El Partido Nacional muestra divisiones por la megaminería

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El Partido Nacional pretende que el gobierno no conceda más permisos de explotación mientras no se logre un consenso entre los partidos políticos y el Poder Ejecutivo.

Aunque dividido, el Directorio nacionalista llevará una posición mayoritaria a la comisión multipartidaria que estudia la política que seguirá el Estado respecto a los emprendimientos de minería a cielo abierto a gran escala.

La integrante del Directorio Beatriz Argimón, representante de la Concertación Republicana Nacional (CRN, del senador Jorge Saravia), votó en contra del documento, y Carol Aviaga, de la agrupación Aire Fresco (de Luis Lacalle Pou), se abstuvo.

La moción aprobada se nutrió básicamente de aportes de los diputados Álvaro Delgado (Aire Fresco) y José Carlos Cardoso (Unidad Nacional).

El documento de consenso tampoco contó con el respaldo del senador Sergio Abreu (Dignidad Nacional), quien argumentó en contra y se retiró de la reunión.

El senador Abreu manifestó en el Directorio que "el gobierno no sabe adónde va" con la megaminería, y que "debió decretar las áreas estratégicas para la reserva minera y definir qué quiere para el sistema productivo".

A BUONOMO. El documento que fue remitido ayer mismo al presidente de la comisión multipartidaria, Pedro Buonomo, tiene dos capítulos: "Eje social y ambiental" y "Eje económico y gobernanza".

La posición del Partido Nacional obligaría a modificar tres leyes: la de ordenamiento territorial, el Código de Minería y el Código Tributario.

El Partido Nacional aspira a que el gobierno no otorgue autorización minera alguna antes que haya un permiso ambiental previo para el proyecto minero.

En el primer capítulo del documento se establece que antes de aprobarse los emprendimientos de minería de gran porte, se deben implementar los controles medioambientales, de ordenamiento territorial y de desarrollo sustentable.

Además se deberán "garantizar con auditorías externas" (ambientales, económicas, sociales, territoriales, etc.) la gestión y ejecución de los emprendimientos mineros.

El inversionista deberá presentar, trimestralmente, una declaración jurada, firmada por un profesional competente, en la cual consten los estudios y la realización de monitoreos requeridos por la autoridad ambiental. En caso del incumplimiento de las metas ambientales, así como en el período establecido para su aplicación, se deberán imponer "multas onerosas", dice el documento.

En cuanto a los ejes económicos, se establece que la minería de gran porte debe cumplir los siguientes requisitos: una producción superior a US$ 100 millones por año, independientemente que su destino final sea para el mercado interno o externo; una inversión total que exceda los US$ 100 millones durante toda la vida útil de proyecto; una afectación territorial mayor a 400 hectáreas, y la inclusión de un capítulo específico para la minería de gran porte en el Código Minero.

En cuanto a los lineamientos tributarios, el documento blanco propone crear, en un régimen especial, una tasa adicional progresiva al impuesto a la renta empresarial (IRAE) para que se llegue a una tasa de imposición efectiva de alrededor de 50% de la renta obtenida, según una idea de Cardoso.