Denuncias por fuentes de agua contaminadas con agroquímicos

1/1

Una delegación de ambientalistas de Paysandú denunció la contaminación de fuentes de agua por mal uso de agroquímicos. La denuncia se suma a otros casos en estudio que son asociados con la expansión de la agricultura y la forestación.

La Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina (Rapal) presentó ante la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores un reclamo por presunta contaminación de los causes de agua de una región del interior del departamento de Paysandú.

En concreto, los integrantes de la organización ecologista aseguraron que en la zona conocida como Costas de San Francisco, a unos 30 kilómetros de la capital departamental, se aplican productos fitosanitarios -sustancia o mezcla de sustancias que destruyen insectos, ácaros, hongos y malezas- a escasos metros de las casas de los pobladores.

La Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca prohíbe realizar fumigaciones terrestres a 300 metros de escuelas y centros poblados. El límite se extiende a 500 metros para las fumigaciones aéreas.

"Al otro lado de la calle de mi casa hay cultivo de soja", aseguró Valkiria González, integrante de Rapal. "Desde el año 2008 estoy sufriendo unas doce o trece fumigaciones con mosquito por año", lamentó. Según dijo, su casa está ubicada a menos de diez o doce metros de las plantaciones.

En materia de agricultura los "mosquitos" son los equipos utilizados para realizar las fumigaciones. Son máquinas que cuentan con dispositivos que se extienden a ambos lados, una suerte de brazos que les permiten expandir el producto sobre una amplia superficie.

La denuncia de Rapal fue más allá. Dicen que no tienen agua de OSE y que toman la de sus propios pozos, con una profundidad de entre 12 y 18 metros. "Todas las napas están relacionadas. Por ejemplo, si el vecino prende la bomba, disminuye el nivel de agua de mi pozo", comentó González.

Los ambientalistas consideran que la aplicación de productos químicos tan cerca de sus viviendas contamina sus fuentes de agua. Por otra parte, explicaron que en la zona hay unidades potabilizadoras de agua (UPA), cuyas superficies están al descubierto. Si los productos se desplazan con el aire el agua podría ser fácilmente contaminada, consideraron.

La denuncia de Rapal se suma a la presentada por vecinos de la zona de Guichón, localidad ubicada a 100 kilómetros de Paysandú, en las cercanías de las Termas de Almirón.

Los pobladores se quejaron porque los cultivos de soja llegan a escasos metros de la cuencas del arroyo Guayabo, desde donde las UPAS de Guichón y las de las Termas de Almirón toman el agua para potabilizar. El reclamo fue presentado ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores.

Los denunciantes aseguraron que el consumo de agua les ha provocado trastornos de salud. En 2007 González detectó un quiste en su garganta. "Era muy doloroso y consistente", contó. La junta médica que la trató concluyó que era consecuencia de algún tipo de contacto con sustancias altamente alcalinas. "En ese momento yo no recordaba haber ingerido nada así", comentó.

Con el paso del tiempo, González comenzó a sentir una serie de síntomas adicionales. "Observé que cuando se realizaban las fumigaciones, en el período estival, se me cerraba la zona del cuello, experimentaba una asfixia muy fuerte y se me disparaba el ritmo cardíaco", recordó. En otras oportunidades sentía temblores involuntarios. "No tengo ningún problema emocional", aclaró la ambientalista.

Las denuncias llegaron a las Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). "Allí me contestaron que el emplazamiento y la habilitación de los tanques es asunto del gobierno departamental", se quejó González. De todas formas, quien realizaba las fumigaciones fue sancionado. "Pero ha continuado fumigando, inclusive en horarios nocturnos para que no lo vean", relató.

LA OTRA CARA. La denuncia de los vecinos de Guichón fue presentada en persona al vicepresidente de OSE, Daoiz Uriarte. El jerarca dijo a El País que en ambas zonas se realizan con "asiduidad" análisis fisicoquímicos, y en particular de atrazina (herbicida que puede afectar el sistema nervioso central). Sin embargo, reconoció que no se estudia el glifosato (herbicida no selectivo de amplio espectro). "Me comprometí con ellos a realizarlo en Guichón para ver si hay una afectación, pero no podemos realizar todos los análisis que hay, es imposible; tampoco se hacen en ningún lugar del mundo", indicó.

Las avionetas que se usan para fumigar las plantaciones son "otro tema", según el jerarca. "OSE es un operador, no tiene facultades para imponer normas, ni multas, ni prohibiciones a los terrenos circundantes, eso corresponde a otras instituciones del Estado que deben fiscalizar", afirmó.

Uriarte aseguró que las contaminaciones fisicoquímicas del agua no generan problemas a la salud en el corto plazo sino a largo plazo. "Si hay un microbio al otro día está todo el mundo enfermo, pero porque tenga un poco más de atrazina, hierro o aluminio la gente no se enferma al día siguiente", justificó el jerarca.

De todas formas admitió que si alguien toma agua con algún componente de estos, en un plazo de unos diez años podría tener problemas de salud. El ente recibió planteos similares de pobladores de Nueva Palmira y "otros puntos". Años atrás registraron un aumento de atrazina en la cuenca de Paso Severino, pero estaba asociado con las lluvias.

Consultado por El País, Inocencio Bertoni, ingeniero al frente de la Dirección General de Servicios Agrícolas del MGAP, se negó a aportar datos sobre denuncias presentadas a la dirección.

Tampoco informó sobre las medidas tomadas ante las irregularidades. "No te lo voy a decir porque no agrega nada", dijo.

Según Bertoni, el tema de la contaminación del agua no solo está asociado con la distancia de las fumigaciones sino con la erosión del suelo. De todas formas, el jerarca afirmó que, ante evidencias concretas, la dirección está dispuesta a rever la normativa vigente.

ABRIL. La maestra directora de la escuela 30 de Rolón, ubicada al Norte de Río Negro, fue rociada con agroquímicos. Sufrió dolor de cabeza y picazón generalizada en el cuerpo durante varios días.

MAYO. El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, presentó una denuncia por el caso ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Después de una investigación, que incluyó entrevistas con el dueño de la plantación, la cartera reconoció que el maquinista cometió irregularidades en el procedimiento.

JUNIO. La Justicia intimó al Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, al Ministerio de Salud Pública y al MGAP a presentar información sobre cómo se actúa ante las denuncias de empresas que fumigan con agroquímicos cerca de escuelas y viviendas rurales. El fiscal Enrique Viana, que fue quien presentó la demanda, dijo a El País que está a la espera de la respuesta de los ministerios y que hay que seguir de cerca la situación por el daño que causa a la salud.

ESTA SEMANA. Mientras en Río Negro otra maestra resultó afectada por agroquímicos el pasado viernes, en Buenos Aires se inició un juicio contra dos productores de soja y un fumigador por usar agroquímicos.