En Brasil la violencia provoca pérdidas por U$S 4.500 millones

El costo de la violencia representa para las tres grandes capitales de Brasil el 5 por ciento del producto interno bruto (PIB), unos 4.500 millones de dólares, afirmó hoy el ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos.

Se trata del dinero que esas ciudades -Río de Janeiro, San Pablo y Belo Horizonte- debieron destinar para prevenir y combatir el delito y que dejaron de percibir en inversiones perdidas a causa de la violencia, agregó.

"Son cifras alarmantes, aunque antiguas", advirtió Bastos, al participar hoy en un seminario sobre seguridad pública en la Cámara de Diputados, que debatió el costo económico, social y político de la violencia.

Según los datos divulgados hoy por el ministro, entre Río de Janeiro, San Pablo y Belo Horizonte, las ciudades más pobladas de Brasil, gastaron por la violencia 12.800 millones de reales anuales.

"La cuestión de la seguridad pública no es una lucha fácil -afirmó Bastos- porque involucra acciones de los tres poderes", y comparó la lucha contra la violencia y la seguridad con un partido de fútbol.

"Podemos ganar en el último minuto, pero tenemos que jugar los 90 minutos como si fuesen el primero", dijo.

El ministro agregó que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ya comenzó a poner en práctica algunas acciones para tratar de resolver el problema de la violencia, entre las que enumeró la reforma estructural de la Policía Federal y la creación de penales federales.

Por su parte, el Congreso votará esta semana medidas para combatir la corrupción, el lavado de dinero, la pornografía infantil y la portación de armas, que según Bastos van a ser útiles en la lucha contra la violencia.

Durante el debate de hoy en la Cámara de Diputados se renovaron las polémicas en torno de la prohibición de la venta de armas de fuego, un proyecto de ley que el Congreso debate sin ningún avance desde 1979.

Hoy, el ministro admitió que ya no se puede discutir la prohibición de venta. "Es una cuestión compleja y se necesita una gran negociación nacional", dijo. "Prohibir la venta es algo que ya fue superado por el tiempo".

El sociólogo Rubens Fernandes, director ejecutivo del movimiento Viva Río, que desarrolla estrategias para reducir la violencia en Río de Janeiro, pidió durante el debate la creación de una comisión que fiscalice la producción de armas en el país.

Fernandes también sugirió a los diputados elaborar un proyecto que restrinja la posesión legal de armas y prohiba su portación, principalmente en las ciudades con más de 100.000 habitantes.

"También necesitamos una convergencia de las leyes en el Mercosur -dijo el sociólogo- y hay que ser ágiles". ANSA