El riesgo no es la OCDE sino el peso de Argentina y Brasil sobre Uruguay

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Ángel Calleja

El experto dice que las declaraciones del presidente francés Nicolas Sarkozy incluyendo a Uruguay en un grupo de paraísos fiscales, deberían tener un impacto limitado en la comunidad internacional, que conoce las características del país. "Uruguay no es el mejor ejemplo de problemas de transparencia en la comunidad", dijo Calleja en entrevista con El País. Con respecto a Argentina y Brasil, sostuvo que esos países tienen más peso como socios comerciales de Uruguay que en los organismos internacionales que integran, como el G20. Agregó que el intercambio de información tributaria, aun entre las potencias, es "bajo y muy mejorable".

Marcela dobal

-¿Qué impacto tienen los dichos del presidente francés Nicolas Sarkozy sobre Uruguay en la comunidad internacional?

-Su impacto debería ser limitado. Se trata de una mera ejemplificación simplificativa. La comunidad internacional con intereses en Uruguay conoce perfectamente la realidad del país más allá de comentarios políticos de éste u otro tipo. Si bien no es positivo para Uruguay desde el punto de vista de su imagen internacional ser citado, siquiera como ejemplo, de prácticas no deseables, sinceramente se me ocurren muchos ejemplos de territorios verdaderamente reprochables, incluso en materia más graves como los derechos humanos, con los que la comunidad internacional viene haciendo negocios con cierta naturalidad y que no son siempre objeto de cita o reproche.

-Si Uruguay no avanzara en la materia, ¿los países de OCDE podrían tomar medidas que afecten a empresas, inversores o entidades financieras internacionales instaladas en el país?

-La OCDE persigue la cooperación y el desarrollo a escala global y es indiscutible que la falta de transparencia y la ocultación de contribuyentes constituye un claro freno a dicho desarrollo. Cabe esperar, por tanto, que la OCDE siga reclamando transparencia y denunciando públicamente cualquier caso que se encuentre bajo el estándar definido en cada momento. Más allá de esta labor y del descrédito asociado, no es función de la OCDE proponer o ejecutar cualquier medida punitiva que procederá, en su caso, de los países concretos, generalmente en un marco bilateral. Debemos desdramatizar por todo ello la situación y ciertamente sería bueno para Uruguay trabajar proactivamente en su capacidad real de cumplimiento del estándar que ahora se define y en definir el plazo en el que esto se puede hacer. Pero siempre desde el convencimiento de que estamos ante una labor de medio y largo plazo de adaptación de la estructura económica al estándar fijado. Insisto en la idea de que el mundo comercia con jurisdicciones verdaderamente problemáticas por lo que Uruguay no parece que deba ser el paradigma de malas prácticas a demonizar.

-Entonces ¿no existen posibles sanciones, como aumentarle los impuestos a las multinacionales que se instalen en Uruguay?

-No veo probable en absoluto ese tipo de sanciones fiscales ni justificado otra clase de bloqueos. En el peor caso si la coordinación internacional avanzara en esa dirección, cosa que no creo ocurrirá nunca, habría que bloquear a un gran número de jurisdicciones lo cual enfrentaría a los países desarrollados entre sí. Además, como medidas disuasorias, existirían fórmulas y plazos suficientes para ser evitadas. No creo en esos escenarios ni en parecidos, ni mucho menos en el corto plazo.

-A pesar de la mala reputación de Argentina en materia financiera, ¿ese país tiene el peso suficiente en el G20 para presionar a Uruguay?, ¿o es Brasil el que tiene mayor influencia?

-Argentina y Brasil son vecinos e importantes socios naturales y estratégicos de Uruguay en materia no solamente económica. Ésta y no otra es precisamente su fuerza más importante: el propio peso de sus relaciones económicas y de otro tipo. Esta fuerza es mucho más poderosa que su voz en los organismos internacionales. Dichos organismos son una importante caja de resonancia pero finalmente cualquier concesión que haga Uruguay a estos países estará asociada al contenido de su relación bilateral y deberá ser objeto de marcada reflexión evaluando pros, contras e impacto en la estructura económica a medio y largo plazo.

-Uruguay se ha constituido en cierta medida en centro financiero del Mercosur, ¿le conviene dejar de serlo?

-En absoluto. Creo que es una especialización reconocida en la que Uruguay debería profundizar sabiendo, eso sí, que es una especialización compleja de hacer valer en el mundo global al que vamos. Hoy ya no es suficiente con especializarse como centro financiero, además hay que especializar al propio centro financiero: no es lo mismo dirigirse a la gran empresa que a la banca privada personal, por ejemplo. Por ello yo no daría ni mucho menos por hecho que a Uruguay le resultará fácil convertirse en el centro financiero de referencia en Mercosur.

-¿Por qué el tema de la "transparencia" se puso sobre la mesa en los últimos años, coincidiendo con las crisis internacionales?

-Transparencia es la palabra clave con la que arranca el siglo y el motor de los cambios más relevantes que estamos viviendo en tanto órdenes. Hoy no se concibe al Estado, a las empresas, a las propias redes sociales que utilizamos al margen de la transparencia. Empieza a ser una palabra que define y separa lo que está bien y lo que está mal. Trasladado este concepto al mundo económico-tributario internacional no es aceptable que un Estado se beneficie de la ocultación especialmente cuando es verdad admitida que dicha ocultación frena el desarrollo y el progreso indispensable para un mundo ya de 7.000 millones de habitantes. Nuevas instituciones internacionales, pendientes aún de estatuto, como el propio G-20, ante la grave crisis financiera internacional han tomado esta bandera y, conjuntamente con la OCDE, han adoptado lo que los sajones llaman un "farmer´s approach" o la estrategia del granjero en este terreno: ya que no podemos agrupar a todos los Estados en la misma parte del campo de juego, en lugar de concentrarnos en moverles a ellos uno por uno vamos a ir en su lugar moviendo las vallas progresivamente para que sean ellos los que deban ubicarse en el terreno deseado. La estrategia por tanto es definir un estándar mínimo como una permanente obra en curso y complementarla con irreprochables análisis metodológicos y homogéneos de cada país (peer reviews) que fuercen a estos a ubicarse en el lugar adecuado.

-Algunos analistas y políticos locales hablan de "neocolonialismo tributario". ¿Qué opina usted?

-Es una frase creativa. Felicito al autor pero sinceramente no creo que describa la situación. La realidad es que los países desarrollados han entrado en una fase de profunda interdependencia económica con los bloques menos desarrollados de Asia y Latinoamérica. Estamos ante los primeros intentos de regular en base a principios positivos y aceptables para todos, en pie de mayor simetría, cómo debe funcionar dicha interdependencia. Los tradicionales principios del colonialismo poco o nada tendrán que decir en este debate entre otras cosas porque han sido superados hace tiempo por las necesidades y oportunidades que el mundo global puede brindar.

-La OCDE primero clasificó a varios países en una "lista gris"; y les pidió 12 acuerdos para salir de ella. Ahora elevó las exigencias y analiza más aspectos que ése en la peer review del Foro Global. ¿Por qué cambió el criterio?

-Como comentaba anteriormente se trata de un nuevo enfoque inducido por la constatación de que el modelo territorial estático no sirve. Por ejemplo, se dejaba de ser paraíso fiscal automáticamente y se tardaba demasiado en ser recalificado como tal en base a los criterios existentes sobre número de acuerdos, etc. Se pretende ahora inyectar una tensión permanente. No olvidemos que en la UE conocemos bien la cuestión ya que Estados muy importantes, integrantes y no integrantes, como Luxemburgo y Suiza han existido durante décadas a la sombra del mercado único en construcción con reglas del juego diferentes. Son realidades que siempre retendrán determinado valor añadido pero que a futuro, a medida que sigan cayendo las barreras a la transparencia, deberán basarse en parámetros estrictos de verdadera competitividad.

-¿Le sorprendió la dureza del G20 con Uruguay?

-Hay que entender esas manifestaciones como manifestaciones políticas y no como otra cosa. Podemos imaginar el alivio sentido por jurisdicciones mucho más reprochables que Uruguay y, a su vez, la sensación de que si Uruguay no está a la altura, otros países con peor estándar tienen un serio problema. En todo caso seguramente a Uruguay le corresponde hacer un trabajo interno, adoptar una estrategia que preserve la imagen internacional positiva del país y buscar los propios intereses en un plazo razonable y sin dramatismos. Ello incluye mi convencimento de que en el medio y largo plazo Uruguay no tendrá tampoco especial interés en mantener la situación actual. Sería una señal muy preocupante. Hay ya experiencias de las dificultades experimentadas por territorios privilegiados que no implantaron sus reformas a tiempo.

-¿Uruguay fue lento en reaccionar?, ¿subestimó los llamados de atención?

-Con franqueza no lo creo. Hay mucho que hacer pero aún es pronto para medir el alcance de toda la iniciativa y, en todo caso, Uruguay, si reacciona correctamente debería tener tiempo suficiente para implantar las medidas que estime necesario. Insisto en que hoy por hoy Uruguay no es el mejor ejemplo de problema de transparencia de la comunidad internacional

-¿Qué otros países sí lo son?

-Hay muchos ejemplos. La mayoría de los países identificados originalmente como paraísos (más de 40, con independencia de que ya no estén formalmente en la lista negra) con toda probabilidad estén ahí, en peor situación que Uruguay.

-En definitiva, ¿qué tanta información fiscal intercambian los gobiernos en la actualidad?, ¿todo esto es mucho ruido por pocas nueces?

-La cantidad y la calidad de la información tributaria que intercambian hoy por hoy las administraciones es muy variable y depende de varios factores. En primer lugar de la ubicación de los países. Así, en la UE existe un grado aceptable de intercambio de información en materia estrictamente administrativa. Pero al no existir una Agencia Tributaria Europea queda en última instancia en la esfera de cada Estado el grado de cumplimiento. Fuera de la UE la relación bilateral es la que manda y, en este sentido, se ha demostrado que la cláusula de intercambio de información de los Tratados de Doble Imposición es claramente insuficiente y debe superarse. Otro factor relevante es la naturaleza del asunto que cuando es criminal normalmente facilita la cooperación. En todo caso el grado de intercambio general es bajo y muy mejorable. No hay más que ver las dificultades que encuentra frecuentemente un país como Estados Unidos, con toda su fuerza y capacidad de persuasión, en múltiples jurisdicciones. Los propios Estados saben y reconocen esta deficiencia no imputable precisamente a los ciudadanos y estoy seguro de que en el futuro veremos múltiples trabajos y esfuerzos en esta dirección. El Convenio Multilateral ya propuesto por el G-20 va precisamente en esta dirección y si finalmente tiene éxito constituirá un gran avance.

-¿Uruguay es un paraíso fiscal?, ¿cuáles son los criterios para definir si una jurisdicción lo es?

-La práctica de listar paraísos fiscales con un concepto estrictamente geográfico, si bien puede resultar muy gráfica, incluso atractiva, no deja de ser una idea del siglo XX que progresivamente va abandonándose en el siglo XXI. De hecho, existen otros criterios no territoriales para definir un paraíso fiscal que han venido siendo utilizados por muchos países, por ejemplo un criterio estatutario que consiste en decir que determinado tipo de forma societaria constituye un paraíso, o criterio cuantitativo consistente en reputar paraíso a cualquier país que grave a sus empresas por debajo de un tipo de imposición concreto reducido; incluso un criterio informativo: es paraíso aquel país que no informa sobre titulares de inversiones. No existe por tanto un concepto ni un listado unitario de paraíso fiscal: cada país tiene (o no) su propia lista o criterio al efecto. Es cierto que la lista homogénea más reconocida está hecha con un criterio geográfico por la OCDE. Es su denominada lista negra en la que, hoy por hoy, Uruguay no figura y que ha quedado muy limitada en tiempos recientes. Precisamente la facilidad para abandonar esa lista es lo que ha terminado de convencer a muchos de que listar por geografías no es la metodología adecuada para combatir los efectos perniciosos de las prácticas asociadas a los paraísos.

Uruguay sí figura en la denominada lista gris de la que puede salir fácilmente suscribiendo un número suficiente de acuerdos. Algo que está claramente al alcance si es que Uruguay no lo ha cumplido ya. La dirección en la que hoy van tanto la OCDE como el G-20, sin embargo, y esto es lo importante, es la de definir un estándar mínimo de transparencia, por ejemplo, una línea de flotación en cada momento, a la que debe adherirse la comunidad internacional, iniciándose así una permanente cruzada, siempre en curso, en favor de la transparencia y de los beneficios que ésta acarrea.

Nombre: Ángel Calleja

Nació: Madrid, España

Edad: 50 años

Otros datos: Especialista en Derecho fiscal internacional.

Máster en Derecho financiero y tributario, especializado en fiscalidad internacional, negociación internacional y fusiones y adquisiciones. Es socio de Garrigues, una prestigiosa firma de abogados y asesores tributarios de España. Se desempeña como director del programa International Business Law de la Universidad de Harvard y hace 15 años trabaja como profesor de fiscalidad internacional en máster en escuelas de negocios de Madrid. Es asesor de las principales multinacionales españolas tanto en operaciones domésticas como internacionales. También es responsable de la planificación de la inversión española más relevante en América Latina. Asesoró a OCDE en materia de precios de transferencia y reestructuraciones empresariales.