EDUCACIÓN

A comienzo de cada nuevo período de gobierno, el Ministerio de Educación y Cultura debe presentarle al Parlamento cuál será la política educativa para el quinquenio. Así lo estableció la ley de urgente consideración (más conocida por su sigla LUC).

Fue la LUC, a su vez, la que acordó que, como excepción, el primer plan pueda presentarse después de aprobado el Presupuesto Nacional, pero antes del 30 de junio de 2021. Por eso ayer las autoridades ministeriales difundieron el documento de 35 páginas. Y más de la mitad de los indicadores que demuestran los logros de las metas trazadas se basan en los cambios normativos para la educación que propuso la propia LUC.

Es decir, el Plan de Política Educativa Nacional para este quinquenio de gobierno está segmentado en cinco principios generales. Tres de ellos (“el control ciudadano y gestión responsable”, “más coordinación para un mejor aprovechamiento de los recursos” y “docentes mejor formados para una mejor educación”) se basan casi íntegramente en las modificaciones de la ley de Educación que estableció la LUC. Refiere, más bien, a los cambios de gobernanza, las estructuras de los organismos y las autonomías.

Los restantes dos principios (“más oportunidades para todos” y “aprendizajes de calidad, con énfasis en los más vulnerables”) tienen su raíz en el plan que diseñó la ANEP para el quinquenio. De hecho, repite las mismas metas. La excepción son algunos indicadores que exceden al ente autónomo que rige la educación obligatoria. Por ejemplo, el gobierno pretende que, al final de la gestión quinquenal, el 85% de los niños de tres años esté asistiendo a un centro educativo.

“Esto es una hoja de ruta que marca cinco grandes orientaciones y luego un conjunto de organismos que, cada uno a su manera, va a hacer de sus cosas, pero siempre sumando dentro de estos cincos rumbos. Esa es la lógica del documento”, explicó el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira. El jerarca comentó en rueda de prensa, tras hacer entrega del Plan al Parlamento, que la idea de que exista un plan, como fijó la LUC, se fundamenta en que sean públicas las grandes líneas de cada administración, de manera tal que esté “sobre la mesa al momento de elegir los tres miembros del Codicen que se eligen con venia parlamentaria”. Por eso la normativa prevé que el plan sea entregado en los primeros meses de gobierno.