Gobierno busca reinstalar la representación docente a nivel de Primaria, Secundaria y UTU, que quitó la LUC

El Poder Ejecutivo presentó en el Parlamento un proyecto de ley para retomar la representación docente a nivel de Primaria, Secundaria y UTU, algo que se quitó a partir de la ley de urgente consideración (LUC) del gobierno de Luis Lacalle Pou, y que el oficialismo prometió reinstalar en campaña electoral.

El gobierno apuesta a volver a instaurar los "consejos de educación", lo que incluye sumar a un representante electo por los docentes en la “mesa chica” de los diferentes subsistemas, así como también ampliar la participación en las “comisiones consultivas”.

El proyecto de ley, con fecha del 1° de octubre, que pasó días atrás a estudio de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, vuelve a poner en debate la estructura de los principales organismos educativos, tras las definiciones tomadas por el gobierno de coalición.

La iniciativa oficialista señala que la “incorporación de los docentes” en Primaria, Secundaria y UTU es un “compromiso” de la política educativa nacional, y una herramienta para “recoger la acumulación de conocimiento producto de la formación profesional y la práctica cotidiana en la tarea de educar”.

El proyecto propone dejar atrás las “direcciones generales”, instaladas por la LUC, con un director y subdirector, para retomar los “consejos de educación” con tres miembros, sumando a un representante docente. De hecho, el titular de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, fue representante electo por los docentes en Primaria entre 2016 y 2020, en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez.

El cambio que aterrizó con la LUC se fundamentó en dejar atrás lo que la actual oposición denunció como un estado de “asamblea permanente” en los diferentes subsistemas, para darle otra agilidad a la marcha educativa, en un contexto en que, además, se trabajaba en aterrizar una transformación del sistema.

“En los últimos años, se consideró la participación como un factor secundario y meramente consultivo, se redujo la participación docente, estudiantil y familiar con el fin de lograr mayor eficiencia y capacidad de decisión para la gestión; trasladando el eje de actuación de la enseñanza a la eficiencia administrativa. Sin embargo, las evaluaciones de los aprendizajes y el compromiso de asistencia no indican que esto haya redundado en un funcionamiento más ágil y, sobre todo, efectivo”, apunta el proyecto de ley.

En ese sentido, se plantea que “las autoridades de la educación no contaron con la presencia de docentes electos por sus pares que pudieran proponer, apoyar, aplicar o advertir acerca de las dificultades de las políticas que se desarrollaron, excluyendo así a quienes son los protagonistas y ejecutores principales de cualquier política educativa”.

Además, el gobierno planteó “fomentar la participación social que ha sido un factor aún no resuelto en las políticas educativas”, en línea con la política educativa nacional trazada para el quinquenio.

Para ello, se propuso modificar la conformación de las “comisiones consultivas”, que cada subsistema educativo “tendrá la potestad de conformar”. Así como también ampliar la participación, a “estudiantes, familias, funcionarios y otros actores de la sociedad”.

El último artículo del nuevo proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo establece que “toda mención” a “direcciones generales” en la LUC, deberá “sustituirse” por “consejos de educación”.

La presidenta de la comisión de Educación y Cultura, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, dijo tras ser consultada por El País que si bien el proyecto de ley citado ingresó días atrás, hasta diciembre no funcionarán otras comisiones por la intensa discusión de la ley de Presupuesto, la que ya fue aprobada en Diputados. Por el momento, no se habló del tiempo de tratamiento de esta redacción, acotó.

Respecto al contenido del proyecto de ley, Bianchi remarcó que “legalmente” no existe un inconveniente con esta iniciativa ya que una ley deroga a otra ley. “Pero llaman a referéndum y después no tienen en cuenta la decisión del cuerpo electoral”, agregó en referencia a la impugnación de la LUC durante el gobierno pasado, la que no prosperó.

El senador colorado Robert Silva, considerado el “padre” de la reforma educativa en curso, pues fue el presidente de la ANEP en la anterior administración, calificó a El País de “retroceso importante” la redacción que presentó este mes el gobierno.

Para el extitular de ANEP el "grave problema" está en que la educación nacional se "sigue, en muchos aspectos, comportándose como antes de la ley de 1972, cuando eran entes autónomos cada uno de los niveles educativos".

El colorado llamó a "trabajar para que la educación salga del estado de asamblea permanente", y para aterrizar medidas "en coordinación y articulación" entre los diferentes subsistemas.

"Hay que dar batalla en el parlamento para que el proyecto de ley no prospere. Ojalá Cabildo Abierto mantenga su posición coherente con lo que defendió en todo momento, trabajando para que la LUC se mantuviera. De hacerlo, el Frente Amplio no tiene lo votos para poder cambiar la ley de educación vigente", acotó Silva, que fue representante docente en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP durante el último gobierno de Vázquez. El Codicen tiene dos cargos docentes y esto no se modificó con la LUC.

El diputado cabildante Álvaro Perrone, en tanto, dijo tras una consulta de El País que por el momento el partido liderado por Guido Manini Ríos no tiene una postura al respecto. Planteó que van a "esperar que llegue a Diputados" la redacción, tras su votación en el Senado, y "ahí ver".