Los directores de Aduanas y de la Dirección General Impositiva no ocultaron su satisfacción ayer al hacer público que un operativo conjunto había desbaratado un fraude tributario varias veces millonario en dólares que no se animaron a cuantificar porque es insospechado hasta dónde puede llegar el monto.
El caso de delitos "de cuello blanco" era promovido por una firma de despachantes de Aduana, a través de la cual se posibilitaba operativas de defraudación por parte de más de 38 empresas comerciales. Las maniobras se descubrieron luego de cuatro años de investigaciones.
El Juzgado Penal de 2º Turno intervino en el caso y el juez Gustavo Mirabal resolvió el procesamiento con prisión de 6 personas: los cuatro socios de la firma —entre ellos la directora principal y un contador— y dos funcionarias. Según consta en el expediente judicial, los procesados son titulares y dependientes de la firma sucesores de Barbieri. La Justicia los encontró culpables de contrabando y de falsificación de certificados de importación.
"No han sido pequeños empresarios, muy por el contrario. Fueron grandes defraudadores los que se valieron de esta maniobra para estafar al Estado y a los ciudadanos", sentenció el titular de Aduanas, Nilo Pérez, en rueda de prensa al caer la tarde.
De las 38 empresas identificadas por evasión y defraudación, se pudo comprobar una fuga fiscal del orden de los 6,5 millones de dólares. Pérez informó que esas dos empresas son consideradas "medianas" y que el caso comprende a firmas "grandes y muy grandes".
HISTORICO. "El resultado de la investigación va a ser millonario en dólares", insistió Pérez, mientras algunos observadores se apresuraban a consignar que se puede tratar de los mayores fraudes de la historia que han desnudado las reparticiones del Estado.
Pérez explicó que se trataba de productos para introducir al mercado nacional y también de exportación.
"Era una organización delictiva sin ningún lugar a dudas, muy afirmada, muy afianzada y que actuaba con muchísima impunidad", acotó.
Pérez dijo que se pudieron descubrir las maniobras por el cruzamiento de datos e información entre Aduanas, DGI, otras instituciones estatales, del sector privado e incluso de países vecinos. "Mediante todos estos elementos determinamos niveles de riesgo, y eso nos llevó a constituir un análisis que nos han permitido descubrir estas maniobras", utilizando todas las herramientas informáticas a disposición, consignó.
"Esto no queda acá. Era una organización estable para delinquir", agregó por su parte el director de Rentas, Eduardo Zaidensztat, que mencionó que la lista de empresas involucradas en la maniobra aumentará. Concretamente, los delitos que estableció la sede judicial fueron asociación para delinquir, contrabando, falsificación de documento público, falsificación ideológica y falsificación de certificado.
"Aquí hay que agarrarlos in fraganti o hay que poder probar la defraudación en el caso del contrabando técnico", valoró el titular de Aduanas.
Nilo Pérez explicó que la maniobra supuso tres tipos de fraude: subfacturación, contrabando (blanqueo, inventando una operación de importación) y la utilización de una empresa secundaria para favorecer a terceras empresas. Dijo que se "clonaban" facturas y se presentaban certificados falsos.
Asimismo, Zaidensztat informó que el Estado intentará recuperar el dinero evadido. Dijo que irá contra los bienes de las empresas y de los directores, en su calidad de responsables solidarios.
Celeridad y eficiencia
Nilo Pérez y Eduardo Zaindesztat elogiaron la actuación de los funcionarios de Aduanas y de la DGI en el caso, y también la "celeridad y eficiencia" de la sede judicial, la Fiscalía y el Ministerio del Interior.
"Entre otras cosas, esto se debe a la acción de funcionarios honestos con los que contamos en Aduanas y DGI", subrayó Pérez.
"Evadir lleva muy poco tiempo, es muy fácil; reconstruir esa película desde afuera, para los funcionarios, nos lleva muchísimo tiempo porque no sólo alcanza con entender o llegar a conocer qué se está evadiendo, sino que hay que recopilar la información necesaria para poder probar esa evasión en el ámbito judicial", indicó.