El episodio Guianze

Al imponerse a sangre y fuego la presencia de la Dra. Guianze en la Fiscalía de Corte, el país se ha deslizado a un espacio de inseguridad jurídica y debilitamiento constitucional particularmente grave. El ciudadano común no tiene porqué conocer todas las vueltas de la ley, pero el uruguayo posee desde siempre un respeto a la norma constitucional que sabe que es la garantía de sus derechos, perdida la cual, todo empieza a estar en cuestión.

Este es el caso. Se trata de que cuando falta el Fiscal de Corte por "impedimento, recusación o excusación", debe asumir el Fiscal Civil más antiguo. Así lo dice la ley y así lo aplicó el gobierno anterior, cuando nombró al Dr. Brovia en sustitución del Dr. Peri, "impedido" por un sumario; y así lo hizo este gobierno cuando nombró a la Dra. Fajardo, la Fiscal Civil más antigua, cuando quedó "impedido" el Dr. Brovia por cumplir los 70 años. Ahora, sorpresivamente, el gobierno cambia el criterio y dice que nombra interinamente a quien ha propuesto al Senado y no ha obtenido aún el consenso. Construye entonces la peregrina tesis de que el "impedimento" no juega porque estamos ante una "vacancia" y entonces impone el interi-nato que se le antoja, cuando la Constitución también es clara, al afirmar (art.332) que ninguna de sus normas dejará de aplicarse por falta de reglamentación legal, pues se recurrirá al "fundamento de leyes análogas", que en el caso -inequívocamente- es la ley de subrogaciones que hemos comentado. O sea que, por el lado que se le busque, se está violando una Constitución que exige 2/3 de votos del Senado para ocupar el cargo de Fiscal de Corte.

Eso mismo es lo que opina la actual Fiscal de lo Civil más antigua, que está impugnando el acto administrativo, como lo hicimos también los tres Senadores colorados, Alfie, Amaro y quien escribe, que nos consideramos escamoteados en nuestro derecho a decidir sobre el tema. Esto, por otra parte, es lo que opinaba la propia Dra. Guianze, quien afirmó que "no compartimos que las subrogaciones se transformen en interinatos, porque quien ocupe el cargo debe cumplir con el requisito constitucional de la venia de los 3/5 del Senado. […] por eso no asumiría un interinato, que en los hechos significara desconocer una norma constitucional". "Esta es una cuestión de principio y de respeto al Estado de Derecho, porque en forma oblicua no se puede acceder a un cargo soslayando lo que la Constitución manda" ("El Observador", y "El País", 26 y 27 de septiembre de 2006).

Ahora la Dra. Guianze cambia y acepta este interinato, que acumulará al ejercicio de su cargo de Fiscal Penal, en la aberrante condición de subordinado y jerarca a al vez.

Estamos, entonces, ante la aberración constitucional y un grave daño que se le hace a la convivencia democrática. El irrespeto a los principios constitucionales nos va deslizando hacia un peligroso autoritarismo y al ejercicio prepotente de una mayoría parlamentaria. La misma actitud es la que lleva a que en la educación se atropelle el principio de laicidad y las normas que prohíben todo proselitismo, para que -violando la independencia espiritual de menores de edad- se les glorifique la subversión de los años 60 y 70 que está en la raíz de la dictadura que después sufrimos. Por ese mismo irrespeto a las normas es que se habilitan las ocupaciones de los establecimientos comerciales o industriales o se establecen normas prohibitivas sobre el consumo de tabaco, que podrán estar bien o mal pero deben imponerse por ley y nunca por simple decreto del gobierno, ya que se trata de limitaciones a los derechos individuales de las personas. La vieja raíz antidemocrática de la izquierda está reapareciendo, pues ya son demasiados los episodios de análoga naturaleza que se van acumulando y que nos exigen levantar una voz de alarma. Un gobierno podrá acertar más o menos en su administración, pero no puede atropellar así a los ciudadanos y a las instituciones.