La Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU) comparte totalmente la iniciativa. Incluso, se piensa que es una decisión que el Poder Legislativo debió tomar "hace años", dijo a El País el presidente de la gremial, Roberto Pedregosa.
Aunque la Cámara no puede establecer cuántas viviendas y predios están en situación de ocupación, se sabe que son "innumerables". "Se meten intrusos y si en las 24 horas siguientes no se advierte, después tenemos que ir a un juicio civil de desalojo que dura ocho meses", sostuvo.
"Al fin se les ocurrió algo que sirva para la sociedad y que proteja el derecho de propiedad que es lo más importante que tenemos, amparados en la Constitución", destacó.
Las inmobiliarias de Maldonado y Punta del Este coinciden plenamente. El empresario Luis Borsari, titular de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, recordó que cuando se ocupó la finca de Maldonado hubo un impedimento formal que no permitió que en los plazos previstos los ocupantes fuesen retirados. "Esta modificación que incluye la ley es muy positiva porque permitirá que cualquier persona denuncie la situación irregular, y que también se actúe de oficio", comentó.
Según el empresario inmobiliario, en Maldonado lo que más ocurre es la ocupación de terrenos. "No hay una acción decidida de desalojo y entonces poco a poco se forman asentamientos en lugares donde no se puede ni creer", dijo.