, no pudiendo lesionarse los mismos".

"DISCRECIONALIDAD". El edil nacionalista Edison Casulo ya había advertido sobre la "discrecionalidad" al otorgar compensaciones a funcionarios por mejor rendimiento.

En el debate de la Ley de Presupuesto realizado en comisión, Casulo expresó: "¿La productividad de una persona que se dedica al barrido cómo se mide? ¿Por la cantidad de quilos que recoge o por las cuadras que limpia?". Para el edil del herrerismo, lo mejor sería "a igual trabajo, igual remuneración", ya que con el sistema propuesto "puede haber un alto nivel de discrecionalidad" que no es recomendable.

"ESCUETO". Por su parte, el edil de Alianza Nacional Álvaro Viviano dijo a El País que el dictamen del TCR -que no es vinculante y por tanto la IMM no tiene una obligación legal de acatarlo- abarca "una parte únicamente" de las disposiciones introducidas por la comuna en el Presupuesto que -a su juicio- son inconstitucionales.

"Dado que el TCR tuvo que tratar, sobre el límite del plazo, los presupuestos de la mayoría de las intendencias del país, seguramente estuvo impedido de ingresar más sobre el fondo del proyecto. Esperábamos que en algunas normas fuera más contundente, como por ejemplo en lo que tiene que ver con la Tasa Bromatológica", dijo Viviano.

"Hay normas que no están comprendidas y que contravienen claramente la Constitución de la República por ser de carácter confiscatorio, como las que obligan a firmar documentos de pago para retirar las libretas de conducir si las retienen, o para retirar los automóviles que son guinchados. Los juristas consultados por nosotros, en forma unánime, han determinado que esas normas son claramente inconstitucionales", agregó Viviano.